Este miércoles un grupo de ciudadanos y representantes de organizaciones sociales, como eventuales víctimas de las actividades ilegales de inteligencia por parte del Estado luego de culminada la dictadura, pedirán al fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos de primer turno, Alejandro Machado, la reapertura de la causa que fue archivada el 20 de julio de 2022.
El fiscal que trató el caso, Enrique Rodríguez, determinó el archivo de la causa por prescripción de los delitos descritos en los archivos militares, pero concluyó que existió espionaje ilegal y “debilidad de los controles institucionales y democráticos”.
En diálogo con la diaria, el coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, Raúl Olivera, explicó que los hechos novedosos que sustentan el pedido de reapertura de la causa son la reserva del archivo Berrutti hasta julio 2017, por lo que consideran que se debieron suspender los plazos de prescripción, de diez años hasta esa fecha. Lo mismo ocurre con el llamado “archivo Castiglioni”, que fue recientemente desclasificado, por lo que, para los demandantes, los hechos relatados en esos archivos aún pueden ser sometidos a juicio.
En la resolución de archivo, el predecesor de Machado planteó que a partir del contenido de los archivos -que revelaron una trama de persecución y seguimiento en democracia a actores sindicales, políticos, funcionarios y estudiantes por parte de las agencias del Estado- se podría imputar los delitos de abuso de funciones, omisión de denuncia de delitos, pesquisa, violación de domicilio, interceptación telefónica, revelación de secreto telefónico, conocimiento de documentos secretos, públicos o privados, y revelación de secretos, todos con penas máximas inferiores a diez años.
Como el artículo 117 del Código Penal establece que los delitos que prevén penas de entre dos y diez años prescriben a los diez años, el fiscal tomó como referencia 2005, dado que los hechos descritos van desde 1985 a 2005, y determinó la prescripción en 2015, sin considerar ninguna suspensión de los plazos.
Los archivos fueron encontrados en el Ministerio de Defensa Nacionalen 2006, durante la gestión de la ministra de Defensa Azucena Berrutti. Diez años más tarde, en noviembre de 2016, el Parlamento creó una comisión investigadora para tratar el tema, que derivó en la denuncia penal presentada en noviembre de 2018.
En la causa que instruyó Rodríguez declararon 20 personas, principalmente, integrantes de las Fuerzas Armadas, y se incorporaron los 63 testimonios de jerarcas funcionarios militares y autoridades que comparecieron ante la comisión investigadora.