La Justicia aceptó parcialmente el hábeas corpus presentado por operadores y policías de la Unidad 5 Femenino por el hacinamiento en esa cárcel. El Ministerio del Interior fue condenado a presentar un plan en un plazo de 45 días para realojar a personas privadas de libertad del tercer piso, el más complejo, a otros sectores hasta disminuir al 120% el nivel de hacinamiento. Además, se brindó un plazo de 120 días para tomar acciones tendientes a abordar la falta de personal, a los efectos de permitir el ejercicio del derecho a realizar actividades laborales, educativas y recreativas, y cesar prácticas de aislamiento prolongado.
Ni bien se dictó esta sentencia, la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe), que nuclea sindicalmente a los operadores penitenciarios, emitió un comunicado en el que rechazó este movimiento judicial realizado por funcionarios de la Unidad 5 y alertó sobre los riesgos que implica. Plantearon que no es una solución real y que hace que el sistema político no asuma su responsabilidad; afirman que “la situación exige una acción concreta y sostenible en lugar de medidas superficiales que no resolverán los problemas subyacentes”.
En un nuevo comunicado emitido este lunes, Ofucipe informa sobre la situación actual de la Unidad 5: “Como sindicato, habíamos advertido sobre la posibilidad de traslados compulsivos a otras unidades y, aunque esto aún no ha ocurrido, enfrentamos una serie de circunstancias altamente preocupantes en relación con los ‘cambios de pisos’ dentro de la unidad”.
“En este sentido, hemos observado con inquietud que se están produciendo ‘cambios de pisos’ forzosos que están afectando negativamente a las personas privadas de libertad, quienes se ven obligadas a cambiar de sectores, lo cual socava su progresividad y la convivencia interna”, indicaron. Explicaron que “estas prácticas, que se están llevando a cabo ‘por las buenas o por las malas’, están generando una tensión extrema en el ambiente penitenciario, poniendo en riesgo tanto a las personas privadas de libertad como a las trabajadoras y trabajadores civiles”.
A su vez, recordaron hechos pasados: “Es importante destacar que hace menos de un mes sucedieron dos casos puntuales, como las agresiones a compañeros civiles y un caso de autoeliminación por parte de una persona privada de libertad”. “Estos incidentes subrayan la urgente necesidad de buscar soluciones alternativas que promuevan un entorno más seguro y humano en el sistema penitenciario”, remarcaron.
Desde Ofucipe rechazaron “enérgicamente estas prácticas” y reiteraron su “compromiso con la búsqueda de soluciones que respeten los derechos humanos de todas las partes involucradas”. “Estamos trabajando para organizar reuniones y colaborando estrechamente con Fam Pres [la organización Familiares de Presos] en esta tarea”, sostuvieron.
Finalmente, recordaron “la responsabilidad fundamental del poder político en el estado del sistema penitenciario y la supervisión de las buenas prácticas”. “El respeto por los derechos humanos debe ser un principio rector en todas las decisiones relacionadas con el sistema penitenciario”, sostuvieron. Por eso, concluyeron: “Instamos a las autoridades a tomar medidas concretas para abordar esta situación y garantizar un entorno seguro y respetuoso para todas las personas involucradas en el sistema”.
Desde el Ministerio del Interior informaron a la diaria que no existieron “traslados compulsivos” y que se trabaja en una reestructura interna consensuada.