El Parlamento del Mercosur (Parlasur) se dispuso el lunes a discutir la pérdida de mandato, es decir, la expulsión como integrante de Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín, exasesor de Mauricio Macri durante los años que gobernó Argentina (2015-2019). Rodríguez Simón, miembro del Parlasur en representación de Juntos por el Cambio, coalición ligada al macrismo y opositora al gobierno de Alberto Fernández, está radicado en Uruguay desde diciembre de 2020, cuando se fue de Argentina a raíz de una causa por la que pesa una orden de detención internacional, acusado de manejos presuntamente extorsivos contra los dueños de C5N y otros medios de comunicación.
A fines de abril, la jueza Adriana Chamsarian resolvió rechazar el pedido de asilo en Uruguay que había solicitado el asesor del expresidente argentino. El fallo fue apelado por su defensa, el exfiscal de Corte Jorge Díaz -que se desempeña como abogado en el sector privado-, y podría incluso llegar al Tribunal de Casación, por lo que se estima que el proceso de discusión sobre el refugio podría durar más de un año y recién cuando quede firme se podría dar inicio al proceso de extradición hacia Argentina.
En mayo de 2021, a propuesta de parlamentarios del Frente de Todos (FDT), coalición peronista que llevó a Alberto Fernández al gobierno y tiene como figura del ala kirchnerista a la vicepresidenta Cristina Fernández, comenzó a estudiarse la pérdida de mandato de Rodríguez Simón en la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlasur, presidida por el diputado del Partido Colorado (PC) Conrado Rodríguez. Luego de un año de discusión se emitieron dos informes, uno en mayoría que indicaba que el argentino debía dejar su banca “por graves actos de falta de decoro”, y otro en minoría que decía que no había motivo para expulsarlo “por no haber cometido ninguna falta de decoro al ejercer el derecho a solicitar la protección internacional”.
Este lunes, en el plenario del Parlasur, se requerían 77 votos para expulsar al parlamentario argentino, es decir, dos tercios del total. Sin embargo, entre las bajas y los votos en contra, no había quórum que alcanzara esa cifra y, para no dar el tema por cerrado, el FDT solicitó que volviera a la comisión interna, alegando que hay “nuevos elementos e instancias de la Justicia que enriquecerán el debate en comisión y el posterior dictamen”. En cambio, la oposición argentina ligada al macrismo exigió “que se trate y se vote”, pero por 42 votos en 60 presentes, el expediente regresó a su origen.
“Es una vergüenza”, dijo Rodríguez, diputado colorado y del Parlasur, a la diaria. Agregó que en comisión se dieron “absolutamente todas las garantías para los denunciantes y para el denunciado” y se estaba “justamente esperando la sesión plenaria para terminar con este asunto”. “Lo que sucedió fue que la delegación del FDT, los kirchneristas, como veían que no tenían los votos suficientes para la expulsión de Rodríguez Simón, quisieron tirar la pelota para adelante, mandando el asunto nuevamente a comisión. Y en esto la vergüenza es que también el Frente Amplio (FA) se haya acoplado a este requerimiento de los kirchneristas”, sentenció.
El diputado del PC dijo que “es muy claro que la intención es, a través de los medios de comunicación de Argentina, seguir con este tema para generar un cuestionamiento político sobre el funcionario de la administración de Macri”. “Esta maniobra dilatoria”, dijo Rodríguez, “no tiene ningún sentido”, sino que el único objetivo “es seguir alimentando la controversia pública sobre este hecho golpeando políticamente al bloque del expresidente Macri”.
Igualmente, aclaró que en la definición de este caso para el oficialismo uruguayo “no estuvo arriba de la mesa ninguna afinidad ni ideológica ni política”, sino “un análisis jurídico”, pero “en el caso del FA sí es claro que apoya por una afinidad política e ideológica con el kirchnerismo”.
En cambio, el senador frenteamplista Daniel Caggiani, el otro representante uruguayo en la comisión del Parlasur, dijo que para hacer retornar el expediente “hubo una solicitud de varios parlamentarios de diferentes países” debido a “una importante baja de parlamentarios brasileños y argentinos” que, debido a la covid-19, “no pudieron participar en la sesión”.
Caggiani cuestionó la afirmación de Rodríguez sobre las afinidades ideológicas entre el FA y el FDT. “La mayoría de las delegaciones, en términos generales, más allá de su afinidad ideológica, terminaron acompañando la solicitud de la delegación de Argentina. En realidad, sólo hubo muy poquitos que no acompañaron y capaz que tienen más afinidad ideológica, sobre todo con Rodríguez Simón”, expresó.
Al argentino se lo conoció durante el gobierno de Macri como el principal operador judicial de su fuerza política, Cambiemos. En 2019, año de salida del gobierno macrista, se lo acusó de manejos presuntamente extorsivos contra los dueños de medios, a los que amenazaba con sacarles sus empresas, presentando el nombre de Macri, para así obtener concesiones y quedarse con las compañías. En la causa en Argentina por la que debe declarar Rodríguez Simón, también se investiga a Macri por asociación ilícita para desapoderar de activos a los accionistas del Grupo Indalo, propietario de la señal C5N.