La Fiscalía General de la Nación compareció este miércoles ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, en una reunión en la que volvió a ser tema de debate la independencia de los fiscales respecto de la política partidaria.
El fiscal de Corte, Juan Gómez, presentó ante los legisladores que integran la comisión una propuesta para la equiparación salarial de los fiscales adscriptos y adjuntos, dado que realizan la misma tarea, y planteó la necesidad de integrar 18 fiscalías que no alcanzan a tener el equipo básico, con un fiscal y dos adscriptos.
“Pedir respuestas rápidas de gente que está absolutamente al palo trabajando es difícil”, comentó Gómez en una rueda de prensa en referencia a los reclamos, por parte del sistema político, de mayor celeridad en la resolución de las investigaciones.
Además, Gómez, quien calificó de “agridulce” la comparecencia, dijo que no era por elección propia que estaba subrogando el cargo de fiscal de Corte y se refirió a los cuestionamientos sobre la independencia de los fiscales. “Los cuestionamientos son naturales; me llama la atención que a veces estén hechos por personas de un alto nivel intelectual y [que] ven el árbol pero no ven el bosque. Son cosas que pasan en la vida (...) Hay gente que parecería no admitir que yo diga, sostenga y cumpla que no estoy al servicio de ningún partido, de ninguna agrupación, de ningún grupo de interés, y [que] lo único que me interesa al final de mi carrera es que las cosas sean las correctas. Hay gente que no quiere creer”, expresó en declaraciones recogidas por Radio Montecarlo.
Según supo la diaria, los cuestionamientos a la Fiscalía llegaron principalmente del senador Guillermo Domenech. El senador cabildante expresó su respaldo a la fiscal Gabriela Fossati, quien alcanzó un acuerdo con Alejandro Astesiano para cerrar la investigación en su contra y dijo que había sido víctima de acoso laboral tanto por parte del exfiscal de corte Jorge Díaz como de Gómez.
Por su parte, la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi cuestionó la forma en la que se está aplicando la disposición de la Rendición de Cuentas pasada para la aplicación de un sistema aleatorio para distribuir las causas. El presidente de la comisión, el nacionalista Rodrigo Blás, manifestó estar de acuerdo con esta afirmación y dijo sentirse decepcionado por la forma en la que se está aplicando el sistema establecido en el artículo 7 de la Rendición de Cuentas del año pasado. Desde la fiscalía se planteó que el sistema se aplica en la medida en lo que permite la organización del trabajo de la fiscalía con los recursos humanos con los que cuenta. Como ejemplo de esto dijo que las ciudades que cuentan con un solo fiscal no tienen ninguna posibilidad de aplicar el sistema, a lo que se suma la necesidad de considerar las especializaciones de cada fiscalía.
En diálogo con la diaria, el senador del Frente Amplio (FA) José Carlos Mahía dijo que el tono de la comparecencia constituyó “un episodio más del cuestionamiento de algunos actores políticos a la actuación de la Fiscalía General y al fiscal” de Corte, y señaló la presión que ejercen contra la Fiscalía “algunos sectores de la vida política, algunos sectores partidarios y algunas bancadas de senadores”. “Creo que lo que debería hacer el sistema político en su conjunto, y cada uno de nosotros, es dar apoyo, respaldar institucionalmente a la Fiscalía General, y no intentar socavarla en función de si nos gustan o no los resultados de las investigaciones fiscales”, agregó.
Mahía dijo que desde la oposición “podemos tener opiniones discordes con algunos fallos de la Fiscalía, pero otra cosa es estar un día sí y otro también intentando torcer las acciones de la Fiscalía y de los fiscales en función de intereses político-partidarios, como hemos visto por parte de distintos actores políticos”.
El senador también se refirió al apoyo del FA a la propuesta sobre equiparación salarial, en un proceso que trascendiera este pedido de gobierno, por lo que entiende que debería ser un artículo consensuado por todos los partidos, sobre todo teniendo en cuenta la existencia de procesos judiciales contra el Estado por este tema, que podrían resolverse por esta vía.