La fiscal de Flagrancia de 12º turno, Sabrina Flores, todavía no lleva un año al frente de la investigación que involucra al exjefe de la seguridad presidencial Alejandro Astesiano. Tomó las riendas del caso en marzo de 2023, luego de que el fiscal de Corte, Juan Gómez, decidió trasladar a la fiscal Gabriela Fossati por discrepancias con su actuación.
Un mes antes del traslado, Fossati había llegado a un acuerdo abreviado con Astesiano, que derivó en una condena de cuatro años y medio de prisión por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público y privado. Luego, en setiembre, Fossati renunció en forma definitiva a la Fiscalía y en diciembre oficializó su adhesión al Partido Nacional.
En paralelo al trabajo en Flagrancia, la fiscal Flores asumió las líneas de investigación que se habían abierto a partir de las pericias al celular de Astesiano, incautado al momento de su detención, en setiembre de 2022.
El equipo de Flores, según pudo saber la diaria, lleva analizado 15% del material de la carpeta, que a esta altura de la investigación ya suma unas 140.000 hojas de pericias de celulares y de audios desgrabados. En paralelo a esa tarea, Flores tiene previsto retomar con algunas indagatorias y citaciones a partir de febrero.
El foco en esta etapa, según informó el jueves Búsqueda y confirmó la diaria, estará puesto en las líneas de investigación sobre posibles delitos que involucren a funcionarios públicos. Por el lugar que ocupaba en la Torre Ejecutiva, Astesiano tenía múltiples contactos con funcionarios de gobierno de diferentes jerarquías; en paralelo, muchos empresarios privados y lobistas se comunicaban con el jefe de la seguridad presidencial para llegar de manera más directa a las autoridades.
Las primeras alertas sobre esas conexiones –y eventuales posibles delitos– surgieron de las conversaciones de Whatsapp que estaban en el celular de Astesiano, y luego aparecieron nuevos elementos a partir de los testimonios de las personas que declararon en Fiscalía.
Un ejemplo paradigmático de esas dos etapas es el de Nelson Choroszucha, el empresario de Maldonado que asegura haberle entregado a Astesiano unos 170.000 dólares que pretendía recuperar, con ganancias, a partir de licitaciones que ya estaban ganadas en varios organismos del Estado. El chat entre Astesiano y el “inversionista” ya arrojaba algunas pistas sobre la maniobra, pero la comparecencia de Choroszucha ante la fiscal Flores, en julio de 2023, aportó pruebas más contundentes sobre el entramado.
Esta línea de investigación involucra a Vertical Skies, la empresa de militares retirados con sede en Miami, que también estuvo en la mira por el espionaje a senadores del Frente Amplio (FA). Las licitaciones en cuestión están vinculadas a UTE, la Armada y la Fuerza Aérea. Entre otras cosas, Choroszucha mostró en Fiscalía un chat con el gerente de Vertical Skies, Mario Panizza, en el que este se atribuía la redacción de un pliego licitatorio en la Armada.
UTE y el dron de Vertical Skies
La compra del dron de 750.000 dólares fue uno de los episodios con mayor repercusión en la trama que involucra a Astesiano, Vertical Skies y, eventualmente, otros funcionarios públicos. En las semanas anteriores a su detención, y con el objetivo de concretar nuevos negocios, Astesiano compartió con varias personas el documento de esa licitación abreviada en UTE como un “modelo de éxito”, que mostraba sus buenos oficios para vincular intereses privados con organismos del Estado.
Hace un mes, el 21 de diciembre, la División Jurídica de UTE envió a la Fiscalía toda la documentación de ese proceso licitatorio, que culminó en agosto de 2022 con una resolución favorable para Vertical Skies. El material, elaborado como respuesta a un oficio que libró Flores, incluye las discusiones que se dieron en el directorio del organismo a raíz de esta compra, luego de que el nombre Vertical Skies tomara estado público por el espionaje a los senadores Charles Carrera y Mario Bergara.
Esta derivación del caso Astesiano ya tuvo consecuencias penales: en octubre de 2023, la fiscal Flores pidió la formalización por un delito de cohecho del gerente de Vertical Skies, Marcelo Acuña, que había pedido información personal sobre los legisladores con la intención de desacreditarlos como denunciantes en la causa que investiga el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie.
El equipo de Flores empezará a analizar en febrero la documentación que envió UTE, y un objetivo es determinar qué funcionarios podrían haber estado en contacto con Vertical Skies durante el proceso licitatorio. En diciembre de 2022, el semanario Brecha reveló que la compra a Vertical Skies se originó en la división Tecnologías de Información y Comunicación. Esa área está a cargo de Raúl Feijo, el esposo de la presidenta de UTE, Silvia Emaldi.
Por esa misma fecha, la representante del FA en el directorio de UTE, Fernanda Cardona, dijo en la radio M24 que el representante nacionalista Felipe Algorta planteó en algún momento ante los demás directores su “preocupación” por los atrasos en los pagos a Vertical Skies. Algorta renunció a su cargo en julio de 2023 para dedicarse a la actividad política en el departamento de Durazno.
Las coimas para ruta 9 y el pago por reuniones
Otra derivación del caso Astesiano que la Fiscalía retomará en febrero es la coima de 4.000 dólares que el jefe de la seguridad presidencial le quería cobrar a un abogado, también de Maldonado, a cambio de la adjudicación de una obra pública en la ruta 9.
