El juez letrado de Concursos de primer turno, Leonardo Méndez, condenó al expresidente de la Junta Directiva de Casa de Galicia Alberto Iglesias a cubrir con su patrimonio lo adeudado por la institución médica y lo inhabilitó por 20 años a administrar bienes propios o ajenos, así como representar a terceros, según informó El País y confirmó la diaria con fuentes judiciales.
En la sentencia Méndez cita el informe de intervención del Ministerio de Salud Pública en el que la interventora Alicia Rossi plantea que la situación de la institución era peor de lo que se presentaba y fue dificultoso realizar el seguimiento de los créditos tomados.
“Se analizó la trazabilidad de los acreedores financieros más importantes para verificar que los dineros que figuran como prestados hubieran ingresado a las cuentas de Casa de Galicia. Tarea muy complicada dado que un préstamo original no se amortizaba pero se renovaba múltiples veces con el monto adeudado del o los anteriores más nuevas partidas, con nuevas garantías asumiendo el pago de nuevos intereses que se acumulaban [...] Muchos préstamos millonarios no se han amortizado nunca pero continúan cobrando intereses muy por encima de las tasas legales. […] Intereses sobre intereses para cada intermediario del préstamo que paga Casa de Galicia”, señala el informe.
Además, destaca que durante la intervención se pudo verificar “la salida indebida de bienes y derechos del patrimonio” de la institución médica y maniobras para evitar cumplir con las obligaciones.
“Existen pagos en efectivo de intereses de deuda financiera contabilizados por 10.813.406 pesos que no están estipulados en ningún contrato. Los pagos realizados sin documentación de respaldo podrían dar lugar a malversación de fondos”, agrega el informe citado en la sentencia de condena.
Por otra parte, el juez Ménez desestimó el pedido de declaración de complicidad en la verificación del concurso contra dos codemandados, dado que se entiende que su actuación no generó daños patrimoniales a los acreedores y no existió una conducta de cooperación con el condenado, ni responsabilidad en la situación financiera de Casa de Galicia.
“Emerge acreditado que (los codemandados) financiaron la actividad de la deudora, que se encontraba en crisis desde larga data. No surge acreditado el nexo causal entre el accionar de los codemandados de forma tal que pudiera tener especial incidencia en la agravación de la insolvencia. El estado de insolvencia de Casa de Galicia se encontraba determinado por la sumatoria de múltiples elementos causales, exclusivamente derivados de una mala administración, que no supo revertir a lo largo de muchos años una situación deficitaria que fue incrementándose hasta el punto tal de ser cuatro veces mayor a la media del sector”, expresó Méndez.