El caso de Natalia Lagos fue catalogado como femicidio y su expareja, un expolicía de 29 años que fue dado de baja en 2020 por un caso de violencia doméstica anterior, fue imputado por este delito y por seis delitos más: tentativa de homicidio, privación de libertad, reiterados delitos de violencia doméstica, desacato, hurto y violación de domicilio.
El hombre ingresó a la vivienda de la víctima, de 23 años, que estaba acompañada por un amigo que la cuidaba porque tenía miedo de su agresor, a quien había denunciado hacía tres semanas tras ocho meses de relación. Apuñaló al amigo y agarró las llaves de su auto, tomó a la mujer por la fuerza, la subió al vehículo y colisionó contra un peaje con la intención de matarla. La víctima murió en el lugar, él sobrevivió y tras haber sido dado de alta fue imputado.
La Fiscalía de Atlántida de 2º turno, a cargo del fiscal Ignacio Montedeocar, pidió la imputación del agresor y su prisión preventiva mientras continúa la investigación.
Entrevistado por Subrayado, el fiscal Montedeocar indicó que solicitó la formalización de la investigación por siete delitos: reiterados delitos de violencia doméstica, con episodios de violencia física, psicológica e “indicios también de violencia económica que venía sufriendo Natalia a manos de esta persona”; “violación de domicilio, porque esta persona ingresó al domicilio de Natalia sin su consentimiento y a la vez se acercó cuando tenía vigentes y previamente notificadas medidas de prohibición de acercamiento, con lo cual también configuró el delito de desacato”.
Una vez dentro de la vivienda, “agredió con una puñalada al amigo de Natalia que se encontraba cuidándola debido al temor que ella tenía de estar sola y de recibir la visita de su expareja”, por eso “entendimos que se configuraba también la tentativa de homicidio” contra el amigo de la mujer. Posteriormente, robó el auto del amigo de Natalia y, “a punta de cuchilla, se la lleva a ella por la fuerza contra su voluntad, y ahí tenemos el delito de privación de libertad”. Como se llevó el auto del amigo de Natalia “sin el consentimiento de su propietario, también en ese caso configura el delito de hurto especialmente agravado”. “Ya con Natalia dentro del auto y manejando el vehículo es que se impacta directamente y a altísima velocidad contra una de las barreras de contención del peaje de Soca, ubicado en la ruta 8”.
Según el fiscal, “en base a una cantidad de elementos, y particularmente del anuncio que esta persona había hecho de que su intención era darle muerte a Natalia”, el accidente “no fue un simple siniestro de tránsito”. “No fue un simple accidente sino que tuvo la intención de impactar de esa forma violenta contra la barrera del peaje y de ese modo darle muerte a su expareja”, explicó.
Además, Montedeocar dijo que “teniendo en cuenta que existían antecedentes de violencia doméstica, se daban las circunstancias que prevé el Código Penal para configurar el delito de femicidio. Por lo menos en primera instancia o prima facie, como se dice en términos jurídicos, consideramos que en esta etapa de formalización estaban los elementos para hacer esa solicitud”.
El fiscal explicó que “en el informe forense de autopsia se determina que la causa de muerte fue el impacto por el siniestro de tránsito”. “El motivo del fallecimiento de Natalia fue el impacto contra esa protección del peaje”, indicó.
En la audiencia de formalización, el imputado hizo uso de su derecho a no declarar y no hizo ninguna manifestación en el juzgado. Según el fiscal, su actitud fue “de muy poca colaboración”.
Respecto a la pena por esta acumulación de delitos, el fiscal planteó que se va a resolver en un juicio oral. Las penas para el homicidio muy especialmente agravado van de 15 a 30 años. Además, indicó que “se le pueden agregar medidas de seguridad eliminativas por hasta 15 años más”. “De manera que con sólo ese delito nosotros estaríamos habilitados a pedir el máximo de pena, y dadas las características del caso, y la cantidad de otros delitos que también se le imputarían en una acusación a esta persona, entendemos que vamos a estar sobre el máximo o muy cerca del máximo de las penas que habilita el Código Penal”, acotó. Así es que el femicida puede llegar a estar hasta los 74 años preso.
El agresor tenía otro antecedente de violencia doméstica por el que fue dado de baja de la Policía y debió usar una tobillera electrónica. Al respecto, Montesdeocar resaltó que “eso fue considerado para determinar el perfil de la persona”. “Lo tuvimos en cuenta justamente para mostrarle a la sede judicial cuáles eran las características de personalidad del individuo y de esa manera también darle contexto a la imputación de femicidio que nosotros estábamos solicitando”, explicó.
Para el fiscal, “con un caso de tal gravedad y con una personalidad como la que ha demostrado hasta el momento el imputado, no recibiría un beneficio de libertad por buena conducta” que acortara su pena.
Consultado sobre si el agresor tuvo intenciones de “matarla y matarse”, el fiscal respondió que “por los distintos indicios que surgían de la carpeta entendemos que la intención claramente fue de impactar contra el peaje y con eso quitarle la vida a Natalia y eventualmente quitarse la vida él”. Pero aclaró que lo que “tiene relevancia penal en este caso es el atentado contra la vida de Natalia, porque lo otro sería un suicidio y no es reprochable penalmente”.
Respecto a si el agresor tenía el cinturón de seguridad puesto, dadas las diferencias en el tenor de las lesiones que sufrió la víctima, Montedeocar indicó que no tiene el dato, pero agregó que “Lo que sí surge informe de la autopsia es que la fallecida no tiene marcas de cinturón de seguridad, y, en principio y más allá de que restan informes técnicos por realizar, tiendo a pensar que él no lo llevaba puesto”.