En el chat por Whatsapp con una persona que tenía agendada como Homero, Astesiano invocó conversaciones con jerarcas de Presidencia y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que lo habrían habilitado, según su versión, a negociar con actores privados las condiciones de dicho pliego. Se trataba de un proyecto en la ruta 9, en el tramo entre Pan de Azúcar y La Esmeralda, que implicaba el talado de árboles y la construcción de viviendas para pescadores de Rocha.
Homero habló con Astesiano en representación de un empresario uruguayo que estuvo vinculado a la petrolera venezolana PDVSA y que cumplía con los requisitos para encarar las obras que proyectaba el gobierno en el este del país.
Mientras negociaban el pago de los 4.000 dólares (monto al que refieren como “cuatro carpetas”), Homero le advierte a Astesiano que el empresario ya venía de tener una mala experiencia en un caso similar. Le contó que unos meses antes una dirigente del Partido Nacional (PN) de Canelones y un coronel retirado le cobraron una suma de dinero para concretar reuniones con autoridades de gobierno –menciona a la vicepresidenta Beatriz Argimón y a un director de Ancap– que lo iban a ayudar a instalar una estación de servicio entre la ciudad de Rocha y La Paloma.
El proyecto no se concretó y los intermediarios vinculados al PN dejaron de atender las llamadas telefónicas, sin concretar las reuniones por las que habrían cobrado una comisión. Durante el intercambio, Homero le reenvió a Astesiano los archivos de audio y las capturas de pantalla que probarían la estafa. Y luego tuvieron el siguiente diálogo:
Homero: Ale, ahí te mandé lo de la doctora. Él me mandó una parte nomás, porque tiene muchos. Viste que dicen que se iban a reunir con la vicepresidenta, pero nunca existió [la reunión]. Al hombre le hicieron esa jugada… El comprobante [de los pagos] te lo muestro en persona. Viste que le dice que los honorarios los tiene que arreglar con otra persona. No son trigo limpio, están trabajando con el carnet de otros.
Astesiano: Es una tránsfuga, ya averigüé. Hay que romperle el culo, si ustedes me dejan, yo me ocupo de que le devuelvan la guita.
Homero: No, no. Como dice él, perdió y listo. Nadie lo obligó a nada. Lo que pasa es que en cada entrevista le ponían un cachet. Por hablar con fulano era tanto, por hablar con fulano, otro tanto.
En otro momento de la charla, Homero estimó que el empresario uruguayo le terminó pagando a los timadores una cifra similar a la que ahora tenía que desembolsar a pedido de Astesiano, o sea, unos 4.000 dólares. “Son unos hijos de puta. Prometer y no cumplir, estando en el gobierno, es de hijos de puta”, lo intentó consolar Astesiano. Según pudo saber la diaria, este empresario que había estado vinculado a PDVSA concretó al menos dos reuniones con directores de Ancap; una fue virtual, durante la pandemia, y la otra presencial, en un despacho del edificio de avenida Libertador.
Astesiano y las investigaciones a policías
También se esperan movimientos en las investigaciones a funcionarios del Ministerio del Interior (MI) que estaban en contacto con Astesiano. El 11 de diciembre, y tras un pedido de Flores, la Justicia sobreseyó al exsubdirector ejecutivo de la Policía Jorge Berriel, que Fossati había imputado al inicio del caso por delitos de revelación de secreto.
Al filo del plazo para la acusación, Flores entendió que no había elementos para continuar con el caso. Sin embargo, todavía están abiertas otras líneas que involucran a la cúpula policial, entre ellas, el caso del exsubdirector administrativo de la Policía Héctor Ferreira, que renunció a su cargo en diciembre de 2022 tras la divulgación de sus chats con Astesiano.
Además, hay investigaciones en curso que involucran a policías de menor jerarquía. Por ejemplo, en la denuncia por espionaje que presentó el exdirector de la Policía Nacional, Mario Layera, se analizan eventuales responsabilidades penales del comisario mayor Hernán López, alias Lupita, y del policía retirado Adrián Fabio Ferreira, conocido como la Boga.
Esta causa se inició a partir de la divulgación de un chat en el que Ferreira le ofrecía información sobre Layera, un día después de que este se pronunciara públicamente contra la ley de urgente consideración.
Ferreira declaró en Fiscalía el 11 de octubre, asistido por el abogado Enrique Möller, y López hizo lo mismo casi un mes después, el 8 de noviembre. Ambos comparecieron en calidad de indagados. Los dos expolicías admitieron que tuvieron una reunión con Astesiano en su casa de Cuchilla Alta, pero minimizaron el alcance de ese encuentro. También coincidieron en que la información que querían proporcionar estaba relacionada a una presunta actividad de la empresa Prosegur en las instalaciones de la zona operacional 3 de Canelones, ubicada a pocos metros del supermercado Géant.
La supuesta irregularidad, según la versión que relataron, llegaba a Layera por el cargo que este ocupaba en el MI cuando ocurrieron los hechos. En ese momento, López era el jefe de esa zona operacional, que corresponde a Ciudad de la Costa. Ambos expolicías declararon que conocían a Astesiano por tareas de seguridad privada que llevaron a cabo en La Tahona.