Una mujer privada de libertad, de 31 años, falleció en la tarde del viernes en la Unidad 5 Femenino, cárcel de mujeres de Montevideo. La mujer, que se encontraba en el sector de prisión preventiva, tuvo una consulta médica en la cárcel el miércoles en la noche. Cenó y se acostó a dormir. El jueves durmió todo el día y se pensó que era “parte del tratamiento”. No se volvió a despertar. El viernes sus compañeras notaron su fallecimiento sobre el mediodía y solicitaron asistencia. Cuando en la cárcel tomaron conocimiento de esta muerte, las mujeres se manifestaron, en el que, según fuentes, hubo “omisión de asistencia”, y por la atención en salud de la cárcel. Quemaron colchones, ropa y mobiliario durante varias horas.

Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, se presentó en la cárcel tras tomar conocimiento del fallecimiento y permaneció allí toda la jornada, incluso durante los incidentes. En entrevista con Subrayado, dijo que “los reclamos de las mujeres tienen que ver con mayor asistencia de salud de ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado] y reclamos de salud mental y salud integral”.

Este lunes emitió un comunicado en el que brega por “un nuevo modelo de atención para las mujeres cumpliendo ejecución penal”. En el texto comienza recordando el episodio del fallecimiento y que “conocido el hecho por las internas del lugar, se registró una protesta en toda la unidad, que alberga a unas 634 mujeres, reclamando una mejor atención en salud”. Planteó que durante la jornada tanto él como su equipo recorrieron la cárcel e intercambiaron con gran parte de las mujeres que habitan esta unidad.

El comisionado afirmó que “por razones obvias no se dan detalles aquí sobre las causas de la intervención médica ni sobre lo ocurrido en las horas posteriores con el eventual seguimiento médico (a cargo del prestador de salud) o la supervisión penitenciaria (a cargo de los funcionarios del INR [Instituto Nacional de Rehabilitación]), asuntos que están siendo investigados actualmente en vía fiscal y administrativa”. Acotó que de su parte también van a continuar trabajando para aportar al caso.

“La noticia del fallecimiento fue seguida por una protesta masiva de las internas”, indicó. Y detalló: “Recorrimos los sectores. Los planteos de las internas fueron coincidentes pidiendo: atención más rápida y completa, asistencia psicológica, orientación y asistencia para casos de adicciones, mayor atención y seguimiento de salud mental, tratamiento odontológico, mejor coordinación con los servicios externos, ya que hay demora en la realización de exámenes o intervenciones necesarias en hospitales”.

La Unidad 5 tiene una capacidad de 390 cupos, pero actualmente hay 634 mujeres privadas de libertad, por lo que el hacinamiento es de 163%. “Los números son claros: la unidad está totalmente desbordada, lo que impide una correcta asistencia y una convivencia sana. A eso se suma que el edificio está en pésimas condiciones materiales, requiriendo un reciclaje total para poder funcionar de manera adecuada. Su estructura, además, es inadecuada para un centro de privación de libertad: tiene cuatro pisos con múltiples compartimentos que segmentan las actividades y tienen difícil acceso a los espacios médicos, sociales y educativos comunes. Son crónicos los problemas de energía, agua, mantenimiento y salubridad”, indicó Petit.

A todo esto, “se suma la falta de funcionarios y escasez de personal técnico, lo que genera, debido a las carencias y pese a la proactividad y actitud de diálogo que tiene la actual dirección -que vale la pena destacar-, un clima de decaimiento institucional que lleva a la naturalización de situaciones que requieren atención específica urgente”. Como ejemplo de lo anterior, “es muy notable, al recorrer algunos sectores, que existen internas que requieren ser asistidas en centros no carcelarios adecuados, con recursos necesarios para la atención de trastornos de salud mental crónicos y persistentes”.

Conclusiones y pasos dados

Petit informó sobre las principales conclusiones del caso y consignó los pasos dados desde la oficina del Comisionado Parlamentario, de la que es titular.

En primer lugar, resolvieron presentar una denuncia ante Fiscalía para que se indaguen las causas de la muerte de la mujer y se plantearon lo que entienden que son “algunas líneas posibles de investigación”. Por otra parte, enviaron una nota al INR y a ASSE con algunas recomendaciones a partir de lo ocurrido y de los planteos o protestas realizadas por las mujeres, “que creemos deben ser estudiadas muy seriamente ya que refieren a problemas también constatados por nuestra oficina y que aportan elementos para la mejor cobertura sanitaria en el lugar”.

Desde este lunes, y tras el diálogo que tuvieron con las mujeres el viernes pasado, van a recorrer la cárcel “recibiendo planteos de atención médica que, según las pacientes, estaban sin ser atendidos y que elevaremos a las autoridades penitenciarias y sanitarias”. A su vez, van a recibir nuevas solicitudes de atención.

A nivel político, están elaborando un informe especial para presentar a la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento, al INR, a ASSE y al Consejo de Política Criminal y Penitenciaria sobre la gestión de la prisión de mujeres en Uruguay en general y en la Unidad 5 en particular.

