“Estamos un poquito enojados, como ve, con la parte de narcóticos. Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo. Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar. A partir de ahí, no va a haber atentados ni contra las entidades a cargo de usted, ni contra usted. Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos”, decía el mensaje enviado al celular de la fiscal especializada en Estupefacientes de primer turno, Mónica Ferrero, al día siguiente del atentado contra la Brigada Antidrogas del 9 de mayo de 2020.
El mensaje, que fue enviado desde un celular perteneciente al contratista de fútbol Gerardo Arias y era utilizado por su hijo, estaba firmado con las siglas PCU, correspondientes al Primer Cártel Uruguayo. La firma apareció en varios ladrillos de cocaína incautados en varios países de la región, y según una investigación de la Justicia paraguaya a la que accedió la diaria fueron utilizadas para marcar billetes pertenecientes a la organización, además de estar tatuadas en la muñeca derecha de Sebastián Marset.
Cuando la organización de Marset concretó la amenaza, la fiscal Ferrero había incautado en pocos meses más de dos toneladas de cocaína pertenecientes a la organización. La aparición de Marset trajo nuevos elementos a la investigación del atentado a la Brigada Antidrogas y la amenaza a Ferrero, sobre la que ahora se diligencian nuevos oficios, según informaron a la diaria fuentes judiciales.
En la investigación realizada por la Fiscalía de Flagrancia de 5º turno, a cargo del fiscal Diego Pérez, fueron detenidas e investigadas unas 20 personas, a partir de varios allanamientos realizados en la zona de Cerrito de la Victoria, en su mayoría sin antecedentes penales, pero que ya habían sido detenidos o investigados en el marco de los operativos en los que se golpeó al PCU.
Hasta el momento, la investigación de Pérez no logró determinar al autor material del atentado, pero se realizaron imputaciones por delitos que surgieron de los allanamientos, como delitos de narcotráfico, otros asociados al tráfico o porte de armas, y asociación para delinquir.
Los investigados en la causa son mayoritariamente menores de 30 años con primaria completa o algunos años de liceo, que viven en Cerrito de la Victoria y Peñarol. Entre los oficios declarados hay funcionarios públicos, taxistas, auxiliares de servicio, manicuras y varios empleados en el rubro automotor. También son investigados tres familiares de un exdiplomático que fue cónsul uruguayo en Asunción a principios de la década de 1950.
En tanto, la investigación sobre la amenaza logró avanzar sobre una organización dedicada al tráfico de autos de alta gama, asociado a un comercio del rubro automotor desde donde fue enviado el mensaje de amenaza a la fiscal Ferrero. También se logró determinar que esta organización tenía una conexión en Santana do Livramento, donde se reunían con la gente de Marset.
Los autos de alta gama, además del negocio del fútbol y las iglesias, tienen un rol clave en el esquema de lavado de activos desarrollado por la organización criminal. Según logró determinar la Justicia paraguaya, el 23 de abril de 2021 la organización de Marset inauguró la empresa Total Cars, “una supuesta empresa dedicada al servicio de mantenimiento de autos lujosos”, que fue inaugurada con la exhibición de varios autos de alta gama, entre ellos un Lamborghini modelo Huracán, valorado en 500.000 dólares, y un BMW modelo X5 Xdrive. Para la Justicia paraguaya la inauguración fue “una puesta escénica [...] cuando, en realidad, la finalidad de dicha firma era ser utilizada para asegurar los bienes de Marset, a fin de obstaculizar el conocimiento sobre el origen ilícito de su patrimonio”.
Fuentes judiciales señalaron la posibilidad de avanzar con estudios semiológicos sobre los discursos de Marset que han salido a luz en las últimas semanas -entre ellas las escuchas telefónicas interceptadas por la inteligencia paraguaya y los videos enviados a Canal 4- y recalcaron que ya sobre finales de 2020 el fiscal Pérez “estaba convencido de que detrás de la amenaza estaba Marset”, por lo que toda la indagatoria de Fiscalía “pasaba por el PCU y Marset”.