En la sesión de este miércoles en el Parlamento, la senadora del Frente Amplio Graciela Barrera hizo referencia a la situación carcelaria en la previa al orden del día. En referencia a este tema, dijo que con base en los informes del comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, las visitas de la Comisión de Seguimiento Carcelario y las visitas individuales que ha hecho es que propuso “poner énfasis en la situación de salud de las personas privadas de libertad”.
Según la senadora, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), a través de su Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad (SAI-PPL), cubre al 65% de la población carcelaria. “La atención es totalmente insuficiente”, señaló la senadora, que consideró que “son muy graves las carencias que existen para la detección, atención y seguimiento de las personas que son afectación de la salud mental y adicciones a las drogas”. Supuso que “las causas son la falta de recursos humanos, físicos y coordinaciones externas”.
Barrera planteó que SAI-PPL cuenta con 53 médicos y 2 psiquiatras para el 65% de la población carcelaria, que son casi 9.500 personas, según informó ASSE en su comparecencia en el Parlamento.
Atención tardía y “destrato” en salud mental
“Como el Estado es responsable de las personas privadas de libertad, se debe brindar atención de salud al mismo nivel que en la comunidad, algo que hoy no está ocurriendo”, sentenció. Y agregó que “innumerables son los casos que podríamos mencionar que no han recibido un tratamiento en salud adecuado, tardío”.
La senadora afirmó que en la Unidad 5 Femenino, cárcel de mujeres de Montevideo, “hay destrato en salud mental, la medicación no se da en boca”, lo que “implica que muchas veces las famosas canicas se trafiquen, muchas veces por desesperación, o no la tomen”. En este sentido, recordó a la mujer que falleció. Tras su muerte, hubo incidentes en la cárcel y Petit emitió un informe en el que alertó que “el clima de decaimiento institucional lleva a naturalizar situaciones que requieren atención específica urgente”.
Barrera trajo a colación este caso para dejar constancia de que Santiago González, director de convivencia y seguridad ciudadana del Ministerio del Interior, asumió que esta mujer murió porque “se empastilló”. En este sentido, la senadora dijo que “la medicación de este tipo para personas con problemas de salud mental debería darse en boca”.
Por otra parte, la legisladora denunció que “las mujeres privadas de libertad muchas veces no tienen adherentes y les dan pañales para que devengan en adherentes”.
Tratamiento de usos problemáticos de drogas
La senadora planteó que “suscribe” al planteo del comisionado parlamentario: “ASSE debe aumentar los recursos humanos destinados a implementar programas de tratamiento de adicciones, ya que estas son determinantes en la generación de delitos y obstaculizan todo intento de rehabilitación y reintegración”.
Para Barrera, “hoy existe una seria omisión en la cobertura mínima de servicio de salud penitenciaria, donde el trabajo con adicciones es un tema central ineludible”. “Duele ver el deterioro de las personas privadas de libertad en las unidades penitenciarias debido, entre otras cosas, a la salud; a la salud mental”.
Según indicó, “después, nosotros como sociedad nos quejamos cuando vuelven a convivir afuera luego de su pena” y recordó que “el Estado no está cumpliendo en salud con lo que suscribió cuando votó las Reglas Mandela”.
Digitalización de historias clínicas
Barrera planteó que las historias clínicas de las personas privadas de libertad “deberían digitalizarse”. “Es increíble, pero ante el traslado de una cárcel a otra, la demora es de una semana con suerte para que llegue la historia clínica”, afirmó, y acostó que “la persona privada de libertad durante ese tiempo queda sin medicación”.
Mujeres que están presas con sus hijos
Barrera indicó que “otro capítulo aparte” es la Unidad 9, donde están las mujeres recluidas con sus hijos. “En este momento hay 25 mamás con 26 niños y 3 embarazadas”, y acotó que es “obvio que precisaríamos que realmente muchas de ellas tendrían que tener penas alternativas para salir adelante”.
Sobre la atención de salud, destacó el rol de la médica especializada en medicina familiar y comunitaria, que trabaja en esta cárcel de 9.00 a 15.00 de lunes a viernes. Pero, planteó que “si una situación surge después de la 15, tienen que ser trasladadas a la unidad vecina [la Unidad 5]”. “Imagínense bebés en la noche ahí”, alertó. “De las 15.00 a las 21.00 no hay médico, ni sábados, ni domingos ni feriados”, criticó la senadora, quien indicó que “hay situaciones en que los equipos de dirección deben tomar decisiones y asumen una responsabilidad imponente”. “Las decisiones van sobre las mujeres y los niños que están allí, que no cometieron delito”, afirmó.
En este sentido, Barrera destacó el compromiso del equipo que gestiona la Unidad 9, sobre quienes dijo que tienen un “excelente trato” y eso “se nota por la reacción que tienen los niños al verlos”. Los nombró para que sean reconocidos: Cecilia García, directora; Inés Negri, subdirectora técnica; Alexis Cejas, subdirector operativo; y Gustavo Balciucas, subdirector administrativo. Según la senadora, “hacen lo imposible para sacar adelante esta unidad”.
Solicitó que su intervención llegue al INR, al comisionado parlamentario, a ASSE, a SAI-PPL y en particular a la Unidad 9, para que les llegue su reconocimiento.