Si bien la última audiencia del juicio por el que se dirime la responsabilidad penal del expolicía Alejandro Ferreira en la causa que investiga torturas en el centro clandestino de Canelones conocido como “Los Vagones” estaba prevista para el 21 de diciembre, la audiencia fue suspendida porque el imputado contrajo covid.
El juez en lo civil de Canelones de tercer turno, Héctor Iriarte, quien lleva adelante el juicio, convocó a la audiencia final para el 9 de febrero, según informaron fuentes judiciales a la diaria. En esa audiencia está previsto que las partes presenten sus alegatos de clausura, teniendo cada parte derecho a réplica si lo considera pertinente. También se da un espacio al imputado si quiere emitir un mensaje final.
Tras los alegatos de clausura, según lo que establece el artículo 271.7 del Código de Proceso Penal, el juez deberá dictar sentencia, aunque excepcionalmente “cuando la complejidad del asunto no permitiere pronunciar la decisión inmediatamente” puede pedir una prórroga de hasta 15 días.
En caso de que sea una sentencia de condena con prisión, la medida no se hace efectiva hasta que la sentencia quede firme, es decir, que el eventual condenado, si recurre la sentencia de primera instancia, esperará en libertad la decisión de los tribunales superiores.
El juicio sobre el centro de torturas Los Vagones, el primer juicio oral en una causa vinculada a crímenes de lesa humanidad en Uruguay, comenzó el jueves 8 de diciembre, con los alegatos de apertura de las partes. Allí la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo del fiscal Ricardo Perciballe, expuso su teoría del caso con los aspectos centrales de la imputación y las pruebas que presentarían en el juicio, y las defensas del imputado y las víctimas expusieron sus fundamentos.
También declaró Ferreira, el único imputado en la causa, sobre quien pesa un pedido de condena por parte de la Fiscalía de nueve años y cuatro meses de penitenciaría por los delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones.
En sus declaraciones, Ferreira admitió haber operado en la unidad en la que funcionaba el centro clandestino y la existencia de detenidos en los vagones de AFE instalados en el predio policial. En el transcurso del proceso murieron otros dos policías retirados imputados, Hugo Guillén y Winston Vitale.
En las sucesivas audiencias dieron su testimonio 16 víctimas del terrorismo de Estado, sobrevivientes del centro de torturas Los Vagones, que funcionó entre fines de los años 60 y mediados de los años 70 en la zona del barrio Olímpico de Canelones.
La causa fue iniciada por la responsable de la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, Valeria Rubino, y la Asociación Ágora en mayo de 2019 y es la primera causa por crímenes de lesa humanidad que se tramitó desde que entró en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal.
El centro de torturas Los Vagones funcionó en dos lugares de la zona del parque Artigas; en una primera etapa, entre fines de los 60 y 1975, funcionó en el edificio de la Escuela de Policía de Canelones, donde ahora está instalada la sede de la Policía Alta Dedicación Operativa. Al fondo del edificio se instalaron tres vagones de ferrocarril, dos en los que se recluía a dirigentes sindicales y políticos -algunos llegaron a permanecer meses en el vagón- y otro donde se depositaban las pertenencias de los militantes apropiadas en los operativos de detención. Entre setiembre y octubre de 1975 los vagones fueron trasladados a unas cuatro cuadras de distancia, detrás del estadio de Canelones, en el Barrio Olímpico.