Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, reportó ante la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria, que es bicameral, y ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados una situación que acarrea desde hace tiempo con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE): no se le permite acceder a las historias clínicas de las personas privadas de libertad, aun contando con la autorización de estas a hacerlo.
Para el comisionado esto redunda en la “obstaculización” de su tarea y, por ende, “de la tarea del Parlamento”. Por eso, pidió que se reflexione, que haya una “acción constructiva” que “busque soluciones” y que permita el trabajo institucional, a la vez que planteó que las acciones de su oficina “requieren la fuerza y el aporte de los legisladores para tomar cartas en el asunto y actuar con el área de la salud”.
Petit hizo un racconto de la normativa que creó la oficina del comisionado como un “mecanismo parlamentario con todas las características de un mecanismo de prevención, o sea, con la plena potestad para ingresar a las unidades a cualquier hora del día, solicitar información, presentar recursos judiciales de amparo, de hábeas corpus, realizar acuerdos internacionales, etcétera”. Indicó que se establece también la “obligación de las autoridades penitenciarias” de “informar al comisionado parlamentario lo que se solicite”. Y enfatizó: “Es más, se sanciona la falta de colaboración, incluso recordando que puede constituir un delito”, que es la omisión contumacial de los deberes del cargo, definida en el artículo 164 del Código Penal y citada expresamente en la ley que creó la oficina que dirige Petit.
La historia clínica es propiedad de cada persona
La Ley 18.335, de derechos y obligaciones de usuarios de la salud, establece que la historia clínica es propiedad de cada persona, lo que aplica tanto para las personas que están en libertad como para las que están privadas de ella. Es decir, todas las personas pueden acceder a su historia clínica, compartirla con quien deseen, solicitar copias, y, tal como simplifica Petit, “hacer lo que quieran con ella, mientras no dañen a terceros”.
“Negarnos esa posibilidad constituye una absoluta ilegalidad y, además, una obstrucción a nuestra tarea de promoción de los derechos”, manifestó Petit, y acotó: “No entiendo por qué no se deja ver las historias clínicas”, cuando “más garantías que las que están dando el Parlamento y nuestra oficina sobre el tema no conocemos”. El comisionado insistió en el deber de “reserva” y “responsabilidad política” de su oficina, que es “ni más ni menos” que un “organismo especializado del Parlamento”.
“Realmente me resulta casi absurdo seguir ahondando y fundamentando esto porque me parece tan claro que a esta altura me gustaría que alguien me dijera [...] que existe alguna ley que prohíbe que las historias clínicas de las personas que están privadas de libertad sean vistas por alguien que no sea su médico”, ironizó.
Petit explicó que hay “dos universos de situaciones”. Por un lado, las personas vivas que están presas y que por escrito pueden autorizar a consultar sus historias clínicas. Por el otro, las personas que murieron en cárceles, donde se han enfrentado al impedimento al acceso a este documento de parte de los familiares o, como en muchos casos, ni siquiera hay una familia que pueda pedirla, o un vínculo legal que acredite a una pareja a hacerlo.
“Cuando muere una persona, para nosotros es importante saber qué pasó”, subrayó Petit, y enfatizó en que cuando una persona está presa se genera “un punto de no acceso que, reitero, no me lo explico y me gustaría que ASSE lo explicara, porque si es un formalismo, un elemento formal, normativo, yo no lo veo por ningún lado”, porque la interpretación de las normas “son claras”.
“Se está mostrando una actitud que no puedo catalogar de otra manera, y es la primera vez que lo hago en estos ocho años, de obstaculización a la tarea del comisionado parlamentario y del Parlamento en su promoción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”, algo que Petit lamentó tener que decir porque cree “en el diálogo institucional, en el sentido común, en el acuerdo entre las instituciones”.
El comisionado afirmó que es algo “suficientemente grave” y “muy serio” sobre lo cual desde ASSE “no se pueden llamar a sorpresa porque se los dije, se los transmití por escrito, lo hablamos buenamente en reuniones”, cuando les dijo que “esto es grave”, y enfatizó: “Esto no implica solamente no poder acceder a una información, a una minuta o a un expediente en un centro carcelario. Esto realmente hace una cuestión muy grave”.
Petit reiteró que les manifestó tanto a las autoridades del Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad (SAI-PPL) como a las de ASSE su “máxima voluntad para seguir dialogando y trabajando”, pero sostiene que “el acceso a las historias clínicas de las personas privadas de libertad vivas y aun de aquellas que fallecieron, para poder prevenir causas de muerte y realizar recomendaciones al sistema sanitario, es necesario, no para mí, como titular de esta oficina, sino para el Parlamento”. En este sentido, recordó que en Uruguay hay 15.000 personas privadas de libertad, lo cual representa “un peso demográfico absolutamente desmesurado” ya que es el “único colectivo poblacional que aumenta a este ritmo”. “No conozco ningún otro que se triplique como lo hizo la población del sistema penitenciario en poco más de diez años”, reafirmó.
