La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió este jueves respaldar el accionar de la jueza de Crimen Organizado de 2º turno, María Helena Mainard, quien estaba siendo investigada por conceder la prisión domiciliaria al narcotraficante Juan Antonio González Bica, según informaron a la diaria fuentes judiciales.
La fuga del narcotraficante González Bica se conoció el 5 de setiembre de 2023, y a partir de la investigación del caso se descubrió una organización dedicada a la falsificación de documentos judiciales por parte de abogados para lograr beneficios para sus defendidos, que culminó con la formalización del proceso de la abogada Mercedes Acosta y Matías Campero, un hombre que se hacía pasar por abogado.
La organización buscaba que los jueces determinaran medidas alternativas a la prisión; falsificaban informes del Instituto Técnico Forense, informes médicos y del Comisionado Parlamentario Penitenciario, entre otros organismos.
La prisión domiciliaria para González Bica fue el resultado de un proceso iniciado en mayo de 2023 a raíz de un escrito de la abogada Mercedes Acosta, quien reclamó esa medida para su defendido por razones de salud, por una supuesta insuficiencia renal. La fiscal Mónica Ferrero apeló, pero la jueza del caso, María Helena Mainard, hizo lugar al pedido y González Bica se fue a su casa en La Floresta.
A partir de la fuga de González Bica, la SCJ pidió un informe a la jueza Mainard sobre su actuación en la causa, en la que dispuso la prisión domiciliaria a partir de documentos apócrifos.
Este jueves los ministros de la corte consideraron satisfactorias las explicaciones de Mainard y respaldaron su accionar, al considerarla víctima de esta organización criminal.
La jueza había sido criticada públicamente por el entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por conceder un hábeas corpus a favor de Ricardo Cáceres, hermano del Betito Suárez, para terminar su aislamiento en la cárcel.
“Realmente es una jueza que no nos ayuda”, expresó Heber tras conocer la sentencia de Mainard, que condenó al Ministerio del Interior a que cesara el aislamiento de Ricardito, le brindara una hora diaria de patio y posibilitara el acceso a la educación y que, con las medidas de seguridad adecuadas, “contemple las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, aprobadas por las Naciones Unidas”.