La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu) se declaró en conflicto porque no se cubrieron los cargos previstos en la última Rendición de Cuentas, denunció la sobrecarga laboral y que la Suprema Corte de Justicia “no prioriza la defensa pública”.
La Comisión de Género de Adepu, en el marco de las actividades en un nuevo 8 de marzo, denunció “las graves barreras de acceso a la justicia de las mujeres, niñas, niños y adolescentes”. En particular, manifestaron “la grave situación de los Juzgados de Género de San Carlos”.
Según la asociación de defensoras y defensores públicos, “a cuatro años de la aprobación de la Ley 19.580 [de violencia basada en género contra las mujeres] solamente se ha implementado un juzgado en la ciudad de San Carlos, Maldonado” y “su funcionamiento dista de ser un juzgado que garantice los derechos de las personas que necesitan de protección”.
Afirmaron que “su diseño no cumple con los estándares internacionales en materia de accesibilidad, violando las convenciones internacionales” y, justamente, ese diseño no garantiza que víctimas y denunciados se crucen en el mismo espacio.
Por otra parte, criticaron que “si no tenés más remedio de acudir con tus hijos, la sede no cuenta con un espacio pensado para su permanencia en el juzgado, ni salas acordes para tener entrevistas privadas”. Al haber “grandes demoras”, las niñas, niños y adolescentes “pasan horas de espera hasta tener su audiencia”.
Desde Adepu además indicaron que “el juzgado no se encuentra en la capital departamental, por lo que sí vivís en una localidad lejos no está previsto ningún mecanismo para el traslado de las víctimas hasta el juzgado para tomarles declaración, no teniendo frecuencias de ómnibus o debiendo tomar dos”.
A su vez, lamentaron que no haya privacidad para entrevistas con la defensa: “Si tenés que hablar con tu abogado, no tenés un espacio que respete tu derecho a la privacidad e intimidad. Los despachos son abiertos donde cualquier persona que este en la sede puede ver y escuchar”.
Adepu reiteró un reclamo sostenido por la asociación: la “sobrecarga de trabajo que dificulta el seguimiento de casos, generando largas horas de jornada y desgaste de los defensores” y señalaron que “existen sólo dos turnos para todo el departamento”.
Finalmente, desde la Comisión de Género de Adepu solicitaron que “se subsanen estas deficiencias y se otorgue el presupuesto para la creación de las Sedes restantes”; y cuestionaron: ¿Justicia igual para todas y todos? Sin defensa no hay justicia”.
Denuncian estar lejos de ser “un juzgado modelo”
En diálogo con la diaria, Carolina Camilo, defensora pública, explicó cuál es la situación de la Defensoría en ese juzgado: “Son dos Juzgados de Género para todo el departamento, lo cual ha generado una sobrecarga de trabajo muy importante porque antes estaban los Juzgados de Familia especializados en violencia en Maldonado y San Carlos, y ahora se concentró todo en estos dos juzgados, donde actualmente solamente contamos con cinco defensores públicos para atender esos dos turnos, más la Fiscalía que se encarga de la parte penal de todo lo relacionado con los delitos sexuales, de violencia doméstica y de género, también los desacatos asociados a estos casos, entre otras cosas”.
“Esto ha generado que no se dé abasto, porque en un turno se tiene entre 15 y 16 audiencias por día, y estos cinco defensores que tienen que estar para todas estas sedes, tienen que atender a la víctima, al denunciado, y a las niñas, niños y adolescentes”, destacó Camilo y subrayó que por audiencia se necesitan tres defensores públicos.
En resumen, explicó que están superados porque “cuando una sede está trabajando, la otra también solicita el servicio de la Defensoría y no contamos con defensores suficientes”. Camilo enfatizó que “hay que atender tanto lo que es la justicia a nivel de familia especializada como en materia penal” y la Defensoría Pública tiene “90% de los casos”, por lo tanto “en nueve de cada 10 audiencias se van a necesitar defensores públicos y en nueve de cada 10 interrogatorios penales también”.
Por otro lado, Camilo planteó que “también denunciamos la situación edilicia porque los despachos de los defensores no tienen privacidad”. “Está todo separado por muebles, por lo tanto, cuando una víctima se va a entrevistar con su abogada o abogado, muchas veces también está el abogado que asiste a la contraparte. Los compañeros tienen que estar organizándose para tratar de darle la intimidad necesaria, pero es imposible”. Además, “estos despachos dan a una sala de espera, entonces quienes están fuera escuchan y ven quienes son las personas que se están atendiendo”.
“Esta situación de la Defensoría hace que el servicio que se está dando esté lejos de ser un juzgado modelo que garantice los derechos, tanto para las víctimas como también a las personas denunciadas a las que se asiste”, concluyó la abogada.