Este lunes se realizó la última sesión de la audiencia de control de acusación de la causa Operación Océano, que investiga delitos de explotación sexual de adolescentes de entre 13 y 17 años. En esta etapa del proceso la jueza de Garantías, María Noel Tonarelli, definió qué pruebas ingresarán al juicio oral.
La audiencia de control de acusación de Océano, que comenzó el 3 de mayo, insumió 52 sesiones, que acumularon más de 200 horas de audiencia y dejaron como resultado un listado de pruebas, declaraciones y testimonios que ya fueron admitidos para el juicio, además de decenas de recursos sobre los que deberá resolver en los próximos meses el Tribunal de Apelaciones en lo penal de primer turno.
En esta parte del proceso, regulado por el artículo 268 del Código del Proceso Penal, las defensas de las víctimas, la Fiscalía y las defensas de los acusados discutieron sobre la admisibilidad de las pruebas, se observaron algunos aspectos de la acusación fiscal y se plantearon dos sobreseimientos, que fueron admitidos por la jueza Tonarelli. En ambos casos se quitó responsabilidad a los acusados respecto de una víctima, pero se mantuvo respecto a otra.
Luego de que el Tribunal de Apelaciones se expida sobre cada una de las pruebas que fueron recurridas por alguna de las partes, se tendrá el listado definitivo de pruebas admitidas y se dispondrá una fecha para iniciar el juicio oral.
En diálogo con la diaria, el abogado Andrés Añasco, que representa a varios acusados, dijo que la causa “ha dejado un sabor amargo” y planteó que las defensas no tuvieron “pleno acceso a las evidencias con que contaba la fiscalía, donde quien ocupaba anteriormente la titularidad alegó una reserva que nos impidió saber con cabalidad el alcance del tema”.
Añasco añadió que a partir de la reserva se habló sobre la causa “bajo ciertos titulares que no guardaban relación alguna con la realidad” y planteó que en el juicio oral demostrará la inocencia de sus patrocinados. “Nuestros clientes esperan el juicio en libertad y allí el juez podrá apreciar directamente la prueba de que las conductas no fueron ilícitas conforme a la ley nacional”, agregó
Por su parte, la abogada de las víctimas, Soledad Suárez, dijo a la diaria que el proceso fue acorde a derecho y que las partes tuvieron “todas las garantías” del caso, y que cuando alguna de las partes se sintió agraviada pudo recurrir las decisiones de la Justicia.
Suárez agregó que, tanto en primera como en segunda instancia, la Justicia resolvió a veces a favor de una de las partes y a veces a favor de otros, y que las decenas de apelaciones que están a estudio del tribunal son una muestra del respeto a las garantías del debido proceso.
Las primeras formalizaciones del proceso en la causa Operación Océano se concretaron en mayo de 2020, a pedido de la entonces fiscal especializada en Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de quinto turno, Darviña Viera. La investigación preliminar duró dos años, dado que en diferentes instancias la Fiscalía pidió prorrogar el tiempo para investigar, considerando la magnitud de la causa en la que la Fiscalía investigó penalmente a 37 personas.
De esas 37 personas que fueron convocadas a declarar ante la Fiscalía en calidad de imputadas, la Justicia formalizó el proceso contra 33, mientras que los cuatro restantes fueron investigados sin ser llevados a la Justicia.
Llegado el momento de la acusación, el 13 de mayo de 2022, la fiscal del caso Mariana Alfaro -que asumió la causa en octubre de 2021- no encontró evidencias sobre 17 de los 37 casos iniciales, por lo que siguió adelante con 20.
De esos 20, nueve fueron condenados a través de un acuerdo abreviado, principalmente por el delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, con condenas de hasta tres años de penitenciaría, aunque en ningún caso la prisión efectiva superó los 18 meses.
La causa continúa para las 11 personas formalizadas que niegan tener responsabilidad penal en la causa y decidieron discutir la situación ante un juez de juicio, quien deberá valorar la responsabilidad de los acusados en función de la prueba presentada. Para esos 11 la Fiscalía pidió penas de entre tres y seis años de penitenciaría por el delito de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo y, en algunos casos, se agregan los delitos de suministro de estupefacientes; comercio, almacenamiento y difusión de material pornográfico en que aparezca la imagen u otra forma de representación de personas menores de edad o personas incapaces, y fabricación o producción de material pornográfico con utilización de personas menores de edad.