El fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, hará una rueda de declaraciones ante la fiscalía, en la causa que investiga al expresidente de Casa de Galicia Alberto Iglesias por irregularidades en la administración de la institución médica.
Según informaron a la diaria fuentes allegadas al caso, la ronda de declaraciones comenzará la semana que viene y están convocadas diferentes autoridades del Poder Ejecutivo para conocer su rol en el proceso que culminó con la intervención por parte del gobierno, y el posterior cierre de Casa de Galicia, por resolución judicial, en diciembre de 2021.
Entre los convocados están el exministro de Salud Pública Daniel Salinas, el expresidente de la Junta Nacional de Salud Luis González Machado, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Fernando Blanco y todos los integrantes del directorio del Banco República.
La convocatoria se hace a solicitud de la defensa de Iglesias, que lleva adelante el abogado y exfiscal de Corte Jorge Díaz, quien pretende, a partir de los testimonios, fortalecer la teoría del caso de la defensa, sustentado en que las decisiones del Ejecutivo causaron un perjuicio patrimonial importante a la comunidad gallega.
Los convocados serán consultados sobre las decisiones que tomaron en la liquidación de la mutualista, la distribución sin costo de los socios de Casa de Galicia al Círculo Católico, el Hospital Evangélico y Universal y las decisiones tomadas por República Afisa, que administraba el fideicomiso financiero de Casa de Galicia, sobre el patrimonio de la mutualista, que fue rematado a bajo precio. A partir de los testimonios de las autoridades ante el fiscal Rodríguez, la defensa evaluará si pide que sean convocados al juicio oral.
Iglesias fue imputado en marzo de este año por el juez especializado en Crimen Organizado de primer turno, Fernando Islas, quien encontró que existían elementos razonables para formalizar el proceso en su contra como responsable de un delito de insolvencia societaria fraudulenta y un delito de fraude concursal, determinando como medidas cautelares la fijación de domicilio y la retención de pasaporte.
La Justicia definirá la responsabilidad penal del expresidente de Casa de Galicia por la firma de dos órdenes de pago días antes del concurso de acreedores, que beneficiaban a una de las empresas que participarían en el concurso, algo que fue detectado por los síndicos del Poder Judicial que participaron en el concurso de acreedores y que no formaba parte de la denuncia iniciada por el Ministerio de Salud Pública, tras recibir el informe de los interventores.
El artículo 5 del Decreto-ley 14.095, que establece el delito de insolvencia societaria fraudulenta, prevé penas de entre 12 meses de prisión y diez años de penitenciaría para quien “procurase un provecho injusto, para sí o para otro, ocultara, disimulara o hiciese desaparecer, parcial o totalmente, el patrimonio de una empresa en perjuicio de un tercero”.
El delito de fraude concursal, previsto en el artículo 248 de la Ley de Concursos (18.387), prevé penas de entre un año de prisión y cinco años de penitenciaría para el deudor que en el marco de un llamado a concurso de acreedores “exagere u oculte su activo o su pasivo, reconozca o aparente privilegios inexistentes o constituidos ilícitamente, sustraiga o esconda los libros sociales, acuerde u otorgue a sus acreedores con cargo a la masa activa ventajas particulares”.
Iglesias rechaza un acuerdo abreviado por considerarse inocente en la causa, por lo que el proceso continuará con la acusación de la fiscalía y la convocatoria a la audiencia de control de acusación, donde se determinará qué evidencias ingresarán como pruebas al juicio.
La causa fue iniciada por el Ministerio de Salud Pública, el 2 de diciembre de 2021, tras el informe de los interventores estatales, que concluyeron que habían existido “múltiples y presuntas irregularidades que habrían cometido las anteriores autoridades de Casa de Galicia y otros particulares en detrimento del patrimonio de la institución”. Tras 27 meses de investigación preliminar, la mayoría de las denuncias fueron archivadas, quedando pendientes los dos asuntos por los que fue imputado.