Alejandro Astesiano, expolicía y jefe del Servicio de Seguridad Presidencial de Luis Lacalle Pou, tiene más de 20 indagatorias policiales por múltiples delitos, entre ellos: hurto, estafa, daño y apropiación indebida. También tiene varias requisitorias que ordenó la Justicia para que sea detenido.
Este lunes trascendió que fue detenido por un caso que es investigado por la Fiscalía Penal de Flagrancia de 12º turno, a cargo de Gabriela Fossati. Se presume que el jefe de la custodia presidencial integra una red dedicada a falsificar partidas de nacimiento de personas uruguayas fallecidas a las que les asignaban hijos rusos que nunca tuvieron y así podían luego acceder a trámites para la emisión de documentación uruguaya, como la cédula y el pasaporte.
Si bien Astesiano tiene más de 20 indagatorias policiales, Lacalle Pou mostró sorpresa por la detención del jefe de su custodia. El presidente lo calificó como “profesionalmente intachable” y dijo que tomó conocimiento de los hechos cuando volvió de las vacaciones que pasó con sus hijos y Astesiano, y su propio jefe de custodia fue quien le informó que en la residencia presidencial lo esperaba el director de Información e Inteligencia de la Policía, Claudio Correa. Una vez en la residencia presidencial, Astesiano fue detenido. Lacalle Pou defendió el principio de inocencia y por eso esperará el avance de la investigación para comunicar si el indagado seguirá al frente de su custodia.
Por el caso ya fueron formalizadas tres personas que integrarían la red de Astesiano: dos ciudadanos rusos y un escribano uruguayo. Los delitos que se les imputan son asociación para delinquir y suposición de estado civil. Según la fiscal, “en principio cada uno tiene un rol distinto y había un concierto entre ellos”.
Fossati explicó que “no había una única modalidad” para el delito cometido, que era adulterar partidas de nacimiento. Se modificaban partidas de nacimiento de personas fallecidas a las que se les adjudicaban hijos rusos que no tuvieron. Según la fiscal, podrían llegar a ser miles de documentos adulterados. El caso contó con la colaboración del vicecónsul de Rusia. Un perito contrastó la documentación adulterada con documentos oficiales y así se dio el hallazgo.
Astesiano fue policía y trabajó en la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) 20 años atrás, año en que se comienzan a registrar sus indagatorias policiales, en el área de proveeduría. Según supo la diaria, los involucrados utilizaban una computadora con acceso a la base de datos de la DNIC.
El artículo 150 del Código Penal define qué es la asociación para delinquir y establece que quienes se asocien para cometer uno o más delitos serán castigados, “por el simple hecho de la asociación, con seis meses de prisión a cinco años de penitenciaría”.
Este delito tiene una pena mayor, que va de 18 meses de prisión a ocho años si la asociación para delinquir tiene como objeto la ejecución de delitos de proxenetismo y explotación sexual; si se asocia a cualquier ilícito que involucra estupefacientes; si hay delitos económicos involucrados; cualquier actividad ilícita relacionada con el tráfico de órganos o tejidos, y si existe el contrabando o la adquisición, recepción u ocultamiento de dinero o de los efectos provenientes de un delito.
Por otra parte, el artículo 259 del Código Penal establece que la suposición de estado civil se configura cuando alguien, “de cualquier manera, creare un estado civil falso o engendrare el peligro de su creación”. Este delito es castigado con una pena que va de 18 meses de prisión a ocho años de penitenciaría.
Denuncias contra sus subjefes
En setiembre del año pasado Informativo Sarandí informó que el expolicía Jorge Luis Borges, uno de los subjefes de Astesiano, que antes trabajaba en la Zona 4 del Área de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Montevideo, habría integrado un grupo de policías que fueron indagados por extorsión, privación de libertad y coimas. Los policías que integraban ese grupo fueron procesados. Al estar de licencia en ese momento, sobre Borges no recayó ninguna sanción judicial, según la misma emisora. Plantearon también que si bien no tiene antecedentes judiciales, al igual que Astesiano tiene múltiples indagatorias cargadas en el SGSP.
En el informe se señaló a otro policía que integra la custodia presidencial y que también trabajó en Zona 4, como Borges: Pablo Martín Valenzuela. Además de haber sido indagado varias veces por violencia doméstica, informaron que fue removido del equipo de Investigaciones luego de que se lo viera en una cámara de seguridad que registró una rapiña “guardando algo en sus bolsillos”. Consignaron también que otros policías fueron indagados por “haberse quedado con dinero del robo”.
Por otra parte, Jorge Amaro, también subjefe de la custodia presidencial, fue denunciado por una mujer por una presunta violación a la propiedad privada: habría ingresado sin autorización a un campo en Lavalleja a cazar. Una vez denunciado, se descubrió que el policía (actual comisario mayor en carrera para el pasaje al grado máximo de la Policía) debía estar en cuarentena por haber tenido contacto con una persona con covid-19. En ese momento, Astesiano lo suspendió por 15 días en su función a través de una notificación firmada por él en la que planteó que los motivos eran “de pleno conocimiento público”. Se desconoce el mecanismo aplicado, porque no siguió las normas de la función pública para aplicar sanciones y porque el funcionario, al igual que el resto de la estructura de seguridad presidencial, depende de la Prosecretaría de la Presidencia, quien debería haber firmado la sanción en lugar de Astesiano.