Autoridades investigan el robo de 167 kilos de cannabis de la empresa Pharmin, instalada en Zonamérica. La empresa, que es representada en Uruguay por Nicolás Bustillo, hermano del excanciller, despidió a todos sus empleados vía mail una semana después del robo. Según dijeron a la diaria desde el sindicato, lo robado era cogollo con alto valor de THC, aunque existen otras versiones del hecho.
Según informó este martes TV Ciudad, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) tuvo conocimiento del robo, pero la versión dada por la gerencia de la empresa es que lo robado era un producto de descarte, que no tiene THC ni valor de mercado, y que no participa en la venta de marihuana legal, que se produce en la zona del Penal de Libertad.
Consultado por la diaria , el presidente del IRCCA, Daniel Radío, dijo que la información llegó a la cartera luego de anunciado el cierre de la empresa, cuando uno de los equipos de inspección concurrió a la empresa a realizar el inventario de cierre y le comentaron que había existido un faltante de 167 kilos de cannabis.
Desde la gerencia de la empresa llegaron dos versiones distintas al IRCCA, una es que decidieron no realizar la denuncia policial e iniciaron una investigación interna, además de informar a las autoridades administrativas de Zonamérica; y otra que indica que sí informaron a las autoridades policiales y al Ministerio de Salud Pública. Consultado por la diaria, el jefe de Policía de Montevideo, Mario D'Elía, dijo que no tiene información del caso.
Fuentes allegadas al caso señalaron a la diaria que los cultivos se encuentran en una zona alejada de Zonamérica y que cuando ocurrió el robo se encontró un alambrado roto en esa zona, donde aún hay mucho material psicoactivo que fue abandonado.
“Es un robo y no quiero pasarlo como un dato menor, porque estamos hablando de marihuana con THC alto, lo que probablemente va directamente al narcotráfico. Casualmente las cámaras de Zonamérica hace cuatro meses que no funcionan en esa zona”, comentó en anteriores declaraciones a la diaria el extrabajador de la empresa Ignacio Díaz.
La empresa, de capitales georgianos, tenía licencia de cultivo y comercialización, pero no había podido colocar su producción con gastos de funcionamiento que superan los 100.000 dólares mensuales. En los primeros días de febrero la gerencia comunicó a los 65 empleados que la empresa no seguiría en Uruguay, y que irían a concurso de acreedores. “A partir del 1° de febrero todos los empleados, incluido usted, serán despedidos. Si algún empleado o empresa desea comunicarse con nosotros, agradezco que le pase los contactos”, decía el mail enviado a la gerencia en Uruguay, firmado por Vako Togonidze, uno de los principales accionistas.
Los trabajadores, que no cobraron el sueldo de enero, recién accedieron a tener la baja del Banco de Previsión Social para hacer el trámite para cobrar el seguro de paro luego de una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En esa reunión una delegación de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay llevó una carta de la empresa en la que se designaba a Bustillo como el responsable en Uruguay, pero Bustillo, acompañado por un asesor legal, negó esa potestad y dijo ser otra víctima del cierre de la empresa.
El grupo se instaló en Uruguay en junio de 2019 y fue montando el proyecto a través de diferentes empresas, en su mayoría representadas por ciudadanos georgianos, algunos de ellos radicados en España, en donde el excanciller Bustillo se desempeñó como embajador entre octubre de 2012 y julio de 2020. En agosto de 2021, Bustillo, ya como canciller, viajó a Georgia, en una gira que incluyó también Armenia y Turquía.
Este miércoles los trabajadores de la empresa volverán a reunirse con representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para saber si hubo avances en la identificación de los responsables de la empresa.