El juez en lo penal de 38º turno, Alejandro Asteggiante, ratificó el acuerdo abreviado alcanzado entre la fiscal Sabrina Flores y el escribano Álvaro Fernández para que fuera condenado por un delito de suposición de estado civil y un delito de asociación para delinquir.
El acuerdo de condena, al que accedió la diaria, implica una pena de 24 meses de prisión, con 11 meses de prisión efectiva, que ya fueron cumplidos, y el resto de libertad a prueba, con obligaciones tales como fijar domicilio, presentarse una vez por semana en la comisaría y realizar seis horas semanales de trabajo comunitario durante cuatro meses.
Su pareja, Patricia Medina, alcanzó un acuerdo similar con una condena de 22 meses de prisión, también por los delitos de suposición de estado civil y asociación para delinquir. En ambos casos también se impuso el cierre de fronteras.
Fernández estaba vinculado al ciudadano ruso Alexei Slivaev al menos desde 2013, en una red dedicada a conseguir documentos uruguayos a ciudadanos rusos, utilizando partidas de nacimiento adulteradas para tramitar el pasaporte uruguayo, presuntamente con el fin de acceder con mayor facilidad a Estados Unidos y Europa.
Si bien durante la mayor parte del proceso Fernández se negó a admitir un acuerdo con la fiscalía, lo que implicaba admitir los hechos por los que había sido imputado en setiembre de 2022, en marzo de 2024 Fernández aceptó un acuerdo con la fiscalía que fue ratificado este jueves.
Patricia Medina, que fue imputada en octubre por los mismos delitos, siempre mostró su predisposición a alcanzar un acuerdo abreviado, pero por motivos inherentes a la negociación no lo pudo concretar hasta este jueves.
La acusación fiscal
El documento presentado este jueves por la fiscal Sabrina Flores plantea que la investigación penal logró determinar que el ciudadano ruso Alexei Slivaev, quien alcanzó un acuerdo con la fiscalía en abril de 2023, era el responsable de captar clientes rusos a través de redes sociales, les daba información sobre Uruguay y los pasos para gestionar la nacionalidad y recibía los pagos, el escribano Fernández “intervenía especialmente en la confección de algunos documentos, recepcionaba los pagos y realizaba gestiones” tanto en la Dirección Nacional de Identificación Civil como en la Dirección General de Registro de Estado Civil. Medina estaba autorizada a realizar algunos trámites como apoderada “creando empresas para así generar residencia o domicilio en el país”.
La fiscalía contó con registro de cámaras de seguridad en las que se ve a Fernández y a Slivaev acompañando a los ciudadanos rusos, y en tres allanamientos efectuados en propiedades de los investigados se encontró documentación vinculada con la maniobra, que según la investigación se venía llevando a cabo al menos desde 2015.
La acusación presenta ocho casos en los que se asocia a ciudadanos rusos con uruguayos para concretar la maniobra por la cual recibían pagos de entre 1.000 y 10.000 dólares, logrando constatar que el vínculo era falso.
“El accionar delictivo de Fernández contribuyó en forma activa en la creación continuada de estados civiles falsos y puesta en peligro en otros casos. Para realizar estas conductas el mismo actuaba en conjunto con Slivaev. Medina no sólo tenía conocimiento de la maniobra que ambos venían desarrollando, sino también participaba en los trámites que aquellos realizaban en calidad de gestora, autorizada y representante”, señala la acusación.
En diálogo con la diaria, Edison González, abogado del escribano Fernández, dijo que el acuerdo “fue bueno” y señaló que la fiscalía no logró comprobar que Fernández participó en la falsificación de los documentos, “nunca se llegó a probar porque eso venía de Rusia apostillado, la prueba está en que no lo formalizaron y no lo condenaron por falsificación de documentos, eran cosas que ya venían de allá”.
Consultado sobre qué conductas admitió el escribano para cerrar el acuerdo, González respondió: “Él reconoce que participó, Slivaev le traía las partidas del exterior y él con esas partidas rusas, sacaba las partidas de nacimiento reales de acá para probar que era padre, madre o abuelo de un ciudadano uruguayo. Juntando las dos partidas iba a identificación civil, hacía todo ese trámite, sacaba la cédula y después con la cédula sacaba el pasaporte, acá los trámites eran reales”.
El abogado hizo hincapié en que desde el punto de vista probatorio la fiscalía no tiene elementos para probar que la documentación está adulterada “porque para probar que es falsa hay que oficiar en Rusia y eso nunca se probó, se presume que es falsa”, señaló.