La fiscal especializada en Estupefacientes de primer turno, Mónica Ferrero, investiga una denuncia realizada por el juzgado de Ejecución y Vigilancia de 8° turno, quien constató varias maniobras de falsificación de documentos del Instituto Nacional de Rehabilitación, según informaron a la diaria fuentes judiciales.
La denuncia, presentada por el juez de Ejecución Nelson dos Santos, reveló una trama de engaños por parte de Matías Campero, imputado por la causa que investiga la fuga de González Bica, a partir de documentos falsificados presentados en los juzgados.
Según explicaron fuentes judiciales, para concretar la maniobra Campero se presentaba en los juzgados de Ejecución y Vigilancia, que tiene como cometido realizar el seguimiento del cumplimiento de la pena, y pedía los expedientes para revisarlos en el juzgado y modificaba las hojas vinculadas al cómputo de redención de pena por trabajo y estudio.
Las horas de trabajo o estudio son registradas por los departamentos laboral y educativo de los establecimientos carcelarios, quienes envían la información a los juzgados de Ejecución y estos devuelven la información con el plazo de pena actualizado, con la reducción de la pena calculada.
Luego de que Campero modificaba la fecha, informaba a través de familiares del privado de libertad el nuevo vencimiento de pena, y cuando llegaba el día el condenado reclamaba su salida. Al diferir la información registrada en el departamento carcelario con la que reclamaba el privado de libertad, se comunicaban con el juzgado correspondiente y, en los casos en que se concretó la maniobra, el juzgado ordenaba la libertad del condenado.
Además de investigar si hay otras personas implicadas, particularmente los abogados que trabajaban con los reclusos o personas vinculadas, también se investigan casos en los que Campero no modificó el expediente y simplemente hizo creer a las personas privadas de libertad y sus familias que lo había hecho.
El caso fue designado por el fiscal de Corte, Juan Gómez, a la fiscal Ferrero, dado que la causa podría unificarse con la investigación sobre la organización criminal por la que, además de Campero, fueron imputados la abogada Mercedes Acosta y uno de los beneficiarios de las adulteraciones.
En esa causa, la Fiscalía evalúa el pedido de formalización del proceso contra la abogada Elizabeth Frogge, una de las abogadas que trabajaron con Campero y que está siendo investigada por al menos cuatro casos de fugas, basadas en falsificación de documentos judiciales, por los que Campero cobraba entre 30.000 y 100.000 dólares.
Campero es un estudiante avanzado de derecho que mediaba entre personas imputadas por narcotráfico en la zona del Cerro y sus abogados, presentando diferentes documentos falsificados, certificados médicos, documentos que simulaban ser recursos de amicus curiae del Comisionado Parlamentario para mejorar las condiciones de reclusión de los privados por libertad o cambiar la pena o medida cautelar de prisión efectiva por prisión domiciliaria y documentos del Instituto Técnico Forense.
El primer caso, por el que fueron imputados Campero y Acosta, está vinculado a la fuga del narcotraficante Juan Antonio González Bica, quien fue detenido, el 12 de junio de 2022, con 423 kilos de cocaína y pasta base que trasladaba en una falsa ambulancia por la ruta 8 desde Cerro Largo a Montevideo. González Bica obtuvo la prisión domiciliaria a fines de agosto en una audiencia en la que participó Campero. En esa instancia, la abogada de Acosta presentó ante la jueza de Crimen Organizado de 2° turno, María Helena Mainard, un certificado médico falso que planteaba que González Bica sufría una insuficiencia renal. Tras obtener la prisión domiciliaria, rompió la tobillera y concretó la fuga.
Ante ese caso, el Poder Judicial envió una circular a todos los jueces del país en la que ordenó la revisión de todas las prisiones domiciliarias vigentes y particularmente la revisión de la autenticidad de los documentos que se presentaron para fundamentarlas.
En cumplimiento de ese pedido, la jueza de crimen organizado de primer turno, Adriana Chamsarian, informó de una nueva fuga, la del narcotraficante Miguel Ángel Leal da Costa, quien había sido condenado en febrero de 2022 a cuatro años y medio de prisión, en el marco de la Operación Babilonia, en la que se incautaron 17 kilos de cocaína, 20 kilos de pasta base, 40 gramos de marihuana, seis vehículos, tres armas y 90.000 dólares.
En esa audiencia, en la que también participó Campero, la abogada de Leal da Costa era Elizabeth Frogge y el documento que habilitó la prisión domiciliaria que derivó en la fuga también aludía a una insuficiencia renal. Fuentes judiciales dijeron a la diaria que, en ese caso, la organización cobró 30.000 dólares.