La fiscal Gabriela Fossati denunció por difamación e injurias en febrero al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. También denunció por difamación, injurias y violencia al periodista Alberto Grille, director de Caras y Caretas, y al periodista Carlos Peláez, que integra el mismo medio. Además, denunció a tres usuarios de Twitter.
La investigación fue asumida por la Fiscalía de Flagrancia de 8º Turno, a cargo del fiscal Leonardo Morales. Morales resolvió el archivo de la investigación, según informó MVD Noticias. Desde Fiscalía indicaron que no se configuró un delito y, además, que los funcionarios públicos están expuestos a “un mayor grado de escrutinio que un ciudadano común”. Por eso se descartó que se haya configurado el delito de difamación e injurias.
Según el documento de archivo de la investigación, Fossati denunció a Pereira porque dijo a El Observador que la fiscal “no ha actuado de acuerdo a derecho”; también porque en Montevideo Portal señaló que “lo de [Gustavo] Leal es una mala anécdota de lo que no debe hacer un fiscal”; y porque en este medio planteó que “se busca tapar con este tema un problema de corrupción al lado del presidente”. En el caso de los periodistas, Fossati denunció a uno por haber difundido un audio de una conversación que tuvieron y al otro por opinar sobre ese audio.
Como conclusión, el fiscal indicó que las cuestiones sobre las que opinaron los denunciados fueron de un “elevado interés público” y que incluso “no se conoce a la fecha, por lo menos en los últimos años, un tema tan importante que haya acaparado tanta atención pública, lo que ameritó la alta exposición mediática de dichos temas en forma reiterativa y permanente y en todos los medios de comunicación”.
Por eso, Morales entendió que en su calidad de presidente de un partido o de periodistas, “inmersos en una sociedad que se había politizado frente a tales hechos, procuraron informar, opinar, recabar información, criticar, elogiar en su momento, etcétera, respecto a estos hechos de alto interés social, ejerciendo su derecho humano de libre expresión, por lo que se estima que más allá de que sus posiciones fueren más o menos vehementes, según el sector o grupo que los escuchare o leyere, actuaron dentro de la licitud”.
“Las expresiones vertidas y consideradas injuriantes por la denunciada, que puede uno compartirlas o no, tuvieron un viso de veracidad, respaldados por los elementos que tuvieron los denunciados al momento de formular sus expresiones”, señaló. Puso como ejemplo que uno de los denunciados estimó que la fiscal “al no querer inmolarse en sus funciones” estaba “demostrando una especie de cobardía en su función, dichos que encuentran su respaldo en el audio enviado, y como tal expresó su parecer u opinión, no suponiendo ello ser veraz, pero tampoco un hecho delictivo”.
La “sugerencia” de Fossati para la investigación
Se indica en el documento que Fossati sugirió que se pidiera para la investigación un informe de la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de la República o a otra universidad, “a los efectos de que informe de la existencia de un derecho humano por encima de los demás”, en relación a la libertad de expresión y a las conductas que denunció como delictivas. Trascendido el archivo, Fossati puntualizó en este aspecto: “Lástima que el colega Morales no haya pedido una opinión de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Udelar sobre los derechos humanos en conflicto, como le pedí”. “Es lo único que quería”, señaló la denunciante, que agregó que “Morales es un buen técnico” y que procederá a “soltar y pasar la página”.
Al respecto, Morales consideró que dada su independencia técnica, no era de utilidad solicitar este informe porque no tenía dudas del “elenco de derechos humanos existentes y la posición que posee el derecho de libre expresión frente a ellos”.
Un derecho y una investigación sin sustento
En la investigación, Pereira declaró haber hecho estas expresiones, las que subrayó que eran su opinión y que no consideraba que fueran un agravio. Dijo que discrepó con el fallo de la fiscal y sostuvo que era su derecho poder plantear “el punto de vista del partido político que representa”. Sobre los problemas de corrupción, señaló que hizo alusión al gobierno y no a la actuación de la Fiscalía.
Tras el archivo de la investigación, en rueda de prensa sobre otros temas, Pereira habló sobre este caso y dijo que “teníamos la tranquilidad absoluta de que en un país democrático, los presidentes de los partidos políticos podemos opinar sobre fallos de los fiscales, sobre los fallos de la Justicia, y sobre la actividad política en general. Como pueden opinar de nosotros”. “Leí todas las notas y escuché todas las notas que me hicieron en esos días y claramente no había ni ofendido ni injuriado a la fiscal Fossati”, señaló, y agregó que “es una fiscal que ni siquiera conozco, que no tengo nada en contra”.
