Rafael Ravera, abogado de varios militares procesados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya por el rol que jugó el Estado en la causa que enfrentó por el caso Gelman en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), según informó Medios Públicos.
Según supo la diaria, el presidente, Luis Lacalle Pou, recibió a Ravera en la Torre Ejecutiva por más de una hora, en la que conversaron sobre los pormenores de la denuncia que deberá afrontar el Estado uruguayo. En la reunión analizaron la denuncia, la actuación del Estado en la causa Gelman y las posibles consecuencias. El presidente, que es abogado y tiene un vínculo personal con Ravera, no emitió opinión sobre el fondo del asunto.
En la denuncia, a la que accedió la diaria, Ravera y su colega María Luisa Iglesias plantean que el Estado no ejerció el derecho a su defensa y admitió todas las acusaciones realizadas por los denunciantes, lo que significó, según los demandantes, “la violación de los derechos a un trato humano, a la libertad personal, a la igualdad ante la ley, a la protección judicial y a las garantías judiciales mediante la imputación de delitos no probados y la aplicación de la prisión preventiva como pena anticipada, y la comisión de delitos de Lesa Humanidad”.
La denuncia va contra lo actuado por el expresidente Tabaré Vázquez, ya fallecido, el expresidente José Mujica, el excanciller Luis Almagro, quien representó al Estado en los juicios, el abogado Carlos Mata, actual embajador uruguayo ante las Naciones Unidas y el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe.
Los denunciantes sostienen que en el litigio Gelman vs. Uruguay, iniciado en enero de 2006 por la desaparición forzada de María Claudia García, el organismo internacional emitió una sentencia que atenta contra los principios generales de derecho y tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos al imponer que ninguna norma análoga a la ley de caducidad, como la prescripción o el principio de irretroactividad de la ley, signifique un obstáculo para el avance judicial de las causas.
Además, señalan que esa sentencia atenta contra el Tratado de Roma, que en su artículo 24 señala que “Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor” y que “de modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte sentencia definitiva, se aplicarán las disposiciones más favorables a la persona objeto de la investigación, el enjuiciamiento o la condena”. También sostienen que el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 9 de la Convención Americana van en el mismo sentido.
Cuestionan asimismo las referencias en las sentencias a las consultas populares que ratificaron la ley de caducidad, que son consideradas por la Corte como otro hecho atribuible a la responsabilidad del Estado que no modifica sus obligaciones ante el derecho internacional.
Otro punto señalado por los denunciantes es la forma en la que actúa la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, señalando que se aleja de lo dispuesto por la Corte en cuanto a la concreción de investigaciones judiciales imparciales. Denuncian que “no sólo no prueba los hechos que denuncia, sino que solicita el procesamiento de los funcionarios militares de la época por delitos comunes tales como lesiones, homicidio y privación de libertad” y vuelven a insistir con la denuncia archivada por la Fiscalía uruguaya contra Perciballe por instar a militares a brindar información, considerando la eventual prescripción de algunos delitos.
Los demandantes piden a la Corte Internacional Penal que recomiende al Estado Uruguayo “la medida de excarcelar inmediatamente a los presos políticos”, en referencia a los militares procesados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar, y reclaman que esperen el proceso en libertad.
También piden que se condene al Estado uruguayo por la comisión de delitos de lesa humanidad por intermedio de la Fiscalía “por un ataque generalizado y sistemático contra los funcionarios civiles, militares y policiales de la época por motivos políticos”.