Stefano Di Conza fue el primer funcionario público imputado en el caso que protagoniza Alejandro Astesiano. El excónsul uruguayo en Rusia está en la cárcel de forma preventiva desde el 27 de noviembre, cuando el juez Fernando Islas lo imputó por 14 delitos de fraude con 14 delitos de suposición de estado civil por la falsificación de pasaportes. Ahora podrá salir de la prisión, ya que se dispuso un pago de fianza de 25.000 dólares, informó El Observador y confirmó a la diaria el vocero de Fiscalía.

El excónsul, que trabajó en Rusia en medio de la maniobra delictiva que falsificaba partidas de nacimiento uruguayas para que ciudadanos rusos pudieran hacerse con el pasaporte nacional, tendrá prohibido salir del país y comunicarse con funcionarios del consulado y de la embajada. Así lo dispuso el juez Alejandro Asteggiante, según informó el periódico, que estuvo en la audiencia. Además, deberá fijar domicilio y presentarse en la seccional una vez por semana.

En un primer momento la fiscal que lleva adelante el caso, Gabriela Fossati, había pedido una fianza de 50.000 dólares, pero Florencio Macedo, el abogado de Di Conza, le preguntó a la familia que estaba presente en la audiencia si podían afrontarla y dijeron que lo máximo que podían brindar era 25.000 dólares. La fiscal aceptó.

Fossati también había pedido que Di Conza no se comunicara con funcionarios de la cancillería por 180 días, pero debido a que se puede enfrentar a un eventual juicio oral y su defensa deberá consultarlo, el juez del caso dispuso que sean 90 días.

El excónsul surgió en la investigación porque fue señalado por el escribano Álvaro Fernández y por el ciudadano ruso Alexey Slivaev, ambos integrantes, junto con Astesiano, del grupo que se dedicaba a la falsificación de documentos. Los involucrados señalaron que el excónsul era uno de los que “facilitaba la ciudadanía” a ciudadanos rusos. Di Conza estuvo en el consulado uruguayo en Rusia entre 2013 y 2018, negó los cargos y dijo que excedía su responsabilidad verificar la autenticidad del documento que emitía.

La esposa del escribano busca llegar a un acuerdo con Fiscalía

Otra de las involucradas en el caso es Patricia Medina, la esposa del escribano Fernández, que fue acusada de participar en el grupo para delinquir, información que se desprende del análisis de los chats que mantuvo con su esposo. En este caso, El Observador también presenció la audiencia en la que Asteggiante dispuso la prisión domiciliaria.

Por otra parte, la fiscal Fossati adelantó que el abogado de Medina se encuentra trabajando en un acuerdo abreviado, que de cumplirse implicaría que sea condenada por el caso, asumiendo su culpabilidad, a cambio de una rebaja de hasta un tercio de la pena, aunque los términos del acuerdo aún no están definidos.