La causa que investiga el origen de la filtración de archivos de la dictadura será llevada por el fiscal de Flagrancia de 15° turno, Raúl Iglesias, según determinó el Departamento de Priorización y Asignación de la Fiscalía.
Según informaron a la diaria fuentes de la Fiscalía, este martes el fiscal Iglesias recibió la causa y se contactó con el oficial del caso de la Unidad de Cibercrimen, que avanzará con las diligencias para conocer el origen de la filtración.
Las fuentes señalaron que durante la investigación preliminar se buscará reunir evidencia para imputar un delito de revelación de secreto, previsto en los artículos 300 y 301 del Código Penal. La normativa prevé penas de entre tres meses y tres años de penitenciaría para quien, “sin justa causa”, revelare el contenido de los documentos “públicos o privados, que por su propia naturaleza debieran permanecer secretos”, que hayan llegado a sus manos en forma “fraudulenta” o “delictuosa”.
La denuncia fue realizada por el ministro de Defensa, Javier García, luego de que El Observador informara que desde el 18 de abril se publicaron 1.603 archivos en la plataforma Archive bajo el título “Archivos del Terror Uruguay”.
Si bien aún no fue determinado integralmente qué contenido está publicado, en principio se trataría de los archivos Berrutti, que fueron producidos por el Servicio de Información de Defensa (SID) y registrados en unos 1.500 rollos de microfilm, que revelan una trama de espionaje entre 1964 y 2005 contra políticos, periodistas, sindicalistas, estudiantes y otros actores de la sociedad civil.
Los documentos fueron encontrados en el excentro de detención y torturas del Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva y entregados a la entonces ministra de Defensa Azucena Berrutti en 2006. Su contenido fue revelado diez años más tarde por el semanario Brecha, en setiembre de 2016, lo que generó una comisión investigadora en el Parlamento que trató su contenido durante más de dos años. Cuando la conclusión final de la investigadora fue llevada a la Fiscalía, la causa había prescrito. El fiscal que la archivó, Enrique Rodríguez, concluyó que de los archivos surge “contundente evidencia” sobre el espionaje ilegal en democracia y destacó la “debilidad de los controles institucionales y democráticos”.
Uno de los puntos para investigar es la diferencia entre los 1.500 archivos revelados en 2016 y los 1603 publicados este año, lo que podría significar que se trata de la publicación del “archivo madre” de los archivos Berrutti. La filtración se dio días antes de que el gobierno anunciara el envío al Parlamento de un proyecto de ley para brindar acceso libre al archivo Berrutti en la web del Archivo General de la Nación.