La Suprema Corte de Justicia (SCJ) analiza el recurso de inconstitucionalidad presentado por los abogados de los 11 imputados que serán llevados a juicio oral en la causa Operación Océano, que investiga delitos de explotación sexual de adolescentes.
Según supo la diaria, hasta el inicio de la feria judicial el expediente había pasado por tres ministros de la SCJ y se espera que a fines de marzo la corte se haya pronunciado con el voto de los cinco ministros que integran la corte.
El recurso fue presentado a principios de junio, unos días después de que la Fiscalía presentara la acusación contra 11 de los 33 imputados inicialmente en la causa, en la que se concretaron nueve condenas por juicio abreviado y 17 sobreseimientos o archivos.
Las defensas de los acusados impugnaron el artículo 81.2c del Código del Proceso Penal que habilita a la víctima “a proponer prueba durante la indagatoria preliminar, así como en la audiencia preliminar y en la segunda instancia, si la hubiere, coadyuvando con la actividad indagatoria y probatoria del fiscal”.
Para las defensas, ese artículo, al excluir a las defensas de presentar nueva evidencia luego de responder la acusación de la Fiscalía, atenta contra el artículo 8 de la Constitución, que plantea que “todas las personas son iguales ante la ley”.
Además, cuestionan el artículo 80 de la Ley de Violencia Basada en Género (19.580), que establece una reparación a las víctimas de 12 salarios mínimos, en el entendido de que eso no debe ser parte del proceso penal, sino de un eventual juicio civil, en caso de que el proceso penal sea favorable a las siete víctimas de la causa.
La acción ante la SCJ congeló el plazo de 30 días para que los abogados respondan la acusación de la Fiscalía, por lo que luego del pronunciamiento se retomará ese plazo y tras recibir la respuesta de los abogados, la jueza de garantía María Noel Tonarelli tendrá diez días para convocar a la audiencia de control de acusación, en la que quedará definido qué evidencias ingresarán como prueba en el juicio.
En caso de que la SCJ se exprese a favor de la inconstitucionalidad planteada, lo dispuesto en los artículos impugnados no podrá aplicarse al caso concreto, pero el proceso penal continuará.