“Estuvo bien la Fiscalía en archivar una investigación que no tenía fundamento”, sostuvo Pereira. “Me llamó la atención la iniciación de la investigación, incluso algunos agravios que dijo después, pero claramente la Justicia archivó una causa que desde mi punto de vista no tenía ningún fundamento legal y menos político”, subrayó, a la vez que sentenció que “el día que el presidente de un partido no pueda opinar sobre los temas de actualidad nacional, no digo que es el fin de la política, pero es un daño enorme a la política”.
“Por qué llevó el tema a este nivel, por qué me expuso de esta manera no lo entiendo, tendrá que explicarlo ella en algún momento”, lanzó Pereira, que también agregó como cuestionamientos “por qué dice que mis expresiones fueron de odio, cuando no hay ninguna expresión de odio ni hacia ella ni hacia nadie”.
Según Pereira, “es parte de una campaña a la que vengo acostumbrándome: que en Uruguay cualquier problema parece que lo tiene el Frente Amplio”. En este sentido, indicó que “parecería que una fiscal puede decir que el Frente Amplio la sacó de la Fiscalía”. “¿Con qué pruebas? ¿Con qué elementos? ¿Con qué análisis? ¿Es que los fiscales sí pueden hacer política partidaria opinando sobre un partido político y los dirigentes no?”, cuestionó. Remarcó que para hacer estas afirmaciones se había basado netamente en dichos de Fossati en prensa. “Ella opinó sobre un partido político al cual yo pertenezco”, concluyó.
Delitos descartados
En lo que respecta a la denuncia contra los periodistas, Fossati planteó que las opiniones emitidas afectaron su honor y que “se ha ejercido violencia moral para forzarla a tomar decisiones no ajustadas a derecho”. Destacó que Grille opinó que era “cobarde”, que trató de “preservar a los poderosos”, que tuvo “falta de ética, y que “no quería ir a fondo” en la investigación sobre Astesiano.
Grille declaró que su intención no fue agraviarla ni ejercer violencia privada. Indicó que “cuando habla de cobardía, no lo hizo en forma de denostar, sino de demostrar la falta de ánimo que la misma revelaba en sus audios” que fueron difundidos por su medio, en los que Fossati afirmaba en relación a la investigación sobre Astesiano: “Yo no me voy a inmolar”. El director de Caras y Caretas afirmó que cuando habló de “preservar a los poderosos” y sobre la “falta de ética”, lo hizo “desde la óptica de la Justicia” y no en referencia a la fiscal.
Peláez por su parte declaró que él aportó el audio en el que Fossati sostiene estos dichos porque los consideró “de altísimo interés público” pero que “nunca consideró agraviar” a la fiscal, la que “nunca pidió reserva, no interviniendo por amistad, sino en calidad de periodista”.
Morales descartó que las conductas de Grille o Peláez se puedan encuadrar en un delito de violencia privada. También desechó la idea planteada por Fossati que apuntaba a señalar que la “filtración” de este audio “fue con la intención de amenazar a través de un medio de comunicación [Caras y Caretas], y lograr de esa forma, que la fiscal dirigiera su investigación hacia otro lugar”. Para el fiscal, la charla divulgada por el periodista no conlleva un ilícito porque fue una conversación voluntaria, sobre la que no existía una reserva legal para su divulgación; y afirmó que “no se puede considerar amenaza” la publicación de este contenido “con la finalidad de que variare el curso de la investigación”, menos aún considerando que ese audio fue publicado cuando Astesiano ya había sido condenado.
La libertad de expresión
En lo que respecta a los delitos de difamación e injurias, Morales sostuvo que la Constitución establece que es enteramente libre de toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados de prensa o cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura, quedando responsable el autor y, en su caso el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren”. También trajo a colación los principios rectores de la libertad de expresión que están protegidos por legislación nacional e internacional.
A su vez, sostuvo que la libertad de expresión cobra aún más relevancia cuando se trata de opiniones de personas y funcionarios públicos que tengan una exposición social de relevancia o que hayan estado involucrados voluntariamente en asuntos de interés público. También cuando se hace cualquier manifestación sobre asuntos de interés público. El fiscal entiende que solo existiría responsabilidad penal cuando resulte probada la “real malicia” de agraviar a una persona o vulnerar su vida privada.