Todas las preguntas que aparecen en cualquier manual de periodismo se manifiestan en lo que sucede con los archivos de inteligencia militar que personas, de forma anónima, subieron a la página web archive.org. Quién está detrás de “Archivos del Terror en Uruguay”, cómo consiguió hacerse con un archivo que no es público, sumando otros documentos que investigadores llevaban años buscando y sobre todo con qué motivo, son las dudas que sobrevuelan el tema. Cabe, entonces, repasar lo sucedido en las últimas 24 horas y encontrar los caminos que puedan llevar a algo parecido a la verdad.
Lo concreto es que, según informó El Observador, desde al menos el 18 de abril se subió todo lo que se conoce del archivo Berrutti más algunos rollos de microfilm que no se habían podido encontrar. De acuerdo a lo que dijeron los divulgadores en un mensaje, los 1.603 rollos de microfilm subidos “surgen de digitalizaciones de microfilms elaborados por las fuerzas policiales y militares a partir de la década de 1960 e incluyen el período de la dictadura cívico-militar (1973-1985)” y contienen “la información que los servicios represivos decidieron elaborar y preservar, mientras que muchos otros documentos han desaparecido o aún no han sido encontrados”.
La aparición se da en un contexto particular para los archivos y la información relacionada al pasado reciente. Por un lado, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, envió al Parlamento un proyecto de ley por el que se disponibiliza el acceso global al archivo Berrutti a través de una sección en la web del Archivo General de la Nación (AGN). Por otro, la Universidad de la República (Udelar) tiene previsto inaugurar junto a la Institución Nacional de Derechos Humanos un repositorio que contenga este mismo archivo, y por último, el proyecto interdisciplinario Cruzar, de la Udelar, exige al ministerio que entregue la copia de un informe elaborado en 2005 por dos oficiales militares que podría echar luz sobre el destino de los detenidos desaparecidos, el fin último y más importante de todo lo que rodea a los archivos militares.
“Todo aquello que tenía oscuridad en pocas horas tuvo luz pública”, entendió García en rueda de prensa, luego de anunciar que la cartera había elevado una denuncia a Fiscalía para que investigara el tema por considerar que es quien tiene “todos los instrumentos de peritaje, informáticos, etcétera, para saber cuál es el origen de esto y al mismo tiempo la veracidad” de los archivos.
Sin embargo, volviendo a la lectura política, el ministro dijo creer que esto confirma “lo acertado de la decisión del gobierno” y, por ende, “la necesidad de aprobar el proyecto de ley” con cierta “rapidez”, puesto que “sería una garantía que fuera el Estado el que tuviera la administración y la publicación y que sea al amparo de la ley y no en el anonimato”.
“Si no hubiéramos presentado el proyecto de ley y si no hubiéramos dado un debate público, hoy no estábamos con esta realidad”, sentenció. Desde el ministerio informaron a la diaria que no se hará una investigación interna por entender, justamente, que es la Fiscalía la que tiene los implementos técnicos para dar con los responsables de la filtración.
“Él es el jerarca, tiene que hacer una investigación interna, es a él que le corresponde decir dónde están los archivos que se digitalizaron para esta iniciativa”, entendió la investigadora y exdirectora de la Secretaría de Derechos Humanos Isabel Wschebor, consultada por la diaria.
Para Wschebor, es necesario “insistir” en que se diga “exactamente dónde están guardados los rollos que efectivamente publicaron y sobre los cuales no conocíamos su existencia previa”, en el entendido de que “nunca fueron trasladados a otro lado” fuera de dependencias del Ejército. “Queremos saber si existen o no, si existen más rollos y si se lograron digitalizar, que el ministro proceda a enviarlos al AGN con el conjunto de los otros rollos que estaban desde la época de Berrutti”.
¿Por qué?
Ahora bien, el periodista e integrante de Cruzar, Samuel Blixen, señaló a la diaria que al haber “documentos que no están en ningún archivo conocido obtenido” queda claro que las filtraciones “son de origen militar”, es decir, “que alguien está llegando a un archivo madre” que va más allá del Berrutti.
“A mi juicio, sólo un militar puede acceder a eso”, sentenció Blixen, e indicó que si bien “puede ser un militar por las de él, que copia clandestinamente cosas y las sube”, su hipótesis es que se trata de “un operativo de inteligencia que le genera problemas al ministro”.
Asimismo, Blixen señaló otro detalle: el archivo Berrutti “se puede copiar pero no se puede modificar, por lo tanto, o pones un rollo o no lo ponés”, lo que no se puede hacer es “introducir nuevas cosas”, pero habría que cerciorarse si en estos nuevos archivos se pueden dar estos cambios.
“¿Quién tiene más archivos de los que hay? Para mí es una operación de los militares”, agregó el también integrante de Cruzar, Nilo Patiño. “Hay rollos que no estaban originalmente en el archivo, ¿quién va a tener esos documentos si hasta ahora no habían aparecido?, es una jugada que pretenderá algo”, sentenció.
Por su parte, quien fuera coordinador de inteligencia en gobiernos del Frente Amplio (entre 2010 y 2011), Augusto Gregori, dijo a El Observador y le repitió a la diaria que está claro que esto “no es obra de una sola persona”, y marcó el hecho de que “por primera vez el Ejército está encolumnado detrás de un partido político que además tiene representantes en el Parlamento”, en referencia a Cabildo Abierto. Las motivaciones de la filtración, sin embargo, siguen siendo un misterio.