Los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) están en conflicto desde la semana pasada, hicieron un paro calificado como “histórico” por su nivel de acatamiento el viernes y para este lunes está prevista otra movilización por la tarde. El centro de la cuestión está en el área de Servicios Administrativos, que dirige Marcelo Pesce: los trabajadores denunciaron por malos tratos a la directora del departamento y al escribano adjunto a la dirección.
El jueves de la semana pasada, los ministros de la SCJ se reunieron para analizar la denuncia presentada por los trabajadores, que indican haber recibido insultos y destratos, hostigamiento a través de las cámaras de vigilancia y revisión del trabajo en las computadoras de los funcionarios, obligación de pedir permiso para ir al baño o levantarse del escritorio y obstaculización de los tiempos para comer.
Los ministros decidieron abrir una investigación administrativa a los dos acusados y a Pesce en calidad de superior inmediato, pero no accedieron a la remoción, postura que sólo fue apoyada por la presidenta de la SCJ, Doris Morales, quien le quitó la confianza a Pesce.
Este lunes la SCJ emitió un comunicado a la opinión pública en el que justifica su proceder, y no fue firmado por Morales, en tanto ya había dejado en claro su postura disidente.
En el comunicado, la SCJ insiste en que “las gremiales sólo han efectuado una denuncia genérica sin presentar pruebas concretas al respecto”. En este sentido insisten en que es “imprescindible para la eficiencia de la investigación” que los denunciantes “presenten en forma precisa y concreta los hechos o conductas que denuncian, atribuyéndolos a quien corresponda, así como que se individualicen las personas afectadas”.
La SCJ concuerda en que las conductas denunciadas “son graves” y que por eso se dispuso una investigación administrativa de carácter urgente, “aun cuando en la denuncia no se identifican cuáles son las personas afectadas”.
De todos modos, señala que ante estas denuncias, todas las personas tienen derecho a ser oídas y presentar pruebas en su defensa, incluso los cargos que son de confianza. En este sentido, la SCJ asegura que adoptó las medidas administrativas necesarias para “la búsqueda de la verdad material de los hechos”.
Por otra parte, aclaran que disponer una investigación administrativa “de ninguna manera implica convalidación de lo actuado por las personas denunciadas, sino que se consideran medidas indispensables para resolver los pasos a seguir”.
Además aclaran que la investigación será llevada adelante por alguien “absolutamente imparcial, ministro del Tribunal de Apelaciones, con la jerarquía y experiencia funcional necesarias”. Y que tanto Pesce cuando vuelva de su licencia reglamentaria, como los denunciados, prestarán sus funciones en un lugar diferente para “evitar situaciones de conflicto o interferencias inconvenientes” hasta que termine la investigación.
La Asociación de Magistrados pide el cese de Pesce
También este lunes emitió un comunicado la Asociación de Magistrados del Uruguay refiriéndose al caso. Los magistrados ven “con profunda preocupación la crisis institucional que se encuentra atravesando el Poder Judicial a raíz de los lamentables y repudiables hechos de violencia y acoso laboral denunciados”.
Entienden que “la decisión adoptada en minoría por la Sra. Presidenta de la Suprema Corte de Justicia respecto a la continuidad del Sr. Director General resultaba la más acorde a las particulares circunstancias, y a la necesaria pacificación de las partes en conflicto”.
“Lamentamos que, una vez más, la corporación haya desaprovechado la oportunidad de generar un acercamiento más fructífero con los gremios judiciales”, agregan los magistrados.
Entienden que en su lugar la mayoría adoptó “una tesitura intransigente”. En el comunicado, firmado por el presidente de la asociación, Leonardo Méndez, y el secretario, Rodrigo Maciel, los magistrados aseguran que la Corporación “debe resolver la problemática instalada de la forma que menos afecte a las partes involucradas, y en definitiva, a la administración de justicia”.
Terminan su mensaje diciendo que “debe cesarse en su cargo al Sr. Director General de los Servicios Administrativos, tal y como lo planteó la intergremial”.