“La legislación penal de las últimas décadas y años ha tenido prioridad en lo punitivo, determinando que muchos delitos menores, que conllevan pocos meses de pena de cárcel, terminen congestionando las cárceles y dificultando la eficiencia del sistema. La sobrepoblación carcelaria hace que el sistema no sea financiable y por ende lo condena a tener una muy pobre intervención técnica, lo que hace imposible filtrar la violencia y evitar la reincidencia”, afirmó.

Por otra parte, planteó que “la debilidad de las medidas alternativas a la prisión es también causa de este fenómeno que coloca al Uruguay entre los países del mundo que más presos tienen, pese a su alto grado de desarrollo social y sus reconocidas políticas sociales”.

Dentro del aumento de la población privada de libertad, destacaron la prisionización de las mujeres, “ya que el crecimiento tuvo una composición diferencial por sexo”. En 2021 la población había crecido en promedio 10,2% respecto de 2020, pero ese promedio fue de 9% en los varones y de casi 28% en las mujeres.

“El delito femenino es muy diferente al de los varones”, afirmaron. “Además, la privación de libertad de las mujeres implica necesidades de atención también diferentes. El delito femenino refiere en la amplia mayoría de casos a situación de extrema pobreza, lucha por la sobrevivencia, crianza de los hijos y situaciones de explotación, manipulación, dominio o trata por parte de terceros”, acotaron.

Según consignó, “desde hace décadas, y salvo con la muy buena experiencia de la cárcel de mujeres de la calle Cabildo, el sistema penitenciario aplica a las mujeres un modelo de atención masculino, con pocas especificidades para la población femenina y en algunos casos hasta con la limitación de que las cárceles de mujeres estén dentro de prisiones masculinas”. “En buena parte del sistema penitenciario se masculiniza a las mujeres, no se rompen las redes de dependencia y manipulación que sufren y no se corta el circuito de violencia en que cayeron, con suficientes programas socioeducativos encaminados a preparar nuevos proyectos de vida”. Como excepción, destacaron el trabajo del Departamento de Género y Diversidad del INR, creado en 2016, y el Programa de Atención a Madres con Hijos, creado en 2018.

Para Petit, “es necesario avanzar en el diseño e implementación de un nuevo diseño del modelo de rehabilitación y asistencia social para mujeres que cometieron delitos, para que el mismo no sea una mera copia del modelo de prisión masculina que tiene a 92% de la población reclusa”.

“El sistema penitenciario, tanto en lo que refiere a las penas de cárcel como las medidas sustitutivas a la prisión, es un desafío y a la vez una enorme oportunidad para las políticas sociales y para las políticas de seguridad. Allí se pueden cortar circuitos de violencia y ruptura que luego golpean a toda la sociedad”, aseguró el comisionado.

Se reiteró la importancia de “la atención en salud mental, el tratamiento y asistencia de las adicciones, y el apoyo a la crianza de la primera infancia”, lo que afirma que “son los ejes centrales en el siglo XXI para las políticas penitenciarias y para las políticas sociales”. “Estos tres elementos -salud mental, tratamiento de las adicciones y apoyo a la crianza en la primera infancia- son clave para una ciudadanía sana y una democracia integrada, lo cual demanda trabajar sobre ellos muy especialmente con la población más vulnerable, excluida y desvalida”, explicó.

El representante del Parlamento en las cárceles recomienda a ASSE que, a través de su Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SAI-PPL), “amplíe y profundice su cobertura en salud integral en las cárceles, lo que requiere planes, presupuesto y recursos humanos calificados, pasando a ser el único prestador de salud en las cárceles de manera de permitir un servicio homogéneo y completo”.

A su vez, alerta que “es urgente mejorar la atención en salud mental, la asistencia psicológica, el tratamiento de adicciones, desarrollar una eficiente coordinación con los servicios médicos externos y fortalecer los centros médicos en cada unidad penitenciaria con mejor logística, equipos médicos, sistemas informáticos, historia clínica electrónica, comunicaciones, locales adecuados y protocolos (como protocolos para intentos de autoeliminación y enfermedades contagiosas) específicos y difundidos entre el personal penitenciario”.

En el comunicado recordó que “las normas internacionales señalan que la calidad de los servicios médicos dentro de las cárceles deben ser equivalentes a los servicios existentes en la comunidad”. “Esto implica un rol muy importante del área salud en la gestión de los establecimientos, con una coordinación y diálogo constante entre los servicios sanitarios y la dirección penitenciaria, asumiendo que la salud en las cárceles no refiere sólo a la atención de enfermedades, sino también a la prevención de las mismas, la alimentación, el acceso al aire libre, a condiciones higiénicas y a un marco sano de convivencia”, según se detalló.

Finalmente, reconoce que mantienen “un diálogo fluido y abierto con nuestras contrapartes, entre ellas, el Ministerio del Interior, el INR, ASSE y SAI-PPL”. “Seguimos creyendo que la convocatoria a una Estrategia Nacional de Reforma Penitenciaria, prevista legalmente, es un mecanismo apto para avanzar en un nuevo modelo penitenciario que refleje las buenas prácticas realizadas y las que están en curso, permitiendo, entre otros aspectos, una respuesta adecuada a la privación de libertad de las mujeres”, concluyó.