El abogado del cónsul Stefano Di Conza, Florencio Macedo, presentará este martes ante la fiscal de Flagrancia de 12° turno, Sabrina Flores, evidencia de que su cliente se encontraba fuera de Rusia en cinco oportunidades en las que se utilizó su firma para intentar validar documentación adulterada de la embajada de Rusia.
Según supo la diaria, la información que será presentada ante la Fiscalía consta de una pericia certificada por escribano sobre el celular de Di Conza, que mediante el análisis de las fechas de las fotos y videos tomados por el cónsul y los datos de su geolocalización busca demostrar que no fue él quien firmó los pasaportes con documentación apócrifa.
La información obtenida del celular de Di Conza es comparada con los datos que surgen del sistema de expedientes del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que figura la firma de Di Conza expidiendo pasaportes en momentos en que no se encontraba en la embajada.
Además de la pericia al celular, se agrega copia del propio pasaporte de Di Conza que muestra que en cinco oportunidades en las que supuestamente firmó un pasaporte con datos falsos se encontraba fuera del país.
Según informó el diario El País, uno de los pasaportes que contienen la firma digital de Di Conza fue firmado el 20 de junio de 2018, cuando el cónsul se encontraba en la ciudad de Rostov, a unos 250 kilómetros de Moscú, mirando el partido de la fase de grupos del Mundial entre Uruguay y Arabia Saudita.
El 27 de noviembre, a pedido de la fiscal Gabriela Fossati, el juez en lo penal de 31° turno, Fernando Islas, imputó a Di Conza por 14 delitos de fraude y suposición de estado civil con prisión preventiva como medida cautelar, de la que fue liberado el 3 de febrero tras el pago de una fianza de 25.000 dólares.
En la teoría del caso de Fossati, Di Conza es responsable porque su firma figura en los expedientes utilizados en la embajada para emitir documentación. Durante la audiencia de formalización la fiscal le dijo al cónsul que, “en el mejor de los casos, benefició a terceros por no tomarse la molestia de cumplir con su trabajo”.
El cónsul objeta que su tarea se limita a chequear desde el punto de vista formal que la documentación cuente con los sellos correspondientes, pero que chequear la veracidad de la información proveniente de los documentos del Estado ruso excede su rol y las capacidades operativas de un cónsul.
El 7 de marzo, el juez en lo penal de 38° turno, Alejandro Asteggiante, imputó al excónsul uruguayo en Rusia Gustavo Piegas por reiterados delitos de suposición de estado civil. Asteggiante dispuso como medida cautelar la fijación de domicilio y cierre de fronteras, pero luego fue habilitado a salir del país para continuar con su trabajo en la misión diplomática uruguaya en Washington DC. En el caso de Piegas, la Fiscalía encontró 104 pasaportes con información apócrifa que tendrían su firma.
Cómo sigue la causa de los pasaportes
La condena por acuerdo abreviado al ciudadano ruso Alexey Slivaev por los delitos de suposición de estado civil y asociación para delinquir cambió la situación de los otros imputados en la causa, dado que el acuerdo abreviado implica el reconocimiento de la comisión de los delitos que se le condenan y aporta datos que pueden ser utilizados en contra de los otros imputados.
Sin embargo, fuentes allegadas a la causa señalaron a la diaria que aún se está muy lejos de alcanzar una condena para el resto de los imputados.
En un primer borrador la defensa de Patricia Medina, esposa del escribano Álvaro Fernández, había propuesto una condena por suposición de estado civil y asociación para delinquir en calidad de coautora, con la pena de 19 meses de prisión en régimen de libertad a prueba.
En el borrador del acuerdo Medina habría aceptado que la organización a la que pertenecía pagó al exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano 10.000 dólares, en dos cuotas, por el trabajo de agilizar los trámites para que los ciudadanos rusos obtuvieran el pasaporte uruguayo.
Esa posibilidad fue revisada por la fiscal Flores en una reunión que mantuvieron el jueves pasado, pero las partes no alcanzaron un acuerdo, algo que ahora se ve aún más lejos. En tanto, el escribano Fernández se mantiene en su posición original de no aceptar responsabilidad en el caso y aspira a resolver su situación en un juicio oral.