Los abogados del estudio Donnángelo-Durán-Sasson presentaron una denuncia penal contra el intendente de Maldonado, Enrique Antía, ante el inminente desalojo de unas viviendas ubicadas en un terreno en Punta Colorada, según informó a la diaria el abogado Pablo Donnángelo, quien aseguró que la comuna pretende concretar un desalojo sin orden judicial.
La denuncia fue presentada este lunes en la Fiscalía General de la Nación; en paralelo, los abogados Hugo Costa y Marcelo Güinle presentaron una acción de amparo ante la Justicia civil, que busca, como medida cautelar, detener el desalojo previsto para la mañana del miércoles.
En la denuncia, los abogados plantearon que los antepasados de la familia a la que la intendencia quiere desalojar compraron el padrón en 1896 y que habitan en viviendas con más de 150 años de antigüedad. En esas tierras, que dan al Río de la Plata, fueron construidos varios muelles, utilizados por pescadores artesanales de la zona, además de las viviendas que la comuna quiere demoler para concretar un proyecto turístico.
Los denunciantes plantean que el intendente está violando el artículo 69 de la Ley de Ordenamiento Territorial (18.308), que plantea que en el caso de querer detener obras o demolerlas “la Intendencia Municipal deberá concurrir ante la sede judicial de turno” para que sea la Justicia la que se expida sobre un eventual incumplimiento de las normas de construcción con la normativa vigente en materia de ordenamiento territorial.
A su vez, los abogados plantearon que el gobierno departamental busca destruir la vivienda donde aún viven parte de los denunciantes sin ofrecer ningún tipo de indemnización.
La demolición fue definida en una resolución de la intendencia en 2021, y la disposición fue impugnada por la familia, integrada por personas de entre 80 y 87 años, por lo que está pendiente la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, además de estar pendiente la presentación del caso en la Justicia. “El intendente no puede ejecutar administrativamente la demolición de las construcciones existentes en el padrón, en ausencia de un previo pronunciamiento del Poder Judicial”, señalaron los abogados en la denuncia.
Según el documento, la Dirección General de Asuntos Legales, a cargo de la abogada y exjueza Adriana Graziuso, fijó la fecha de la demolición de las viviendas e informó al intendente Antía sobre el asunto.
En diálogo con la diaria, Donnangelo dijo que se está incurriendo en abuso de funciones al no llevar el caso a la Justicia y subrayó que “está fuera de las competencias” de Antía ordenar el desalojo de las viviendas.
El abogado agregó que Uruguay fue el primer país en ratificar la Convención Americana para la protección de adultos mayores y señaló que dentro de los derechos consagrados en la convención está la protección contra desalojos ilegales. En esa línea, lamentó que la posición del gobierno departamental afecta la posición de Uruguay en el cumplimiento del derecho internacional al “despojar de sus viviendas a cuatro personas adultos mayores”.
Para los denunciantes, Antía incurre en abuso de funciones en la medida en que actúa con arbitrariedad en perjuicio de particulares, y advierte, citando a Milton Cairoli, que, en sentido jurídico, “se abusa de una cosa aunque se la emplee según su destino, pero de modo ilícito o con fines ilícitos”.
El delito, previsto en el artículo 162 del Código Penal, dispone penas de entre tres meses y tres años de penitenciaría para “el funcionario público que con abuso de su cargo cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales”.
El caso será derivado por la Fiscalía General de la Nación a una de las fiscalías de Maldonado, que podría pedir a la Justicia una medida cautelar para suspender el desalojo, independientemente del proceso en la Justicia civil, donde también se podría disponer la detención de la demolición hasta el fin del proceso.