Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, presentó un habeas corpus por la situación crítica del módulo 2 de la cárcel de Canelones, en el que se plantean medidas urgentes, como cerrar celdas, ubicar a quienes no tienen dónde dormir y duermen en los patios, que haya camas y abrigo, que tengan una hora de patio por día, mejorar la convivencia, fortalecer actividades socioeducativas y mejorar instalaciones, entre otras medidas propuestas.
Este recurso fue bien recibido por el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, y también por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que entiende que los recursos de habeas corpus son “bien recibidos” para que “tomen conciencia no solamente en el Ministerio del Interior (MI), sino fuera del MI, tanto en el Parlamento como en otras oficinas”, y así “nos ayuden”.
Este viernes, la Justicia de Ejecución de Canelones hizo lugar al habeas corpus correctivo presentado por el comisionado parlamentario penitenciario. Erika Armendano, jueza de Ejecución de 2º Turno de Canelones, intimó al MI a cumplir el “plan de mejoras” reclamado por la oficina del comisionado parlamentario para la cárcel de Canelones “para superar las malas condiciones de habitabilidad y convivencia”.
Desde el equipo de Petit detallaron que “la resolución judicial obliga al MI a buscar nuevas soluciones para brindar educación, capacitación, salud y tratamiento de adicciones”. El fallo judicial establece que este plan de mejoras deberá acreditarse al 30 de noviembre de este año.
Además, se intima al INR a garantizar la salida diaria al patio exterior de todas las personas privadas de libertad en el módulo 2 y que se debe informar sobre esto a la Justicia en 30 días. A su vez, la sentencia también tomó en cuenta las medidas de urgencia que se presentaron al INR para cerrar varias celdas en malas condiciones y proceder a refacciones urgentes y entrega de camas, frazadas y colchones.
Este recurso busca “revertir las muy malas condiciones de vida existentes en los cuatro sectores del módulo 2 de la cárcel canaria, donde se alojan unas 700 personas”. En el escrito se señalaban carencias materiales severas, pero también la falta de programas de rehabilitación, asistencia social, capacitación laboral, deporte y actividades básicas, como el acceso al patio al aire libre de forma diaria. También se señalaba la necesidad de contar para el desarrollo de actividades con un equipo técnico y la formulación de planes individuales de tratamiento, de manera de orientar la vida de las personas privadas de libertad hacia “una mejor chance de rehabilitación”.
El texto señalaba también que “las actividades necesarias podrían ser generadas por organismos públicos externos –ASSE, sistema educativo o sistema de capacitación profesional-, pero también por organizaciones de la sociedad civil”.
Esta resolución judicial obliga al MI al cumplimiento del plan propuesto por Petit. El objeto del mandato judicial es “la reorganización” del módulo 2 de la cárcel de Canelones para “revertir la situación violatoria de la Constitución”, mediante la elaboración de “un plan de mejoras que asegure las condiciones de habitabilidad dispuestas por las normas nacionales e internacionales relevadas, procurando la implementación de planes de atención de los penados con adicciones y, asimismo, el aumento de los cupos para los mencionados tratamientos como para el cumplimiento de actividades educativas y laborales”.
Petit planteó que “hace muchos años que el módulo 2, a veces mejor, a veces peor, presenta condiciones totalmente inadecuadas”. “Lo emergente son las carencias materiales, edilicias, de alojamiento. Pero en la base está la falta de programas, trabajo de rehabilitación, capacitación, trabajo uno a uno con las personas presas”, afirmó. Por eso, “esta sentencia, que es obligatoria, que debe cumplirse como toda sentencia, abre también una enorme oportunidad para que el MI involucre fuertemente a otros organismos públicos y convoque a entidades de la sociedad civil para poder cumplir estrictamente con la sentencia y con lo que entendemos que es su centro, que es implantar un verdadero programa de rehabilitación”.
Petit destacó, además, que “el equipo de dirección del lugar ha dado muestra de entrega y compromiso. Pero sin las conexiones con otros organismos y recursos materiales y humanos que permitan un auténtico programa de rehabilitación, las mejores intenciones naufragan”. En este sentido, consideró que “se abre una nueva esperanza. Una oportunidad de política pública de innovación en uno de los peores lugares del sistema penitenciario”. “Desde nuestro rol, trataremos de aportar”, concluyó.