El miércoles, luego de la reunión del Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), se emitió una resolución que confirmó la creación de “un grupo asesor externo de expertos en actividad forense” que realizará recomendaciones al propio consejo para “las mejores prácticas en materia de atención a consultantes del Consultorio Jurídico de la Facultad”, según el documento al que accedió la diaria.
“A efectos de identificar oportunidades y medidas concretas de mejora, en conjunto con nuestros docentes, se estima conveniente contar con la opinión experta de exdocentes y personas de destacada actuación en la órbita judicial, como insumo externo al servicio”, se expresó en el comunicado.
El Consejo de la Facultad de Derecho de la Udelar resolvió que los abogados Alejandro Abal Oliú, Rafael Biurrum y Leslie van Rompaey integren el nuevo grupo asesor.
Siete de los nueve consejeros presentes votaron a favor de esta decisión y dos se declararon fuera de sala. Uno de los que votó en contra de la creación de ese grupo fue el consejero Juan Ceretta, representante del orden docente por el Movimiento Universitario Renovador e integrante del Consultorio Jurídico de la Udelar. En diálogo con la diaria, el académico destacó que mantiene diferencia con el “espíritu” de la decisión, y en ese sentido, impugnará la resolución ante el Consejo Directivo Central de Udelar. “Seguramente otros docentes del consultorio que opinan lo mismo se van a sumar a esa impugnación”, adelantó.
El docente resumió su contrariedad por la violación de dos principios que entiende “claves” como lo son la “autonomía” y la “libertad de cátedra”. “No estamos dispuestos a que las actividades del consultorio sean controladas”, apuntó. Más allá de eso, remarcó que eso no quiere decir que no haya “cosas para mejorar”. En esa línea, detalló que considera que ese tipo cuestiones se tienen que discutir “dentro” de los “órganos cogobernados con representantes elegidos por cada orden”.
Ceretta apuntó que una “intervención ajena” como la de este grupo asesor externo es “una manera de saltarse la autonomía”. “Es una actividad de control externo que solamente se dispone para el consultorio. Si esto fuera en el marco de una auditoría general de toda la facultad, lo podría llegar a entender”, agregó. Más allá de la impugnación, el docente adelantó que se recorrerán “otros carriles” dentro de la Udelar como, por ejemplo, los gremiales.
El caso Penadés
“Detrás de esto hay dos modelos de universidad; hay un modelo de universidad dócil, complaciente con el poder, que no se involucra en nada que pueda mover un poco las aguas. Por otro lado, hay otro modelo de universidad que es crítica, que se mete con el poder, que cuestiona, que participa de procesos que son polémicos”, reflexionó Ceretta con referencia al papel del Consultorio Jurídico en el caso del exsenador nacionalista Gustavo Penadés, imputado por múltiples delitos sexuales.
Ceretta se refirió a este asunto, dado que la resolución establece que el grupo asesor intervendrá en la definición de los “requisitos de admisión de casos, teniendo en cuenta los puntos indicados por el Colegio de Abogados el Uruguay”. Semanas atrás, esta organización envió una carta al Consejo en la que cuestionaba “el rol que le corresponde adoptar a la Facultad en casos de notoriedad pública, mediante la utilización de distintas vías procesales, pero también medios de comunicación, invocando directa o indirectamente” a la casa de estudios.
En línea con esto, la resolución también estableció la responsabilidad del comité de revisar las “condiciones para admitir casos de interés académico y mecanismos a instrumentar para su admisión”. También agregó la importancia de trabajar en las “condiciones y formas de comunicación mediática de casos por parte de docentes actuando en ejercicio de su función”. Por último, subrayó la “necesidad de resolución del Consejo u otro grupo intermedio para la admisión de casos con repercusión institucional”.