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Doris Morales, presidenta de la Suprema Corte de Justicia (archivo, julio de 2023).

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Heber se reunió con la presidenta de la SCJ, Doris Morales, y hablaron de seguridad, narcotráfico y violencia doméstica

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El ministro del Interior le dijo a Morales que sus cuestionamientos a las decisiones judiciales no apuntan a la institución, sino a una molestia puntual con la jueza María Helena Mainard.

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Leído por Mathías Buela.
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El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, recibió a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Doris Morales, y al director de Servicios Administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce, para conversar sobre la decisión de la jueza de Crimen Organizado de 2° turno, María Elena Mainard, que aceptó un recurso de hábeas corpus a favor del traslado del narcotraficante Ricardo Cárceres, conocido como Ricardito.

El miércoles el ministro expresó su molestia con la decisión judicial y aseguró que la magistrada “no ayuda” al combate al narcotráfico.

El hábeas corpus presentado por la defensa de Ricardo Cárceres planteó la necesidad de que fuera trasladado desde la Unidad 25, un sector de máxima seguridad que funciona en el predio del Comcar, a otro establecimiento carcelario donde pudiera acceder a horas de patio y la posibilidad de trabajar o estudiar. “La jueza lo saca de la máxima seguridad, del aislamiento. ¿Para qué? ¿Para que vuelva a delinquir? ¿O alguien cree que va a hacer un curso de carpintero?”, expresó el ministro el miércoles.

En la reunión, Heber le dijo a Morales que “no se trata de un enfrentamiento institucional, sino de un malestar puntual con la jueza actuante” en el caso. El tema será tratado este viernes en la reunión de directiva de la Asociación de Magistrados del Uruguay.

Heber también habló con la presidenta de la Corte sobre la situación generada a partir de la fuga del narcotraficante Juan Antonio González Bica, quien se fugó a finales de agosto tras romper la tobillera en una prisión domiciliaria, a la que había accedido a través de una maniobra de falsificación de un recurso de amicus curiae.

Sobre este aspecto, Morales y Heber hablaron de la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad para evitar este tipo de situaciones, dado que se detectó una organización criminal dedicada a la falsificación de documentos del Comisionado Parlamentario y certificaciones médicas para lograr mejoras en las condiciones de privación de libertad o cambios en las medidas cautelares.

El caso está siendo analizado por los ministros de la SCJ para evaluar eventuales responsabilidades administrativas. Según informó El País, recibieron un informe de Mainard en el que constan todos los pasos dados por la magistrada.

En la reunión, también hablaron sobre la necesidad de incrementar la coordinación para distribuir las custodias policiales en casos de denuncias por violencia doméstica y la disponibilidad de tobilleras electrónicas.

Otro punto que se trató en la reunión fue la colocación de tobilleras electrónicas en adolescentes, luego del cruce de declaraciones generado a raíz del femicidio de Valentina Cancela, dado que el victimario ya había sido denunciado por violencia con privación de libertad contra la víctima y no tenía medidas que aseguraran su alejamiento de la víctima.

En junio de 2019, la SCJ emitió una acordada en la que dispuso que sólo puede ordenar la colocación de tobilleras a mayores de edad, “por razones jurídicas y técnicas”, algo que fue coordinado en su momento con el Ministerio del Interior y que ahora podría ser modificado.

Heber aseguró el compromiso por parte del ministerio para que la Dirección de Monitoreo Electrónico, que es la oficina encargada de la colocación y monitoreo de estos dispositivos, esté en condiciones de ejecutar las órdenes judiciales en las que se disponga tobillera a menores agresores, apelando a una norma superior a la acordada.

Heber dijo que Mónica Ferrero sería una buena fiscal de Corte

El ministro expresó su respaldo a la fiscal especializada en Estupefacientes de primer turno, Mónica Ferrero, para ocupar el cargo de fiscal de Corte, pero aclaró que no se trata de un planteo formal, dado que el tema se está discutiendo en el Parlamento y aún no hay consenso para reemplazar a Juan Gómez, que deberá dejar el cargo en junio de 2025.

“Ha sido una gran fiscal que ha sido amenazada y ha puesto su vida en peligro producto de la batalla que ha dado al narcotráfico, ¿qué más garantías podemos tener de una persona comprometida en la lucha contra el crimen organizado?”, señaló este jueves en rueda de prensa.

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