Un Tribunal de Apelaciones ratificó la sentencia dictada por la jueza Adriana Chamsarián que rechaza el pedido de refugio a Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín, exasesor de Mauricio Macri durante los años que gobernó Argentina (2015-2019), según la resolución a la que accedió la diaria.
Rodríguez Simón está radicado en Uruguay desde diciembre de 2020, cuando se fue de Argentina a raíz de una causa por la que pesa una orden de detención internacional, acusado de manejos presuntamente extorsivos contra los dueños del grupo Índalo, que entre otras empresas abarca a medios de comunicación como C5N. Dentro del gobierno de Macri, se desempeñaba como operador judicial.
Rodríguez Simón había solicitado refugio en Uruguay, [que de aceptarse configuraría la denegatoria automática al pedido de extradición], por considerarse un perseguido político por la Justicia argentina y así evitar su traslado para ser juzgado y, eventualmente, condenado por la comisión de delitos. En primera instancia fue la Comisión de Refugiados (CORE) —que funciona en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores— la que rechazó la solicitud de refugio. Luego la jueza Chamsarián hizo lo mismo, y allí fue que el asesor de Macri, representado legalmente por el exfiscal de Corte Jorge Díaz, acudió al Tribunal de Apelaciones, que volvió a denegar el pedido.
Al impugnar la decisión de Chamsarián, Rodríguez Simón alegó: la jueza “rechazó la posibilidad de proponer prueba y con ello de utilizar todos los medios lícitos y admitidos en derecho, no realizó una entrevista personal como examinadora y me negó expresamente la posibilidad de tenerla, y finalmente me negó la posibilidad de tener un recurso idóneo y efectivo para revertir las decisiones en materia de prueba que me agraviaban”.
Por otro lado, argumentó que “ni en el informe de la CORE ni en la sentencia” de la jueza se descartó “la naturaleza política” de su actuación, por lo que “parece razonable concluir que la persecución está teñida de un contenido político”. Allí afirmó que “tal cosa bastaría para reconocer la condición de refugiado”.
Además, aseguró que existe una “campaña mediática de importantes dirigentes políticos tales como el presidente y la vicepresidenta de la nación [argentina], ministros, senadores y diputados vinculados a los denunciantes, que anticipaban o reclamaban” su “inmediata prisión”. También aludió a “una gran campaña mediática en los medios propiedad de los denunciantes”, en la que se reclamaba su “inmediata remisión a prisión”, lo que lo “convenció” de que, llegada la audiencia en su país, “iba a ser remitido a la cárcel”. “Querían un preso macrista y el elegido era yo, quizás por ser el eslabón más débil”, dijo.
En este sentido, señaló que “los temores de ser perseguido son fundados subjetiva y objetivamente”, y “desconocerlo es pretender tapar el sol con un dedo”. Rodríguez Simón agregó que “para acreditar que la persecución obedece a razones políticas es necesario partir de algo que tanto la CORE como la magistrada ignoraron: el contexto”. Y sobre eso, apuntó: “El contexto es la división y enfrentamiento feroz que los argentinos calificamos de grieta y que alcanza incluso a los tribunales penales, utilizados como instrumentos de persecución política”.
“Para un juez uruguayo puede resultar incomprensible que algunos de sus colegas argentinos participen activamente en ese enfrentamiento entre ambos bandos de la grieta y utilicen las herramientas que la sociedad organizada en el Estado les entregó para investigar y perseguir a los autores de los delitos, para perseguir criminalmente a los opositores”, continuó.
Sin embargo, en la sentencia el Tribunal de Apelaciones manifestó que “coincide con la primera instancia y la CORE en que de los dichos del apelante y la prueba documental incorporada —que incluye múltiples consultas y reportajes de la llamada prensa independiente [aludida así por Rodríguez Simón en reiteradas ocasiones]— no se desprende que el Poder Judicial de su país lo persigue y/o no le brinda garantías mínimas para defenderse”.
Esta resolución se tomó con los votos a favor de los ministros del tribunal Alberto Reyes y Sergio Torres, mientras que la ministra Graciela Gatti mantuvo discrepancias, ya que entiende que “en el caso se vulneraron las garantías del debido proceso al haberse desconocido en particular el derecho del solicitante del refugio a proponer prueba, lo que determina la nulidad de la sentencia dictada”.
Al argentino se lo conoció durante el gobierno de Macri como el principal operador judicial de su fuerza política, Cambiemos. En 2019, año de salida del gobierno macrista, se lo acusó de manejos presuntamente extorsivos contra los dueños de medios, a los que amenazaba con sacarles sus empresas, presentando el nombre de Macri, para así obtener concesiones y quedarse con las compañías. En la causa en Argentina por la que debe declarar Rodríguez Simón también se investiga a Macri por asociación ilícita para desapoderar de activos a los accionistas del Grupo Indalo, propietario de la señal C5N.