Mientras el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) insiste con que no encuentra el informe solicitado por el proyecto interdisciplinario Cruzar, de la Universidad de la República, el juez Javier Gandini dispuso que se cite a declarar tanto a los generales involucrados en su elaboración como a quienes manifestaron conocer el informe y al actual comandante en jefe del Ejército.
En un plazo de seis días, se deberán aportar los domicilios del excomandante en jefe Ángel Bertolotti, quien en mayo de 2005 encargó la elaboración de un informe completo sobre los detenidos desaparecidos al teniente general Carlos Díaz –también citado– y al general Pedro Barneix –que se suicidó en 2015, cuando iba a ser notificado de su detención– para entregárselo al entonces presidente, Tabaré Vázquez. Según Cruzar, lo que le llegó a Vázquez en ese entonces era sólo una parte del informe.
La información aparece mencionada en la transcripción del tribunal de honor al que se sometió Bertolotti en 2006 y luego fue confirmada por Díaz y también por el comandante Juan Pomoli, que manifestó conocer la elaboración del informe y será citado a declarar. El general Raúl Gloodtdofsky, jefe del Estado Mayor personal de Bertolotti en su tiempo como comandante en jefe, y quien ocupa el cargo hoy, el general Mario Stevenazzi, también comparecerán como testigos. El ministerio, sin embargo, dijo no tener la dirección de ningún testigo, a excepción de Stevenazzi.
Cruzar también pretendía citar al excomandante en jefe y actual senador Guido Manini Ríos, pero el juez no dio lugar a esto por entender que no estaba en funciones en ese momento y tampoco aparece mencionado en los archivos.
Luego de que el viernes el ministerio manifestara mediante un escrito que seguían sin poder encontrar el documento –originalmente había respondido que no se podía “obtener una copia”–, “fueron a la audiencia de hoy pensando que nos íbamos a dar por satisfechos con esa respuesta”, manifestó a la diaria el abogado de Cruzar, Juan Ceretta.
Entonces, se pidieron más pruebas, entre ellas que “se intimara al ministerio a agregar los datos que identifican al expediente”, en el entendido de que “este informe no es un papel que anda suelto volando por ahí, es un expediente: hubo alguien que dio la orden para que se creara, una orden para que se archivara. Al menos que digan cuál es el último lugar donde estuvo antes de perderse”.
Aunque el documento haya sido destruido, tendría que haber, de todas formas, “una constancia que diga quién dio la orden de destruirlo”, sostuvo Ceretta. Los citados, además, “son todos militares retirados que tampoco tienen una gran relación con el ministro actual”.
Más allá de lo que resulte de la audiencia en relación con este informe en particular, Ceretta aseguró que “este es el comienzo” y seguirán insistiendo “con otros documentos que ya identificamos que tienen información”, más allá de que “este parece ser el más valioso por la generalidad y el contenido”.
Estos otros documentos tras los que irá Cruzar “están certificados de que tienen información de casos puntuales”. “En algún documento que se nos entregó no aparece estrictamente el dato de la detención, sino que aparecen datos falsificados”, pero sí se hace referencia “a legajos de operaciones que tienen número, el legajo de OCOA [Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas] o el legajo del Fusna [Cuerpo de Fusileros Navales]”. Estos expedientes –de los que sí hay números– “son los que tienen la verdad”, aseguró Ceretta.
En su sentencia, el juez entendió que se debía dar lugar a lo solicitado por Cruzar puesto que se necesita recabar pruebas para “acreditar que el documento está en poder del Estado para que su acción de acceso a la información sea admitida”.
El director general de Secretaría del MDN, Cipriano Goñi, insistió en que la cartera fue “muy contundente” en dejar “expresamente constatado que nosotros realizamos una nueva búsqueda pero no pudimos encontrar el documento”.