El sindicato de operadores penitenciarios presentó un hábeas corpus correctivo para mejorar las condiciones en la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar). En este recurso judicial, que también fue firmado por el exdirector de Punta de Rieles Luis Parodi, se solicitó que se condene al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) a tomar acciones para atender la falta de personal, el hacinamiento y las condiciones de mantenimiento del complejo carcelario.
Este viernes, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 31º Turno, a cargo de la jueza Adriana Chamsarian, pero en este caso a cargo del juez letrado suplente Ruben Etcheverry, hizo lugar al hábeas corpus y condenó al Ministerio del Interior a realizar un informe técnico en 45 días que establezca la cantidad de funcionarios que necesita el Comcar para funcionar adecuadamente. Debe discriminar entre los funcionarios qué cantidad de policías, operadores penitenciarios, técnicos y personal de mantenimiento se necesita por cada persona privada de libertad. En este sentido, se condena a la cartera a que en este informe adecue “el cuadro de funcionarios en un plazo razonable”, debiendo remitir informes parciales al juzgado, según consta en la sentencia a la que accedió la diaria.
También se intimó al Ministerio del Interior a que lleve adelante acciones que permitan bajar el hacinamiento de los módulos 3, 4, 8, 10, 7, 11 a “niveles tolerables en un plazo razonable, debiendo informar a la sede las medidas que se implementen al respecto”.
Además, se ordenó al Departamento de Arquitectura del INR que elabore un informe técnico en un plazo de 90 días en el que se diagnostiquen los principales problemas edilicios de cada módulo del Comcar, haciendo énfasis en qué sectores de cada módulo tienen dificultades para el acceso al agua corriente, saneamiento, problemas eléctricos o malas condiciones de habitabilidad. Se indica que se debe empezar por los módulos 3, 4, 8, 10 y 11.
El INR pidió que se desestime el hábeas corpus
En la denuncia se resaltó la falta de personal, el nivel de hacinamiento y la falta de mantenimiento de las instalaciones del complejo carcelario. En la sentencia se recuerda que actualmente hay 5.200 personas privadas de libertad en esta cárcel y que desde 2016 el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, plantea que las condiciones son muy malas.
El INR pidió que se desestime este recurso y respondió que “le llama la atención que los hechos denunciados se retrotraigan al 2016, y que se tome a los privados de libertad como estandarte para la realización de reivindicaciones laborales”. Según entienden, este reclamo no debió hacerse a través de un hábeas corpus, sino que “se debió canalizar por la vía jerárquica correspondiente”.
Desde el INR también indican que los denunciantes “debieron informarse en forma previa de las acciones que se han tomado para la creación de tres unidades carcelarias a través de una modalidad público privada, la que fue firmada el 28 de agosto de 2024” y que “actualmente se encuentra capacitando funcionarios penitenciarios en el Centro de Formación Penitenciaria (Cefopen)”. Además, resaltan que hay dos llamados abiertos para cubrir puestos, uno para policías y otro para operadores penitenciarios, y que “además se halla en trámite un proceso de selección de funcionarios policiales, por lo que entiende que no se encuentra en omisión, sino que la parte actora no se informó adecuadamente”.
Por otra parte, el INR “considera que resulta inadmisible e inexplicable que se exija bajar el hacinamiento en la unidad carcelaria sin interiorizarse de las políticas de trabajo y tratamiento que lleva adelante”. Para la institución, se “entiende que la situación denunciada no encuadra en la categoría de tratos crueles inhumanos o degradantes y que la vía escogida es una acción de amparo y por lo tanto excepcional para casos urgentes que no admiten esperar la vía ordinaria”.
En cuanto a las condiciones edilicias, alegó que “continuamente se están realizando reparaciones y también continuamente son vandalizadas por los reclusos”, a la vez que expresa que “muchas veces los kits de higiene y colchones que se les entrega a los privados de libertad son utilizados como moneda de cambio o para iniciar focos ígneos”. Además, señaló que “le llama la atención que todos los testigos deponentes declararon que los males que padece el Comcar se deben a la carencia de personal”.
