En los asados que organizaba en La Maison, su residencia en Punta del Este, el empresario Gonzalo Aguiar solía contar que había estado en la guerra de Afganistán, como marine. Si alguno de los invitados abundaba en preguntas al respecto o se ponía en tela de juicio la veracidad de la historia (“¿Pero vos no eras canadiense?”), generalmente otra persona cercana a Aguiar salía de inmediato al cruce para validar el relato del anfitrión.
“Mirá que este loco es un salado de verdad, tiene un montón de medallas al valor”, le explicaron en una ocasión a un visitante escéptico, mientras el dueño de casa atizaba las brasas a pocos metros de distancia. Se suponía que quienes se encargaban de corroborar las anécdotas eran “amigos de toda la vida” de Aguiar. También se creía que el empresario, asesinado por su expareja el 26 de febrero, nunca se enteraba de esas conversaciones que se desarrollaban a sus espaldas, mientras estaba cerca de la parrilla. Hoy, a la luz de ciertos hechos en apariencia ficticios, todo debería ponerse en duda.
Al menos dos personas del círculo íntimo de Aguiar están siendo investigadas en Fiscalía por presunta usurpación de funciones públicas, un delito previsto en el artículo 166 del Código Penal para el que se prevén penas de tres a 12 meses de prisión. Uno de ellos se hizo pasar por juez de Registro Civil en el falso casamiento con Romina Camejo, la mujer que le disparó a Aguiar a finales de febrero. Otra persona cercana a Aguiar se presentó ante un grupo de inversores canadienses como si fuera el presidente del Banco República (BROU), Salvador Ferrer. Hasta usurpó su apodo: Chema.
La investigación, a cargo del fiscal de Delitos Complejos y Económicos Gilberto Rodríguez, tendrá movimientos en las próximas semanas. Para finales de mayo y los primeros días de junio fueron citadas a declarar cinco personas en calidad de testigos, entre ellas Romina Camejo. Los nombres fueron aportados por los abogados del grupo canadiense que estableció contactos con Aguiar para instalar una planta de producción de cáñamo en Salto (Boreal Sociedad Anónima).
Además de usurpación de funciones públicas, la denuncia contra Aguiar y su círculo de confianza apunta a posibles delitos de estafa, fraude, falsificación documental y apropiación indebida. Los canadienses estiman que la inversión que hicieron en Uruguay superó los 27,5 millones de dólares, de los cuales ocho millones se destinaron a la construcción de la planta en Salto (la obra en Colonia Garibaldi costó diez millones de dólares, pero dos corresponden a deudas que se contrajeron con proveedores). Por lo tanto, la malversación de fondos por la que responsabilizan a Aguiar habría sido por 19,5 millones de dólares, según calculan.
John Joseph Pollesel, el representante del grupo inversor canadiense, siempre estuvo convencido de que efectivamente estuvo en comunicación con Ferrer, el presidente del BROU, ya que así se lo hacía saber Aguiar, socio principal de Boreal para sus operaciones en Uruguay. “Hola, me acaba de llamar Chema [Salvador Ferrer] para decirme que ya arregló para que la plata entre toda mañana a la tarde entre 6 y 7. No podía dormir el hombre del estrés. Gracias a Dios”, le escribió Aguiar a Pollesel en setiembre de 2022. En aquel momento, los canadienses ya sospechaban que eran víctimas de un fraude y Aguiar todavía intentaba convencerlos de que tenía la situación bajo control, a tal punto que el presidente del BROU supervisaba la seguridad de una transferencia de 39 millones de dólares, supuestas utilidades de la empresa. La transferencia nunca se realizó: Boreal, en realidad, no daba utilidades y los certificados bancarios que presuntamente lo acreditaban eran falsos.
Pollesel llegó a recibir audios de Whatsapp de la persona que decía ser el presidente del BROU. “John, ¿cómo estás, todo bien? Bueno, yo estoy haciendo el release para ver si les puedo hacer ingresar hoy el dinero, sé que mañana es feriado en Canadá y la idea es tratar de solucionar todo hoy. En el caso de que hoy por temas bancarios no quede solucionado, a más tardar estaría entrando la plata el lunes, eso ya está confirmado, así que nos mantenemos, ahí, en contacto, que andes bien”, prometió el falso Chema Ferrer.
En paralelo, Aguiar mandaba mensajes para destacar la “delicadeza” que había tenido el presidente del BROU al ponerse en contacto directo con los inversores canadienses. Eso sucedía, según Aguiar, porque la relación entre ambos era cercana: “Preparando, ahora, un fuego para la gente que viene ahora del gobierno, incluyendo a Chema. Va a tratar de llegar para poder hacer una llamada. Me confirman que viene todo excelente, excelente, excelente, para culminar todo”. En otro intercambio por Whatsapp que se incluyó en la carpeta investigativa de la Fiscalía, Aguiar manifestó que la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, también “respaldaba” la operación financiera que estaba en curso.
Por otra parte, los denunciantes señalan a una persona que se hacía pasar por funcionario de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y que habría participado en algunas videollamadas con los inversores. Su función era similar a la que cumplían otros “actores” y representantes de Boreal que participaron en la maniobra fraudulenta: mostrar que la operativa de la empresa transcurría con normalidad y transmitir calma a los inversores canadienses. Durante la investigación se intentará determinar qué tipo de vínculo tenía el falso funcionario de la Senaclaft –quien no se encontraría actualmente en Uruguay– con las otras personas del círculo íntimo de Aguiar que están siendo investigadas.
