El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil autorizó la extradición del argentino Rodrigo Fontana Ferreira, alias Loli, quien está siendo investigado en nuestro país como integrante del Primer Cártel Uruguayo (PCU), la organización criminal que habría creado el uruguayo Sebastián Marset y que reivindicó el ataque a la Brigada Antidrogas y la amenaza a la fiscal especializada en Estupefacientes Mónica Ferrero, en mayo de 2020.
La Justicia uruguaya había solicitado la extradición del argentino en el marco de una investigación contra la organización criminal que operaba entre Uruguay, Brasil y Paraguay, según informó MVD Noticias. Uruguay tiene 60 días para concretar el traslado.
Según el documento de la Justicia brasileña, al que accedió la diaria, Fontana fue detenido en marzo de 2021 en Brasil, a donde llegó partiendo desde Paraguay con documentación falsa e ingresó a Brasil, luego de pasar por Punta del Este.
El pedido de extradición de Fontana por parte de la Justicia uruguaya fue efectuado a iniciativa de la fiscal departamental de tercer turno de Rivera, Alejandra Domínguez, quien busca su imputación por delitos de tráfico de armas y estupefacientes, según consta en el documento de la Justicia brasileña.
Fontana se acogió a la figura de extradición voluntaria hacia Uruguay, lo que implica haber renunciado al juicio de extradición previsto para dirimir su situación en Brasil. El STF constató, para otorgar la extradición, que no existiera una persecución política y que los delitos por los que Fontana es requerido existieran en ambos países.
En Uruguay, Fontana fue identificado como el nexo entre el PCU y el brasileño Primer Comando de la Capital, con actividad en la frontera entre Rivera y Santana do Livramento, y se investiga su participación en el tráfico de autos de alta gama, también asociada al clan Marset.
Según pudo saber la diaria, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas detectó el vínculo entre Fontana y Marset en el marco del Operativo Bagdad-Bangui, de febrero de 2020, en el que, tras nueve allanamientos llevados a cabo en Artigas, Canelones, Maldonado y Montevideo, se incautaron 550 kilos de cocaína y pasta base, tres fusiles de asalto AR15, un cargador 9 milímetros extendido con capacidad para 50 cartuchos, una escopeta y varios handys y equipos de comunicación satelital. Si bien Fontana no fue uno de los detenidos, la investigación policial de ese operativo logró asociarlo a la organización de Marset.
También se investiga el vínculo de Fontana con las siete personas imputadas tras el Operativo La Niña, ejecutado por la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Rivera y la Dirección Nacional de Información e Inteligencia Policial, en noviembre de 2020. En dicho operativo, la Policía detectó una organización vinculada al PCU que se dedicaba al lavado de activos y al tráfico de armas y drogas hacia Brasil.
Tras haber pedido la extradición de Fontana, la fiscal Alejandra Domínguez fue amenazada de muerte en dos oportunidades, por lo que se le dispuso una custodia policial. La investigación sobre la actividad de la organización en Rivera y Santana do Livramento logró interceptar escuchas telefónicas en las que se planificaba un atentado contra la fiscalía en 2021.
En julio de 2022, el hijo de la fiscal Domínguez recibió un mensaje en el que le advertían que iban a tirotear el liceo al que concurre, por lo que se dispuso un operativo de seguridad para evitar el ataque.
Fontana también es investigado por el fiscal de Flagrancia de quinto turno, Diego Pérez, en el marco de la investigación sobre la amenaza a Mónica Ferrero y el atentado a la Brigada Antidrogas, que fue reivindicado por el PCU. La investigación policial logró determinar un rol protagónico de Fontana. Por ese caso, previo a la detención en Brasil, la Justicia libró una orden de detención del narcotraficante argentino.
El uruguayo Santoro Vassallo, Marset y el avión retenido en Buenos Aires
Federico Ezequiel Santoro Vassallo, de 42 años, fue identificado por los servicios de Inteligencia paraguayos como una pieza clave en la estructura del lavado de activos de la organización criminal liderada por Marset. Su empresa familiar, Ashley Turismo, fue reconocida como la encargada de conseguir traslado y alojamiento en Asunción a la tripulación venezolana e iraní que viajaba en el Boeing 747 que fue retenido en Buenos Aires, en mayo.
El avión de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y después lo compró Emtrasur, la filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, cargó en Asunción unos 750.000 dólares en cigarrillos provenientes de la tabacalera Tabesa, perteneciente al expresidente Horacio Cartes.
Según los documentos de la Inteligencia paraguaya asociados a la Operación Smart, que fue entregada en mayo de 2021 al fiscal y exministro del Interior del gobierno de Cartes, Lorenzo Lezcano, Santoro Vassallo está radicado en Ciudad del Este y es propietario de un establecimiento rural a orillas del lago Acaray, que sería utilizado por la organización de Marset para ocultar embarcaciones y vehículos de alta gama.
La información de la Policía paraguaya revela que el 14 de abril de 2021 Santoro viajó, junto con otros dos miembros investigados en la estructura criminal vinculada a Marset, desde Ciudad del Este al aeropuerto internacional de Asunción, Silvio Petirrosi, en una aeronave identificada como perteneciente a la organización.
La Policía de Dubái informó a su par paraguayo que Santoro Vassallo viajó con Marset y con otros tres miembros de la organización, con quienes permanecieron alojados en un hotel de Dubái entre el 17 y el 21 de abril de 2021.
En la organización de Marset, Santoro Vassallo fue identificado como el asesor financiero, responsable de la circulación del dinero en el sistema financiero internacional, a través de actividades en la frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, que le permite a Marset acceder a grandes sumas de dinero. Además, fue señalado como el creador del esquema de lavado de activos vinculado a la transferencia de jugadores de fútbol paraguayos al club Trikala, de la tercera división de la liga griega. Cuando Marset fue detenido en Dubái, el 10 de setiembre, su itinerario de vuelo tenía una conexión en Grecia. Por otra parte, la investigación de la Inteligencia paraguaya interceptó comunicaciones entre Santoro Vassallo y el cuñado de Marset, en las que conversan sobre la organización de vuelos para ingresar a Paraguay por la ciudad brasileña Foz do Iguaçu.
En 2009, el uruguayo fue investigado por la Justicia paraguaya por trata de personas, asociada a las agencias de viaje Ilu y Ashley Turismos, en las que figura como responsable. Según la investigación de la fiscalía paraguaya, Santoro y otros investigados en la causa llevaban engañadas a jóvenes paraguayas a España. Por esa causa, la fiscalía pidió el procesamiento con prisión de Vasallos y de otra uruguaya, que no pudo ser detenida y fue imputada en rebeldía, algo permitido en la legislación paraguaya.
En noviembre de 2021, Ashley Turismo fue allanada en el marco de una operación contra la trata de personas, denominada “Taranis”, por la que se pudo rescatar a unas 40 jóvenes paraguayas que estaban siendo explotadas en París. En ese operativo fue detenido el padre de Santoro Vassallo, uruguayo nacionalizado en Paraguay. La investigación, coordinada por la Policía de Francia, España y Paraguay, logró la detención de 19 personas vinculadas a la red de trata.