El juez penal de 38° turno, Alejandro Asteggiante, determinó la prisión domiciliaria para el escribano Álvaro Fernández y el ruso Alexey Slivaev, los únicos imputados por la causa Astesiano que permanecían en prisión preventiva.
Según informaron a la diaria fuentes judiciales, la medida vencerá el próximo 11 de agosto y se definió que la esposa de Fernández, Patricia Medina, se mantuviera en arresto domiciliario hasta esa misma fecha.
En diálogo con la diaria, el abogado del escribano Fernández, Edison González dijo que apelará la decisión de Asteggiante, en la medida en que entiende que corresponde un régimen de libertad vigilada para su cliente y que la realización de la prueba anticipada pendiente no está en riesgo con la libertad del escribano.
Además, señaló que el arresto domiciliario total viola el principio de proporcionalidad e igualdad con respecto a otros imputados que esperan en libertad el desarrollo del proceso.
La última prórroga de la prisión preventiva de Fernández y Slivaev había sido concedida en la audiencia del 13 de marzo a pedido de la fiscal Fossati, quien planteó que estaban pendientes varias diligencias que podrían verse afectadas con la libertad de los imputados.
Fernández y Slivaev fueron imputados a fines de setiembre de 2022 por los delitos de suposición de estado civil y asociación para delinquir. Si bien la fiscalía había pedido que se mantuvieran en prisión hasta el 13 de setiembre de este año para proteger la investigación, Asteggiante concedió la prórroga hasta el 12 de abril, por considerar que no había riesgo de fuga y que las diligencias pendientes que pudieran requerir la medida de prisión preventiva podrían resolverse antes de esa fecha.
Entre las gestiones pendientes que tiene la Fiscalía entorno a Fernández y Slivaev está la investigación de transferencia de bienes inmuebles entre Slivaev y Fernández, y la traducción del material periciado del celular del extranjero.
Durante la audiencia de este martes se anunció la convocatoria a la Fiscalía a la esposa del escribano, Patricia Medina, quien deberá concurrir a la sede de la calle Cerrito el 20 de abril, con el fin de volver a negociar una condena por proceso abreviado con la Fiscalía.
Según supo la diaria, la fiscal del caso Sabrina Flores analizará los términos planteados en un borrador en los que Medina acepta los delitos de suposición de estado civil y asociación para delinquir en calidad de coautora, con la pena de 19 meses de prisión, en régimen de libertad a prueba.
En el borrador del acuerdo Medina habría aceptado que la organización a la que pertenecía pagó al exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano 10.000 dólares en dos pagos, por el trabajo de agilizar los trámites para que los ciudadanos rusos obtengan el pasaporte uruguayo, algo que fue confirmado por Astesiano, pero que el escribano Fernández niega.
Por su parte, la abogada del ciudadano ruso Slivaev, Mariela Castro, confirmó a la diaria que fue convocada para cerrar un acuerdo abreviado el próximo 18 de abril, pero prefirió no dar detalles de los términos del acuerdo en la medida en que aún no están cerradas la conversaciones con Fiscalía.
De cerrarse el acuerdo con Slivaev y Medina quedaría pendiente, en la parte de la causa vinculada a los pasaportes rusos, resolver la situación del escribano Fernández quien se mantiene en la posición de ir a juicio oral y de los cónsules Stefano Di Conaza y Pliegas. Di Conza fue imputado por 14 delitos de fraude con 14 delitos de suposición de estado civil por la falsificación de pasaportes el 27 de noviembre y salió tras pagar una fianza de 25.000 dólares, mientras que el cónsul Gustavo Piegas fue imputado en marzo por suposición de Estado Civil y la Justicia lo habilitó a salir del país por 60 días, dado que integra el equipo diplomático de la representación uruguaya en Estados Unidos.
También queda por resolver la situación de Sofía y Ana Burbunnova quienes están siendo investigadas por actuar como gestoras en el caso del ciudadano ruso Roman Karpov, quien fue condenado por suposición de Estado civil y uso de documento falso, tras admitir que pagó 40.000 dólares para conseguir el pasaporte uruguayo, con la intención de obtener la visa a Estados Unidos.