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Gustavo Salle, el 15 de mayo, en el juzgado de lo Contencioso Administrativo.

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Justicia aceptó realizar pericias para controlar composición del agua de OSE y prorrogó audiencia

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Peritos de la Facultad de Medicina revisarán si la composición del agua coincide con la documentación presentada por OSE.

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Leído por Mathías Buela.
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El juez en lo Contencioso Administrativo de 3° turno, Javier Gandini, aceptó diligenciar la prueba reclamada por el abogado Gustavo Salle y otras 81 personas contra Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y OSE, en el marco de la acción de amparo contra la gestión del agua potable.

Durante la audiencia Gandini aceptó la acción de amparo y recibió la contestación de la demanda por parte del Ejecutivo, además de tomar declaración a los testigos propuestos por las partes, entre ellos técnicos del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Ambiente y OSE.

Además, fue aceptada la prueba propuesta por los accionantes, que consistía en que se realice una pericia técnica al agua para conocer su composición, algo que fue recurrido por los abogados que representan al Estado. En el proceso de acción de amparo es el mismo juez de primera instancia el que resuelve los recursos presentados por las partes cuando refieren a sentencias interlocutorias, es decir aquellas que no son la resolución definitiva del juez sobre el fondo del asunto, sino definiciones previas.

Si bien la petición inicial de los demandantes era que la pericia estuviera a cargo del Instituto Técnico Forense, que funciona en la órbita del Poder Judicial, Gandini entendió que correspondía que lo hiciera otro actor, y determinó que fuera la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) la que hiciera las pruebas, según informaron a la diaria fuentes del Poder Judicial.

El proceso quedó suspendido en tanto no se termina de diligenciar otros asuntos pendientes, como la declaración de un testigo propuesto por la empresa OSE y el envío de varios oficios al Ministerio de Salud Pública (MSP) para que informe sobre los efectos del consumo de agua corriente sobre la salud humana y, particularmente, el resultado de la consulta realizada a la Organización Panamericana de la Salud que, según el MSP, habría avalado el suministro del agua en las condiciones que se está brindando.

Gandini también pidió los antecedentes sobre el aval de las cátedras de Nefrología, Cardiología y Medicina Interna de la UUdelar, la Academia Nacional de Medicina y la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular sobre las recomendaciones brindadas por el MSP ante el incremento de la salinidad.

Gandini tiene pendiente resolver sobre la cuestión de fondo de la acción de amparo, que es la medida cautelar pedida por los demandantes de que la empresa estatal retome los niveles de salinidad habituales y deje de mezclar agua proveniente del Río de la Plata con las fuentes de Paso Severino y el río Santa Lucía.

Tras la audiencia, el abogado Gustavo Salle valoró la decisión de la Justicia de aceptar la admisibilidad de la acción de amparo y lamentó los recursos interpuestos por el Ejecutivo acusando a los representantes del Estado de querer ocultar la composición del agua.

“Interpusieron recursos contra la resolución del juez que admitió esta prueba porque el Poder Ejecutivo y OSE no quieren que se examinen los documentos sobre qué se le agrega al agua”, afirmó.

Salle admitió que era difícil lograr que la Justicia accediera a la medida cautelar de dejar de tomar agua del Río de la Plata: “Como durante 30 años la OSE no hizo nada para prever una situación como esta, y como además le entregó el río Negro a UPM, no tiene más remedio que dejar que entre agua salada de la cloaca del Río de la Plata y mezclarla con la cloaca del Santa Lucía”.

El abogado lamentó que durante la audiencia los representantes del Estado hayan calificado de “irresponsables” a los demandantes y atribuyó la misma calificación al Estado por haber permitido el represamiento del río Santa Lucía por parte de empresas privadas y brindar agua de mala calidad.

Ahora los accionantes tienen un plazo de tres días para concretar un depósito de 25.000 pesos para financiar la pericia que se pedirá a la Facultad de Medicina, que será instada a nombrar el equipo que participará en la pericia.

Paralelamente, el juez convocará a una nueva audiencia para tomar la declaración del testigo pendiente y, a su vez, deberá esperar que le llegue la respuesta de los oficios enviados al MSP. Una vez reunida toda la prueba, Gandini resolverá si acepta la medida cautelar para que el agua vuelva a los niveles de sodio previos a la decisión de cambiar la mezcla.

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