En los últimos dos meses, siete niñas y niños fueron baleados en el marco de disputas asociadas a bandas criminales. Dos de ellos fueron asesinados. El Ministerio del Interior convocó a una reunión con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la Fiscalía, el Instituto de la Niñez y la Adolescencia de Uruguay (INAU), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para “coordinar acciones” en los casos en que los niños “en contexto de vulnerabilidad” están siendo víctimas de situaciones de violencia, en especial porque sus responsables están vinculados con el delito.
Según informó la cartera a través de un comunicado, “las instituciones asistieron a la reunión con planteos concretos” y se fijaron varias líneas de acción. La primera es fortalecer el trabajo de la Policía con poblaciones vulneradas para “dotarlos de herramientas para que puedan trabajar mejor con población con uso problemático de drogas”. Se procura una prevención integral interinstitucional, en coordinación con el Mides y el INAU.
La segunda línea es “cambiar la cultura de la violencia”. “El Programa Barrios sin Violencia [basado en Cure Violence] trabajará con ONG locales que procurarán interrumpir las dinámicas de violencia”, dijeron, y agregaron que “el objetivo último es que se debe generar una reacción social de los vecinos en contra de la violencia”.
En la tercera línea se plantea que el Ministerio del Interior, en conjunto con la ANEP, “está trabajando en que estos temas de prevención entren en la currícula educativa para primaria y secundaria”. Según afirmaron, “comenzará con un programa piloto en seis escuelas de contexto crítico de Montevideo, con la idea de extenderlo a todo el país”; la propuesta consta de “12 talleres que serán dictados por la maestra y un policía (con formación previa en la temática)”. Los talleres serán sobre consumo problemático de drogas, violencia en centros educativos, bandas delictivas, abuso sexual y violencia doméstica, entre otros.
“La Dirección Nacional de Politicas de Género del Ministerio del Interior está finalizando el trabajo de actualización de la Guía de Actuación Policial para Niños, Niñas y Adolescentes”, se indica como cuarto punto.
La quinta línea es la capacitación del personal de ASSE en territorio sobre “cómo actuar ante situaciones donde se identifica que hay niños, niñas y adolescentes que puedan estar siendo vulnerados por estar insertos en un contexto del núcleo cercano en temas de drogas”. Aseveraron que la SCJ y Fiscalía “no han detectado casos donde haya niños que sean dejados ‘en garantía’ por deudas vinculadas al consumo de drogas”, como dijo la activista social Andrea Tuana.
Como sexto punto, se pretende dar más visibilidad y promover las vías de denuncia anónimas existentes, que son el 0800 5050 Línea Azul del INAU y el 0800 5000 de la Policía.
Finalmente, el séptimo punto indica que se convocará al Instituto Nacional de Estadística para la firma de un convenio con las instituciones que estuvieron en la reunión para permitir el cruzamiento de datos, que aclararon que serán anonimizados. “Esto permitirá mejorar el sistema de cruzamiento de datos existente y fortalecerá el intercambio de información entre las instituciones”, afirmaron.
Al salir del encuentro, el subsecretario del MI, Pablo Abdala, fue consultado sobre la denuncia realizada por Tuana y llamó a “no crear alarma”. “No podemos mirar para el costado, tenemos que asumir las responsabilidades tal cual son, cada uno desde su lugar, los que tenemos responsabilidad pública desde el gobierno, los que tienen responsabilidades en las organizaciones de la sociedad civil desde las organizaciones, pero creo que no se trata de hacer afirmaciones altisonantes”, agregó.
Abdala destacó que los organismos coordinan habitualmente, pero hizo hincapié en que se puede profundizar la coordinación para mejorar la respuesta y los mecanismos de cruzamiento de datos.
El subsecretario reiteró la importancia del involucramiento de la sociedad para evitar la exposición de los niños a situaciones de violencia y a su vez destacó que una comunicación a tiempo con los organismos del Estado puede permitir una intervención temprana.
“En el tema de la violencia hacia niños en particular hay una responsabilidad social que es compartida y todos los ciudadanos tienen que colaborar con el sistema, a los efectos de que si hay un niño que está en condiciones de vulnerabilidad en algún lugar, el sistema pueda tener información para actuar”, expresó.
En esa línea, Abdala señaló que se buscará mejorar la coordinación para asegurar la presencia de los niños en los centros educativos, “que no simplemente los anoten y después se discontinúe su participación en esos ámbitos de educación formal y no formal”.
“Los desafíos son muy grandes, nunca se alcanza definitivamente la meta, entre todos tenemos que actuar para mejorar un poco la respuesta, que no depende sólo de la institucionalidad pública”, afirmó.