La Asociación de Defensores de Oficio (Adepu) emitió un comunicado en el que plantea que este domingo tomó conocimiento de una circular numerada con el código 114/2023, en la que se dispone “la supresión de los Juzgados Letrados de San Carlos de 1er y 2º Turno” y “la creación de los Juzgados Letrados Especializados en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual de 3er y 4º Turno de San Carlos”.
Explicaron que “si bien reconocemos la potestad de la Suprema Corte de Justicia de realizar adecuaciones en cuanto a las competencias y jurisdicción de las sedes letradas, y adoptar medidas para el mejor cumplimiento de la función jurisdiccional”, Adepu manifiesta que “el acceso a la Justicia puede definirse como el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de impartir justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución fundada, pronta, completa e imparcial”. En este sentido, “el reconocimiento de un derecho por la norma jurídica carece de sentido si el Estado no configura mecanismos que permitan su aplicación efectiva”.
“Sabemos las dificultades económicas al no asignarse mayor presupuesto al Poder Judicial”, indican, a lo que agregan que sienten “enorme preocupación del impacto de esta medida en el derecho al acceso a la justicia de los más vulnerables” y creen que “la supresión de Juzgados con competencia en materias distintas a la Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual coartaría la posibilidad de resolución de conflictos con la inmediatez necesaria para los ciudadanos de San Carlos y sus alrededores”, pero a la vez entienden que “limitar el acceso a la justicia colide con los principios básicos que debe desarrollar un Estado de Derecho y sería un retroceso en el sitial que ocupa nuestro país en referencia a la protección de los Derechos Humanos”.
Por eso, aseguran que desde Adepu “vamos a monitorear especialmente la redistribución de tareas entre los defensores públicos, lo cual se cometió a la Dirección Nacional de la Defensa Pública”. “Expresando desde ya que nuestro rol es y será amparar y promover el respeto de los derechos de los defensores públicos en el desempeño de su función”, concluyen.
Yamila Cabrera, presidenta de Adepu, dijo a la diaria que evidentemente están de acuerdo con que haya dos juzgados de violencia de género más, pero manteniendo lo que ya existe. Explicó que “ahora, al concentrarse todo en Maldonado, hay personas que no van a poder acceder tan eficazmente”. Como ejemplo, planteó que “un trabajador que vive en San Carlos va a tener que gestionar en Maldonado su reclamo”, por lo que “en vez de descentralizar el servicio de justicia, generamos más barreras” en el acceso.