La Fiscalía Letrada en lo Penal de Montevideo de Flagrancia de 12º turno solicitó este martes la formalización de Marcelo Acuña, militar retirado y gerente de Vertical Skies involucrado en el caso de presunto espionaje contra los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara. La investigación judicial surgió de una conversación por Whatsapp con Alejandro Astesiano divulgada por la diaria, en la que se hablaba de un “pedido de fichas” con información personal para perjudicar a los legisladores opositores, que presentaron la denuncia penal por la concesión del puerto a Katoen Natie.

De acuerdo al documento de la formalización, al que accedió la diaria, se pudo relevar “la existencia de un vínculo entre Acuña y Astesiano que data de la campaña electoral del año 2019, donde ambos comienzan a relacionarse por ser integrantes de la seguridad de los presidenciales Sartori y Lacalle respectivamente”. En 2020, Astesiano fue designado jefe de seguridad presidencial, “contratado bajo la modalidad de adscripción, cumpliendo funciones públicas”. La relación entre ambos, con contactos que adquirieron una forma “regular y periódica”, fue el marco en el que Acuña comenzó a “solicitarle información de índole personal” sobre Carrera y Bergara a Astesiano.

A partir de la incautación del celular de Astesiano, pudo observarse que entre el 11 de marzo y el 4 de abril de 2022 “por lo menos en 14 oportunidades” se hizo referencia al pedido de información sobre los senadores. Por otro lado, pudo constatarse que Acuña reseteó su celular el 1° de diciembre, el mismo día en que Carrera y Bergara realizaron su denuncia.

En la conversación citada por la Justicia, se presentan mensajes en los que Acuña le expresa a Atesiano: “Es medio informal medio todavía, ta? [sic] Es un pedido beneficioso para los dos”. También le explica que el tema “no es complicado, depende de los ojos con que se mire, para vos no creo que sea muy complicado… Pero va a ser beneficioso para todos”.

“La Fiscalía entiende que el accionar de Acuña se encuentra encuadrado dentro de las previsiones establecidas por el artículo 158 del Código Penal, esto es, un delito de cohecho calificado”, que se configura cuando un funcionario público recibe o acepta una promesa de recibir dinero u otro provecho por sí mismo o por otro, para sí o para otro, para retardar u omitir un acto relativo a su cargo o por ejecutar un acto contrario a los deberes del mismo. Al momento de los hechos, Astesiano era funcionario de Presidencia.

La Fiscalía solicitó como medidas cautelares para Acuña fijar domicilio y no modificarlo sin dar conocimiento al tribunal, prohibición de salir del país sin autorización y retención de documentos de viaje.

“Medio vaso lleno”

“No estamos felices con esta situación, hay que decirlo en forma muy clara”, dijo Carrera en rueda de prensa. El senador afirmó que “es una situación sumamente grave”, y que delitos como estos “atentan contra la democracia”. El armado de carpetas personales buscó que los senadores no cumplieran “con la misión que se nos encomendó por parte de la ciudadanía, en octubre de 2019”, aseguró. Por su parte, Bergara valoró la decisión del sistema judicial, que conforma este “medio vaso lleno” y “no es poco importante”. Aún así, lamentó que no se pudo “llegar a fondo” y descubrir quiénes fueron las personas que realizaron la solicitud de información personal y “pusieron los recursos para financiar esa actividad”.

Además, Carrera recordó que, en Uruguay, cuando se es víctima “de este tipo de situaciones de espionaje y hostigamiento” no existe un estatuto de protección de los denunciantes. Por lo tanto, “hay que legislar en torno a los delitos contra la democracia, pero también para proteger a los denunciantes de hechos de corrupción”, afirmó. Más allá de eso, “el caso Astesiano no está cerrado y tiene muchísimas aristas” como “la compra del dron en UTE, que es un aspecto que justamente hay que profundizar en la investigación”, agregó.