El periodista de Radio Kandela Sebastián Ríos presentó una denuncia penal contra el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, por presuntas maniobras en la venta de un campo de 14 hectáreas que pertenece al intendente.
El 31 de mayo la intendencia envió a la Junta Departamental la declaración de interés de un proyecto maderero de capitales brasileños que se instalará en la zona y pidió la recategorización del padrón, para que pase de rural a suburbano industrial. En la denuncia, a la que accedió la diaria, Ríos plantea que ese mismo día Ezquerra concretó la venta de su campo a la empresa Ballintoy SAS, que busca instalar una planta industrial de madera de pino, por 210.000 dólares, cuando el predio había sido comprado por el intendente en 2007, por 32.000 dólares, y había sido declarado en 2022 ante la Junta de Transparencia y Ética Pública por un valor de 45.150 dólares.
Los denunciantes plantean que pese a que fue postergado el tratamiento en la Junta Departamental de la declaración de interés, ante cuestionamientos de varios ediles por el involucramiento del intendente Ezquerra, el jefe del gobierno departamental ya concretó la operación obteniendo beneficio económico y aseguran que existen varios indicios de que el intendente sabía que los mismos interesados en comprarle el campo eran los inversores del proyecto maderero que él estaba promoviendo.
En cuanto a los delitos que podrían tipificarse, la denuncia plantea la posibilidad de que Ezquerra haya incurrido en un delito de conjunción del interés público y privado, previsto en el artículo 161 del Código Penal para el funcionario público que “con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesare con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero en cualquier acto o contrato en que deba intervenir por razón de su cargo, u omitiere denunciar o informar alguna circunstancia que lo vincule personalmente con el particular interesado en dicho acto o contrato”, y prevé penas de entre seis meses a tres años de penitenciaría.
En la denuncia, los accionantes rechazan el argumento dado por Ezquerra, que señaló que en la solicitud de declaración de interés del proyecto a la Junta Departamental estaba el boleto de compraventa de su predio, señalando que lo que adjuntó en la documentación a la Junta fue “un certificado notarial, donde en uno de los párrafos internos cuenta lo del boleto firmado por él y la empresa”, por lo que sostienen que “el dato estaba más difícil de encontrar de lo que se quiere hacer creer”.
Además, sostiene que quien adjuntó ese certificado notarial donde figura su nombre fue la empresa interesada en el proyecto industrial y no la intendencia, porque para justificar su interés en el cambio de calificación a suburbano rural debe referir a un padrón concreto de su interés, y subrayan que “cuando existe conflicto de intereses de un funcionario público” este debe ser informado de forma expresa y por escrito, “algo que claramente no ocurrió en este caso”.
Otro punto señalado en la denuncia es la eventual contravención del artículo 291 de la Constitución, que en su inciso segundo plantea que “los intendentes, los miembros de las Juntas Departamentales y de las Juntas Locales tampoco podrán durante su mandato [...] tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante el gobierno departamental”.
La denuncia fue presentada el 30 de agosto ante la Fiscalía General de la Nación, en Montevideo, y fue remitida al nuevo sistema de designación, para que el caso comience a ser investigado.