Las consecuencias de la negativa de ASSE respecto del acceso a las historias clínicas
Según Petit, la negativa de ASSE respecto del acceso a las historias clínicas “tiene consecuencias sustantivas” en varios aspectos. Por un lado, porque la oficina que dirige “tiene que realizar tareas de promoción de salud entre los privados de libertad, y para eso muchas veces debe consultar la situación médica y, en algunos casos, la historia clínica que existe en los centros de salud, ya sea porque la persona lo pide, porque se necesita chequear alguna información, verificar si lo que nos dice es correcto, si lo que entiende que le fue realizado fue hecho o no, o si fue vista por un médico, etcétera”.
El comisionado entiende que se debe aplicar la norma general que regula el acceso a las historias clínicas, que plantea que “la historia clínica es propiedad del paciente y, por ello, puede hacer con ella lo que estime pertinente”.
Destacó que desde 2020 ha tenido múltiples reuniones con ASSE y “desde el principio planteamos el acceso a las historias clínicas, que nos empezó a ser negado”. También indicó que dirigió varias notas al directorio de ASSE en 2021, 2022 y 2023. Además, tuvo varias reuniones con las autoridades en las que enfatizó que deberían tener acceso a la historia clínica de las personas privadas de libertad si estas hacen expresa su voluntad al respecto.
Petit subrayó que “hay una normativa que establece que el comisionado parlamentario es un actor especializado en la promoción de los derechos humanos de determinado grupo de personas, que son las personas privadas de libertad sujetas a sanción penal, y no es un particular ni una institución cualquiera”. A su vez, “es una oficina parlamentaria creada con un mandato específico, con un deber de reserva, y quien ejerce el cargo está sometido a responsabilidad política por sus acciones”.
Para el comisionado es “absolutamente pertinente comprobar lo que señalan las historias clínicas de nuestros asistidos”, lo que no han podido hacer porque “ASSE nos ha negado el acceso a las historias clínicas”.
Una sucesión de protocolos inaplicables
Petit contó que a partir de una reunión con el SAI-PPL de ASSE se empezó a elaborar un protocolo para el acceso, “en el que todavía se está trabajando”.
Primero, el SAI-PPL planteó que las solicitudes de los presos tenían que ser manuscritas, lo cual para el comisionado “tiene muchas dificultades” porque muchos no saben leer ni escribir, o les cuesta hacerlo o no cuentan con materiales para escribir esas cartas de solicitud. Luego “se nos propuso que las personas fueran personalmente a la clínica, lo cual tampoco es práctico ni realista” por las dificultades que implica llevar a las personas –más cuando son más de una– a estos espacios. Según Petit, “habría que paralizar un sector de la cárcel” simplemente para acceder a la historia, con la persona presente, algo que calificó de “impracticable”.
También indicó que se les planteó que la solicitud debía pasar por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para verificar que “la persona sea quien dice ser”, lo que entiende que “no corresponde” porque es un derecho de la persona y no tiene por qué pasar por el INR para que enteren de que este documento va a ser consultado, cuando además afirmó que saben sobre el “clima enrarecido” que hay en algunas cárceles donde hay personas que son agredidas por otros presos por hacer consultas, porque se cree que todo “el mundo institucional” es parte de “una especie de gran enemigo”. Por eso, para Petit “no resulta razonable” y es “inaplicable” esta medida.
Un “enorme desbalance” en la atención de salud en las cárceles
Petit recordó que las reglas mínimas de Naciones Unidas para las personas privadas de libertad, a las que Uruguay adhiere, establecen que “el nivel de la prestación de salud dentro del sistema penitenciario tiene que ser el mismo que existe en la comunidad”.
“Para un país con pocos habitantes como el nuestro, para un país con el grado de desarrollo que tiene Uruguay, para un país con la trazabilidad y la transparencia institucional que tiene Uruguay, atender la salud de las personas privadas de libertad es un deber estatal, es un deber de derechos humanos, un deber de ciudadanía, pero también es un principio lógico de salud de toda la población”, aseguró, y graficó con algunos ejemplos, como la tuberculosis y la salud mental, el impacto que pueden tener en el resto de la población y por qué “la salud penitenciaria va en beneficio de toda la población”. Según Petit, “hoy en día tenemos un enorme desbalance en lo que tiene que ver con la atención de la salud penitenciaria y de la salud en general”.
Los prestadores de salud en las unidades penitenciarias
“La salud dentro de las cárceles es prestada por ASSE en un porcentaje mayoritario y, en otra parte, por la Dirección Nacional de Sanidad Policial, lo cual es una anomalía, que lleva muchos años, porque Sanidad Policial se financia con aportes de los funcionarios policiales y, por lo tanto, no es razonable que ese aporte sea dirigido a otra población”, explicó Petit. Para el comisionado, una “aspiración” que se “ha expresado hace muchos años por múltiples actores refiere a que ASSE asuma plenamente la cobertura de salud de la población penitenciaria, proceso que se inició a fines de 2009”.
El proceso en el que ASSE asuma como prestador de salud en todas las cárceles “ha quedado estancado”. Petit resaltó que “en la anterior Rendición de Cuentas se estableció que ASSE cubriera las cárceles de Canelones y Maldonado, lo que todavía no ha ocurrido”.