Las causas en Fiscalía
Hay cuatro investigaciones en curso en la Fiscalía vinculadas al caso Aguiar. Además de la que lleva adelante Gilberto Rodríguez, se abrió otra causa a cargo del fiscal especializado en lavado de activos, Enrique Rodríguez, que buscará determinar cómo se gastó el dinero obtenido en las maniobras fraudulentas. Se estima que Aguiar pagó unos cuatro millones de dólares por La Maison, la casa de Punta del Este en la que vivía con Camejo y que meses antes de su muerte había puesto a la venta (hay un boleto de reserva que constata que esa transacción estaba en curso).
Otras propiedades de Aguiar también fueron embargadas: una casa en el Prado que el empresario compró por 300.000 dólares para los padres de Camejo y una en Ciudad de la Costa que había adquirido para los familiares de otra expareja. A instancia de los denunciantes, la fiscalía de Lavado de Activos también puso en la mira otros bienes que pertenecían al empresario asesinado, entre ellos dos vehículos de alta gama, una camioneta, un yate, dos motos de agua y dos cuatriciclos.
Por otra parte, el fiscal de Maldonado de 1º turno, Sebastián Robles, investiga las circunstancias de la muerte de Aguiar. La defensa de Camejo, como se sabe, alega que disparó contra su expareja en legítima defensa y a finales de febrero la justicia dispuso para ella medidas cautelares por 150 días, que consisten en la prohibición de acercamiento a los dos testigos del hecho, fijación de domicilio –que fue determinado en Montevideo– y cierre de fronteras con retención de pasaporte.
Finalmente, el fiscal de Maldonado de 3º turno, Jorge Vaz, intervino en el caso luego de que el diputado Sebastián Cal (Cabildo Abierto [CA]) denunciara que había recibido amenazas de Aguiar y responsabilizara a jerarcas policiales de Maldonado por presunta filtración de información. En una conversación que divulgó el medio Crónicas del Este, el diputado Cal aseguró que en 2022 denunció ante el entonces jefe de Policía de Maldonado, Julio Pioli, que Aguiar había contratado a policías en actividad para su custodia personal. A los pocos días, según la versión de Cal, recibió las amenazas de Aguiar, que de alguna manera se había enterado de su denuncia. A raíz de estos hechos, Pioli analiza ahora la posibilidad de presentar una denuncia por difamación e injurias contra el diputado de CA, según informó FM Gente y confirmó la diaria con allegados al exjefe de Policía de Maldonado. Pioli asegura que informó sobre la denuncia de Cal a quien era entonces director nacional de Policía, Diego Fernández.
El 7 de marzo, el diputado Cal ratificó su versión de los hechos en la Comisión de Seguridad Pública y Convivencia del Senado, y compartió el audio amenazante que le mandó Aguiar a finales de 2022, pocos días después de la charla que mantuvo con Pioli: “Bo, Seba, dejate de hacer denuncias. Estás quedando pegado, muchacho. Si tenés algún problema conmigo o algo, vení y hablamos acá, de cara, como hombres. Los dos tenemos pelos en los huevos, ¿no? [...] Mirá que sabés dónde vivo, así que cuando quieras y donde quieras, papá”. El tono de Aguiar en ese mensaje, aseguró el diputado, ya no era el del empresario que había conocido unos meses antes en viajes al exterior.
En el Parlamento, Cal también sostuvo que un mes después, el 24 de enero de 2023, le planteó la situación al entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber. “Ahí ya se había dado esta situación que se ha hecho pública últimamente, del vínculo que decía tener –yo no sabía si era cierto o no– el hoy ministro del Interior [Nicolás Martinelli]. Además, se habían hecho públicas fotografías del casamiento donde se veía al actual ministro del Interior”. El diputado cabildante contó que unos días después el ministro Heber le transmitió que se “quede tranquilo, que es verdad que Martinelli estuvo en ese casamiento, pero que no me preocupe que no va a pasar nada”.
Ante la misma comisión parlamentaria, el ministro Martinelli confirmó que había estado en la boda falsa y explicó que se vinculó con Aguiar mientras se desempeñaba como asesor en la Torre Ejecutiva, desde donde estableció contactos con “pequeños, medianos y grandes productores del rubro del cannabis”. “En ese marco, un abogado de Boreal me contactó para que visitara la empresa en el departamento de Salto. Fui una sola vez y luego mantuve otras reuniones, no sólo con los equipos de abogados y asesores de este empresario, sino también con otros de no menos de 30 o 40 empresas del rubro”, dijo Martinelli ante los legisladores, según consignó El Observador.
Más allá de la participación de Martinelli, el casamiento de noviembre de 2022 será posiblemente un tema de análisis durante las audiencias con testigos que se llevarán a cabo en la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos. Los denunciantes confían en que esos testimonios y los registros gráficos de la boda (fotos y videos) servirán para identificar a quien se hizo pasar por funcionario del Registro Civil, señalado como posible autor de un delito de usurpación de funciones. Una persona que estuvo en la ceremonia contó a la diaria que el comportamiento del falso juez de paz era “extraño” y que esa misma noche algunos asistentes –en total, unas 50 personas– comentaron que “no había actuado con naturalidad”. Aquella sospecha, sabrían meses después, era válida.