En 2006, la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, informó que se había encontrado una “pieza llena de materiales” en la ex Escuela de Inteligencia del Ejército. Se refería a una cantidad importante de archivos militares vinculados a la última dictadura cívico-militar (1973-1985), que requerirían el trabajo de un “equipo de especialistas” para su “lectura y digitalización adecuadas”.
Estas declaraciones a la prensa son recogidas en el artículo “Los ‘archivos de la represión’ en la era de la reproductibilidad técnica”, de la historiadora Isabel Wschebor, que en su introducción repasa el recorrido hecho por estos cientos de rollos de microfilms en los albores del primer gobierno del Frente Amplio (FA). El contenido del archivo fue digitalizado, en su momento, en CD, y los microfilms originales almacenados en el Archivo General de la Nación (AGN), que lo declaró reservado por 15 años, “para que sea útil para los pedidos de la Justicia o a las personas directamente implicadas; si el expediente refiere a tu persona, vos lo podes pedir”, explicó Wschebor a la diaria.
Las versiones digitalizadas fueron a parar también a equipos de investigación de la Universidad de la República (Udelar), a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y, cuando se creó, al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Según explica Wschebor en su artículo, el archivo está compuesto en su mayoría por “expedientes producidos por diversos servicios de inteligencia militar como insumos para los procedimientos de investigación a personas y organizaciones”. Es decir, archivos de espionaje.
Este archivo, desarmado, es lo que el gobierno, por medio de un proyecto de ley enviado al Parlamento por el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), pretende liberar para la consulta pública, en una sección especial dentro del AGN. En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo “ratifica su más férreo compromiso con la transparencia, entendiendo necesario acercar el conocimiento de datos, acciones, así como documentos que hacen a la gestión de gobierno a la mayor cantidad de personas” con “mínimos o nulos requisitos y exigencias”.
Si bien en el texto del proyecto se asegura que la información estará disponible “sin perjuicio del mantenimiento en reserva de los datos vinculados a la vida privada y el entorno familiar de los individuos”, así como también “la información que pueda ser considerada sensible o pasible de afectación a terceros”, esta fue, sin embargo, la principal preocupación del FA respecto de la propuesta: el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, entendió que “a las víctimas del terrorismo de Estado hay que cuidarlas, no exponerlas”.
La respuesta del ministro Javier García no se hizo esperar. En una entrevista con Búsqueda, apuntó contra la oposición y cuestionó los dichos de Pereira, y dijo que le daba “la impresión” de que “esa especie de pacto de los combatientes que hubo en los momentos trágicos de Uruguay se fue prolongando en el tiempo”, pacto que involucró “a gente que estuvo en el MDN” durante los gobiernos del FA.
No obstante, si bien es un cambio respecto del estado de reserva que hoy tiene el archivo, hay una realidad: su contenido en parte se conoce, ha habido investigaciones al respecto y hay una gran cantidad de documentos que todavía están “en la órbita del ministerio”, explicó Wschebor, y entendió que deberían pasar al “dominio civil, a custodia del AGN, con todas las garantías de lacrado y de identificación de pasaje integral a dominio civil”.
Para la investigadora, también se debería “conocer cuáles son las propuestas del gobierno en torno a los recursos humanos, materiales, de acondicionamiento físico, que habrá para garantizar una adecuada transferencia de estos archivos producidos en el pasado a dominio del AGN”, puesto que hoy “es una pequeña sección que cuenta con un funcionario y un espacio físico limitado”.
Para llevar a cabo este procedimiento, “es necesario contar con más recursos, ampliación del espacio físico y fortalecimiento de la infraestructura para el procesamiento de los volúmenes de documentación existentes”, algo que no está precisamente previsto en el proyecto de ley.
Otra alternativa
La Udelar firmó, en mayo de 2021, un convenio de cooperación con la INDDHH para crear un repositorio de archivos sobre el pasado reciente, que sea, justamente, de acceso público. La institución fue depositaria de los archivos que tenía el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, y la universidad, además de tener también cierto volumen de archivos, produce investigaciones por medio del proyecto Cruzar.
El repositorio se va a inaugurar “en las próximas semanas”, confirmó el docente Gregory Randall, quien forma parte de Cruzar. Será accesible para “cualquier persona”, pero “con un protocolo de acceso” en la misma oficina.
Según Randall, “va a ser un aporte para que la sociedad pueda acercarse a esa documentación”, que contendrá “todo el archivo Berruti”, aunque esperan que “se vaya enriqueciendo con otros materiales”.