El Tribunal de Apelaciones de 3º Turno confirmó la sentencia que se le había impuesto al exvicecónsul uruguayo en Rusia Stefano di Conza. Se lo acusaba de 14 delitos de fraude en concurrencia fuera de la reiteración con 14 delitos de suposición de estado civil. A través de su abogado, Florencio Macedo, apeló la sentencia de primera instancia del juez Fernando Islas, que implicaba que debía ir a la cárcel de forma preventiva, pero fracasó. Este es el primer funcionario público imputado por la causa que relaciona al excustodio del presidente, Alejandro Astesiano, a una red de falsificación de documentos.

Según informó este sábado El Observador en base a la sentencia del caso, el abogado del diplomático alegó que no era necesario el encarcelamiento porque no existía “sospecha grave y fundada” de que Di Conza se fugara o entorpeciera la investigación. Remarcó que su defendido siempre estuvo a disposición de la Fiscalía y de la investigación administrativa que hizo Cancillería, en la que se asegura que no hubo irregularidades de parte del funcionario. Al mismo tiempo, destacó que en los dos meses desde que comenzó la investigación no se comunicó con los demás imputados, no se fue del país y no destruyó evidencia.

A pesar de esos argumentos, el Tribunal de Apelaciones mantuvo lo dicho por la fiscal del caso, Gabriela Fossati. Los ministros José María Gómez y Julio Olivera entendieron que Di Conza podía huir a Rusia, país en el que nació su pareja, y, además, entienden que al ser funcionario de Cancillería tiene a su alcance la posibilidad de alterar evidencia del caso.

“La Sala estima que la materialidad del hecho y la participación del imputado ha quedado debidamente acreditada a través de sólidas evidencias plasmadas por la Representación Fiscal”, expusieron, según informó el matutino.

Di Conza estuvo en el consulado uruguayo en Rusia entre 2013 y 2018. Según supo la diaria, la versión del diplomático, al menos hasta la audiencia de formalización, es que excedía su responsabilidad verificar la autenticidad del documento, que nunca fueron advertidos desde el Ministerio del Interior de la existencia de riesgos en el trámite de expedición de pasaporte y negó cualquier vinculación con la organización criminal integrada por el exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano, el escribano Fernández y el ruso Alexey Slivaev.

Además del trabajo consular, Di Conza estaba encargado de recibir a las autoridades políticas, y, al desconocer el idioma ruso, la oficial de cancillería rusa era quien se encargaba de concretar las citas con los interesados en adquirir el pasaporte, mientras que él chequeaba que estuvieran los sellos institucionales requeridos para ese trámite.