La Fiscalía discrepó con el INR del Ministerio del Interior
“La Fiscalía no está de acuerdo con lo sostenido por el Ministerio del Interior en el sentido de que los promotores están realizando una reivindicación de carácter laboral por la vía del hábeas corpus, atento a que de las afirmaciones del comisionado parlamentario y sus colaboradoras que van semanalmente a la unidad son contestes en afirmar que la sobrepoblación que hay y la falta de personal hacen que la situación sea muy explosiva y conflictiva que llega a rayar el trato cruel y degradante o por lo menos se afecte la dignidad humana”, indicaron.
En cuanto a “los calabozos destinados a las sanciones de los privados de libertad, descompensados o quienes simplemente esperan un traslado, entiende la Fiscalía en base a las declaraciones de las funcionarias del comisionado parlamentario que son habitáculos muy pequeños, que algunos no tienen camas, colchones ni mesas, que cuando se les da de comer lo tienen que hacer en el piso, por lo que concluye que en estas situaciones sí hay tratos inhumanos, crueles y degradantes”. Resaltaron que la mayor parte de los suicidios en esta cárcel ocurrieron en estas celdas.
Máximo diez funcionarios para 850 presos
En la sentencia se remarca que el comisionado parlamentario da cuenta de que, sobre todo durante la noche, el personal que queda en funciones “es el mínimo”. Se enfatiza en que en la noche del incidente de hace casi diez días, que incluyó un incendio en el módulo 10, había sólo tres funcionarios.
“En el módulo había más de 850 personas recluidas, la situación es común, durante la noche el personal penitenciario merma, ya sea porque se encuentran con licencias médicas o comunes, cumpliendo funciones de custodia en hospitales, haciendo traslados, etcétera”, explicaron. “Durante el día hay unos diez funcionarios, aclarando que también le parecen insuficientes”, destacaron.
Privados de libertad no salen a actividades por falta de personal, tampoco acceden a consultas médicas
Los testigos señalaron que hay una falta de cumplimiento de las actividades de las personas privadas de libertad debido a la falta de personal. Dicen que, según les informó el Ministerio del Interior, “muchas veces nos dicen que muchas cosas no se pueden hacer por las carencias que tienen de personal”.
Además, narraron que es algo que “lo hemos visto, no hay gente, a veces no los llevan al hospital porque no hay policías para llevarlos, no los casos de urgencia”. “No acceden a consultas médicas por falta de personal y la respuesta es que no hay guardia para llevarlos”, expresaron.
Manifestaron que los privados de libertad “nos han dicho que no van al patio porque no tienen personal”, así como tampoco acceden a actividades recreativas y educativas. Por lo tanto, afirman que “la carencia de personal en la Unidad 4 que se alegó por los promotores de la acción ha quedado demostrada en estas actuaciones”.
Muy malas condiciones
El comisionado parlamentario expresó que “en términos generales la situación edilicia es entre mala y muy mala, con situaciones de enorme fragilidad y riesgo en las instalaciones básicas en algunos lugares”. A su vez, indicó que “las condiciones de higiene son muy malas en general, y que alrededor de cuatro mil privados de libertad se encuentran recluidos en recintos con problemas de mantenimiento, higiene, saneamiento, en las aberturas, en los baños con distintas variedades, en general, afirma que las condiciones edilicias son muy malas”.
Según la sentencia, “una sobrepoblación carcelaria no puede ser atendida por un personal de carácter mínimo, así como las condiciones de habitabilidad de los módulos y calabozos cuyo mantenimiento no llega a ser el adecuado, terminan incidiendo uno sobre el otro llevando a que la situación pueda salirse de control en algún momento, lo referido también propicia agresiones entre la población carcelaria, y a su vez engendra la posibilidad de motines que pueden llevar las cosas a otro nivel, situación que todos los operadores queremos y debemos evitar”.
Por algo hay que empezar
“En cuanto al hecho de que la situación se haya planteado ahora y no antes por los promotores, corresponde establecer que la situación carcelaria actual de la Unidad IV del INR se ha ido gestando desde años atrás (concretamente año 2016 según los promotores) y que su solución no va a surgir de un día para otro, sino que va a llevar tiempo y dinero, esto es un hecho que no se puede ignorar, pero las cosas tienen que surgir en algún momento, y se dieron ahora, en tanto los jueces somos los responsables por velar por el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías fundamentales de todas las personas, y más aún de aquellas que se encuentran privadas de libertad, es decir, sometidas a la custodia del Estado, es que se entiende también justificado el presente accionamiento”, dicta la sentencia que hizo lugar parcial a los reclamos de los denunciantes.