El fiscal especializado en Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género de primer turno, Schubert Velázquez, definió el sobreseimiento de los tres imputados por abuso sexual en la causa que investigó una denuncia de violación grupal en Cordón.
La denuncia fue realizada el 23 de enero de 2022 por una mujer que manifestó haber sido víctima de una violación grupal en la casa de los denunciados. Tras la denuncia, la Justicia formalizó el proceso contra los tres jóvenes por abuso sexual especialmente agravado y fueron enviados a prisión preventiva y luego a prisión domiciliaria. Además, un adolescente, también involucrado en los hechos, fue investigado por la Fiscalía.
A partir de la formalización, que se concretó el 4 de febrero de 2022, la Fiscalía comenzó a recabar evidencia para probar la comisión del delito en un juicio oral. El caso pasó por varios fiscales, hasta que en abril de 2023 la fiscal subrogante de Delitos Sexuales de cuarto turno, Judith Rodríguez, concluyó que no había elementos para llevar a los imputados a juicio, pidiendo el sobreseimiento de los imputados, que fue otorgado por la Justicia.
Ante la decisión judicial, la defensa de la víctima, llevada adelante por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, pidió el reexamen del archivo de la causa por otro fiscal. Luego de que todos los fiscales de Delitos Sexuales se excusaran por distintos motivos de intervenir en la revisión del caso, la causa fue tomada por Velázquez, que coincidió con su antecesora en que no existían elementos para acusar a los imputados por el delito de abuso sexual.
La investigación penal continuará sobre uno de los denunciados en la causa, que también fue imputado por el delito de difusión de contenido pornográfico sin autorización de la víctima, dado que participó en la entrega de un audio del episodio al periodista Ignacio Álvarez con la intención de demostrar su inocencia.
A partir de la difusión de estos audios con contenido íntimo en La Pecera, la Fiscalía ordenó una investigación de oficio que fue asumida por la Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia de Género de sexto turno, por el delito previsto en el artículo 92 de la Ley 19.580. Por eso el periodista tuvo medidas cautelares de comunicación y acercamiento a la víctima.