Fueron formalizadas por el delito de homicidio culpable complejo y la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para ambas mientras continúa la investigación. Para este pedido, se basó sobre todo en el riesgo procesal de fuga, teniendo en cuenta la cercanía con la frontera.
No obstante, la jueza del caso entendió que ese riesgo procesal no estaba acreditado y en su lugar dispuso el arresto domiciliario total con tobillera por 180 días y la prohibición de una comunicación entre las imputadas, así como de estas con los familiares de las víctimas. También se ordenó el cierre de fronteras para ambas.
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