El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, remitió una nota a Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), tras recorrer el módulo 2 de la Unidad 7 Canelones. En la carta, transmitió que le “preocupa seriamente” la situación de este módulo, algo que indicó que “ya ha transmitido en anteriores comunicaciones”. Planteó que recorrió tres de los cuatro sectores del módulo 2, “que tienen una cifra oscilante cada uno de ellos que ronda entre los 160 y 210 internos”.
“En el módulo 2 existen unas 700 personas alojadas en pésimas condiciones edilicias y bajo mínimos programáticos que hacen que su tiempo de reclusión sea totalmente improductivo y prácticamente sin sentido para su rehabilitación y reinserción social”, señaló.
Según Petit, “además de las muy malas condiciones materiales existentes, pude verificar que hay unos 30 internos que no tienen celda y pasan todo el día en la propia planchada con sus pocos enseres”.
También contó que recorrió “las 33 celdas del sector –una por una, con detenimiento- constatando que en ninguna de ellas –salvo en una donde queda un cucheta deteriorada- hay camas (a lo que se suman serios problemas de conexiones eléctricas, higiene, elementos personales, iluminación, etcétera)”. “En algunos casos, está tan solo el ‘molde’ estructural donde se asentaba la cama, ubicándose el colchón ya no sobre el piso, sino sobre tierra o escombros”, dijo.
“Un módulo de 33 celdas sin cama alguna –al que se suman otras carencias- es una realidad que nos hiere a todos, como estoy seguro que lastima a ustedes y sus equipos, que sabemos y constatamos que bregan diariamente por atender las demandas de la población reclusa y generar rehabilitación”, manifestó.
Petit calificó la situación del sector B del módulo 2 cómo “extrema” y afirmó que “se deben tomar medidas urgentes para su atención, procediéndose por la vía administrativa de urgencia que se estime oportuna para solucionar esta carencia inaceptable que entendemos –según la normativa vigente- debe ser atendida con máxima prioridad”.
“Las carencias referidas no pueden analizarse solamente desde lo edilicio estructural, sino teniendo en cuenta la situación sistémica del sistema y de la unidad de Canelones, lo que nos remite a la necesidad de contar con equipos técnicos, programas socioeducativos, culturales, deportivos y de capacitación, ya que sin ellos nuevos deterioros seguirán ocurriendo”, aseguró el comisionado parlamentario penitenciario.
En este sentido, recomendó y solicitó que “se tomen urgentemente medidas administrativas y programáticas a los efectos de asegurar los estándares mínimos de trabajo penitenciario y de rehabilitación, sostenidos en un marco físico adecuado, dándose cumplimiento a las normas nacionales e internacionales que nos obligan como Estado a hacer accesible el derecho al tratamiento en un marco básico de dignidad humana”.
A su vez, agradeció “la apertura” de los funcionarios y de la dirección de la cárcel de Canelones, quienes “en todo momento apoyaron nuestra tarea de relevamiento y nos aportan cotidianamente información sobre el funcionamiento de la unidad, somos contestes de su dedicación y esfuerzo por mejorar las situaciones que deben enfrentar”.
Para finalizar, puso su equipo a las órdenes “para analizar en conjunto la presente situación y aportar nuestra alarma y planteo de que deben tomarse decisiones de urgencia y por las vías administrativas que permitan solucionar las carencias a la brevedad, tanto materiales como de recursos humanos, recurriéndose a los mecanismos de urgencia para las contrataciones del Estado previstas en el Tocaf para situaciones en las que existe riesgo de no cumplimiento del servicio por situaciones que afecten al mismo seriamente”.
Esta nota enviada a Mendoza se envió también al Ministerio del Interior, a la Justicia de Ejecución, a la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento y al Consejo de Política Criminal y Penitenciaria.