La jueza en lo penal de 36 turno Marcela Vargas rechazó la declaración anticipada de Paula Díaz en el caso Penadés, tras una audiencia en la que también se discutió la declaración de otra víctima del caso, que sí fue aceptada por la jueza, según informaron a la diaria fuentes allegadas al caso.
La realización de la audiencia, que fue informada por El Observador, se concretó a pedido de la defensa del profesor de Historia Sebastián Mauvezin, que llevan adelante las abogadas Rosana Gavazzo y Daiana Abracinskas. Si bien la declaración anticipada había sido rechazada por la jueza Vargas en mayo de este año, por considerar que no era necesario recurrir a ese mecanismo para contar con su testimonio en el juicio, las abogadas presentaron nuevos elementos que ameritaron que la decisión vuelva a ser considerada por la jueza.
Según supo la diaria, Díaz manifestó su disposición a declarar en esta causa, pero dijo tener “miedo” por posibles represalias, por lo que el mecanismo de declaración anticipada, era una forma de asegurar su testimonio en el juicio oral.
Díaz, que fue condenada junto a Romina Celeste Papasso por la denuncia falsa contra el candidato del Frente Amplio Yamandú Orsi, había dicho en el programa Santo y Seña que Papasso admitió en una conversación entre ellas haber inventado ser víctima de abuso sexual por parte del exsenador Penadés y advertía que otras víctimas del caso habían realizado la denuncia impulsadas por Papasso.
El primer rechazo de Vargas sobre la declaración anticipada pedida por las defensas de los imputados fue recurrida y confirmada por el tribunal de Apelaciones de 4° turno, con el voto discorde de la jueza Gabriela Merialdo. Este segundo rechazo de la prueba anticipada de Díaz volvió a ser apelado y será analizado por el tribunal en circunstancias distintas, dados los nuevos elementos y el hecho de que una nueva integración del tribunal podría cambiar las mayorías.
Además, la defensa de una parte de las víctimas, que lleva el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, planteó la necesidad de que declarara una víctima del caso, que denuncia hechos ocurridos en la década de 1990. Si bien la defensa del exsenador planteó que ese caso habría prescrito, dado que transcurrieron los 15 años que podrían computarse como máximo plazo para la persecución penal, la jueza Vargas no tomó en consideración el planteo señalando que ese debate sobre la prescripción del delito corresponde a otra etapa del proceso.