El fiscal Raúl Iglesias investiga a la militante política Romina Celeste Papasso, una de las víctimas de Gustavo Penadés, por la presunta falsificación de un chat asociado públicamente al caso. En este marco, y luego de que trascendiera que Iglesias pedirá su imputación, Papasso denunció a Iglesias, quien ya cuenta en su historial con un sumario con separación del cargo por revelar a la prensa información sobre una investigación que tenía a su cargo.
Papasso considera que el fiscal incurrió en hechos delictivos que podrían configurar abuso de funciones y omisión contumacial a los deberes del cargo. En la denuncia que presentó, a la que accedió la diaria, indica que la Fiscalía debe hacer una “aplicación justa de la ley” y tener un “ejercicio racional y ponderado del poder penal del Estado”. En este sentido, sostuvo que “no parece para nada racional condenar a dos años de cárcel efectiva a una mujer trans porque se la acuse de haber participado de la elaboración de una captura falsa de un chat de Whatsapp, cuando el contenido del mismo surge de grabaciones que fueron ‘dadas por buenas’ en la misma Fiscalía”. “La racionalidad debe ser un límite jurídico a los abusos en las condenas cuando se pierde la proporcionalidad”, argumentó.
También aseguró que Iglesias viola la Ley Orgánica de Fiscalía omitiendo cumplir con una de sus competencias funcionales, que consiste en “atender y proteger a víctimas y testigos de delitos”. “El doctor Iglesias propone para ‘proteger’ a la principal testigo y víctima de la causa más importante de los últimos años nada menos que enviarla al ex Comcar por el testimonio equivocado de la doctora [Alicia] Ghione que no entendió lo que le dije (sí le dije que la imagen era falsa, por lo cual no era parte siquiera de la carpeta fiscal, pero nunca que la hubiera hecho yo) y por la declaración posiblemente ‘acordada’ con Fiscalía de un delincuente habitual con el que tuve una relación afectiva y el que probablemente sí ‘fabricó’ la captura del Whatsapp falsa”, se plantea en la denuncia, y se agrega que “la captura fue realizada a efectos de apoyar la verosimilitud de lo dicho en una entrevista ‘falsa’ a un menor y una filmación que probaba una relación de Penadés” con él, lo que afirma que le fue proporcionado por un tercero, que es otra víctima de Penadés que usó un nombre falso para acercarse a ella.
En la denuncia se indica también otra violación a la ley orgánica de la Fiscalía por incumplir el “deber de reserva o difundir antecedentes e informaciones sobre cuestiones o asuntos de naturaleza reservada en que conozcan”. “Parece muy claro que si ya tiene el dictamen por el que se me condenará a dos años de penitenciaría no debería hacerlo público en los medios de comunicación masiva como fue publicado y anunciado en boca del doctor Iglesias en varios diarios y radios de nuestra capital”, argumenta Papasso.
Según se acota, se puede considerar una “relatividad de los antecedentes penales de la denunciada, ya que se presentará ante la Suprema Corte de Justicia la revisión del acuerdo que firmé estando bajo los efectos de psicofármacos”, los que le fueron administrados en su prestador de salud.
La denunciante indicó que Iglesias “se ha mostrado como un amigo personal y mediático del señor Ignacio Álvarez y un enemigo acérrimo del Estudio Jurídico de la Universidad de la República”, ya que fue quien “le hizo la denuncia administrativa al doctor Iglesias por la cual fue sumariado, debió excusarse de seguir con ese expediente”. “Al saber mi denuncia contra su amigo, en forma inmediata salió a los medios a decir cuál iba a ser su dictamen final sobre la carpeta que él llevaba en mi contra, de modo que el señor Ignacio lo dispersó en modo ‘triunfal’”, expresó.
Finalmente, recordó que “Iglesias ya ha sido sancionado anteriormente con un sumario administrativo […] por sus excesos en los medios de comunicación por el motivo de no comprender el alcance transversal de las políticas de género”. “Es claro que el fiscal vuelve a reincidir en el mismo error y no ha comprendido el motivo de su sanción”, concluyó.